El fiscal Francisco Cabrera confirmó que el proceso licitatorio, de abril de 2020, para compra de bienes para Petropar estuvo plagado de irregularidades, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 360 millones para el Estado, en plena pandemia del COVID-19. Dijo que la expectativa de pena es de seis meses de cárcel por lesión de confianza y la responsabilidad total recae en la extitular del ente, Patricia Samudio.

“El hecho atribuido es lesión de confianza que tiene una expectativa de seis meses hasta cinco años o pena de multa. Evidentemente, para la Fiscalía existe un reproche importante y que será expuesto al momento de un juicio oral para que conforme a eso se establezca la pena justa”, comentó Cabrera en contacto telefónico con la 650 AM.

Aclaró que la acusación incluye a todos los funcionarios involucrados en el proceso licitatorio para las compras sobrefacturadas de bienes para Petropar. Dijo que cada persona tiene una conducta realizada, por lo que, en mayor o menor medida, cada uno participó del hecho y de esta manera favoreció el ilícito. “Como tenían distinta participación en cada etapa, algunos tienen mayor o menor reproche, pero el reproche final el que determina el perjuicio total para la Fiscalía recae en la titular del ente”, acotó.

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El funcionario del Ministerio Público explicó que básicamente el esquema consistió en adquisición de agua tónica y mamelucos, alegando urgencia. Sin embargo, solo una parte de los insumos fueron proveídos y a través de otra proveedora, y no por la firma adjudicada. “El caso ya es bastante conocido y el día de ayer llegamos a la conclusión de la etapa preparatoria y presentamos acusación”, ratificó.

Expresó que, aparte de otros funcionarios de Petropar, estuvo involucrado el marido de Patricia Samudio, José Costa Perdomo, que no es funcionario, pero que también participó del esquema de corrupción.

“En plena pandemia se llamó a una licitación y bajo la figura de la adquisición por emergencia sanitaria, por compras de urgencias. Y se intentó justificar esa emergencia sanitaria con fundamentos que no correspondían. O sea todo el proceso licitatorio para la Fiscalía estuvo plagado de irregularidades”, enfatizó.

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Mencionó que producto de la investigación el Ministerio Público pudo determinar que los bienes supuestamente adquiridos ni siquiera ingresaron al patrimonio de la institución, excepto un lote de las aguas tónicas y unos mamelucos, que sí se proveyó.

“De eso se pudo evidenciar todo el cuadro de compras supuestas que se habían realizado con la emisión de facturas para justificar o para dar un respaldo a las supuestas compras que nunca ocurrieron”, concluyó.