El senador colorado Antonio Barrios sostuvo que es “un refrito” tratando de tapar las barbaridades que cometió el gobierno anterior, con el expresidente Mario Abdo Benítez, en connivencia con muchos actores, incluso actores diplomáticos. El parlamentario brindó estas declaraciones respecto a la ratificación del gobierno de Estados Unidos con la sanción a la empresa paraguaya Tabacalera del Este (Tabesa).

En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, señaló que estos mismos actores que están detrás de estas sanciones, son los que buscaron echar al Partido Colorado del Gobierno, pensando que la alternancia era la gran alternativa; y que el Partido Colorado, así como el pueblo paraguayo dio una fuerte respuesta con la victoria más grande de las últimas elecciones en el Paraguay.

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“Con Santiago Peña, presidente; Pedro Alliana vicepresidente; Horacio Cartes en la Junta de Gobierno; y el Partido Colorado con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional. Esa es la respuesta política. Ellos siguen insistiendo; yo creo que acá hay un sesgo y un resto de pichadura muy grande. Además de tratar de cubrir a su gran cómplice Mario Abdo Benítez, de todas las fechorías que hoy está a disposición de la Justicia y la Fiscalía que esperan sean tenidas en cuenta e inicie la investigación”, comentó.

El legislador se refirió al informe de la Contraloría General de la República respecto al llamativo enriquecimiento de las empresas de Mario Abdo durante el periodo de la pandemia, que fue una época muy crítica para el Paraguay y para todo el mundo, ya que su empresa fue la única que ganó dinero, mientras que más de 900 mil empresas han cerrado en época de pandemia.

“Esto es un refrito más, para tapar todas las fechorías del gobierno anterior; o ya se olvidaron que en el gobierno anterior se iba la cocaína que salía de Paraguay a Europa, y probablemente parte de la cocaína que entraba a los Estados Unidos; pero con toda la libertad, porque no había ningún tipo de control. Se levantaron todos los controles, durante el narco gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta sigue siendo una persecución política contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, enfatizó.

El parlamentario coincidió igualmente respecto al momento y las circunstancias actuales en que se da este nuevo anuncio por parte de la embajada norteamericana. Esto teniendo en cuenta que en los últimos días todos los medios locales se hicieron eco del informe de la Contraloría General, que confirma que el expresidente Abdo Benítez tenía empresas de asfalto que venía bajo presión de Obras Públicas a las empresas constructoras y que fue confirmado por empresarios del sector.

Cabe resaltar que actualmente existe una investigación en curso, ya que han saltado cuestiones graves, como por ejemplo los USD 45 millones de utilidades no declaradas en la declaración jurada de bienes del expresidente Abdo. Sumado al aspecto de la competencia comercial por parte de Tabesa y la empresa tabacalera multinacional Phillip Morris, que estuvo instalando mentiras contra la empresa paraguaya.

“Esta guerra de Tabesa con la Phillip Morris data de varias décadas y siempre han estado en ese conflicto. Pero hay que entender que la industria tabacalera en los Estados Unidos también es una industria muy importante. Una industria que financia campañas políticas, que tiene sus propios parlamentarios y que varios de esos parlamentarios formaban o forman parte del Departamento de Estado. Hay intereses creados en todos lados para tratar de destruir a una empresa paraguaya que siempre trabajó y trabajó en la legalidad”, enfatizó.

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El gerente general de impuestos internos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), Ever Otazú, explicó el rol de la institución en torno al caso que envuelve al expresidente Mario Abdo Benítez por presunto crecimiento exponencial de su patrimonio.

“Tuvimos una participación conforme a lo que nos permiten y obligan las leyes de transparencia. Nos solicitan los informes la Contraloría, damos esto como insumo y la Contraloría consideró que había elementos para presentar el caso a la Fiscalía”, indicó en “Fuego Cruzado” por GEN/Nación Media.

Abdo Benítez había monopolizado las licitaciones de compra de asfalto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus empresas Aldia S. A. y Createc S. A., en donde es el accionista mayoritario. Así, presentó un crecimiento nunca antes obtenido previo a su presidencia.

En cuanto a la DNIT, como su interés se centra únicamente en la contingencia tributaria, para lo cual si se llega a considerar que existe algo a ser analizado, se concluye a la realización de algún control interno, fiscalización o acciones similares.

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Otazú remarcó que, atendiendo las diferentes áreas de atención de la DNIT y los impuestos existentes, el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez podría llegar a tomarse como algo normal, dentro del impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, todo dependerá de análisis exhaustivos.

“Lo que podríamos ver, en un tiempo no inmediato, es cuáles son los tipos de obligaciones que podrían haberse disparado”, mencionó, pero si el crecimiento se da en meses alternados, por ejemplo, constituye algo que se debe estudiar para posteriormente realizar algún tipo de requerimiento.

Otazú remarcó que el estadio de las funciones actuales es que, conforme a los procedimientos, se comunique a la Fiscalía y esta volver a realizar una comunicación a la DNIT, luego de considerar algún tipo de contingencia. Allí, de manera formal, la institución contará con un insumo para analizar el caso.

“Si creemos que hay alguna contingencia tributaria a ser analizada, veremos si amerita algún tipo de control que sería interno o una fiscalización. Este sería el camino y el proceso, hablando en generalidades”, indicó el representante de la DNIT.

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La fiscal adjunta Sole­dad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato por haber entregado irregu­larmente 310 mil hectáreas de tierras a empresas extran­jeras que serían off shore violando la ley de seguridad fronteriza.

La representante del Minis­terio Público fue contun­dente al señalar que la exjueza obligó de forma irre­gular a la Asociación del Espí­ritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte deman­dada a otorgar la escritura pública traslativa de domi­nio de los inmuebles ubica­dos en el departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, apro­ximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

Machuca también señala que “como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún al refe­rirse al cumplimiento de lo previsto en la ley espe­cial n. ° 2532/05 (que esta­blece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del Artículo 2.° de la ley, en lo que res­pecta a la nacionalidad de las personas actoras; afir­mando que las mismas no serían oriundas de los paí­ses limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusa­ción del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o men­ción a las circunstancias establecidas en el Artículo 4.° de la misma ley que esta­blece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropie­tarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominati­vas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constan­cias, informaciones o verifi­caciones de dichas circuns­tancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sen­tencia definitiva, en incum­pliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deci­dió destituir de sus funcio­nes a la jueza Irún tras encon­trarse irregularidades en la actuación de la misma. Igual­mente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resol­vió rechazar la reconside­ración presentada por Irún y ratificó la destitución por mal desempeño de sus funcio­nes de la exjueza en lo Civil y Comercial.

Este viernes prosiguió el juicio oral y público en contra de Laura Villalba, considerada la enfermera del autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán. En esta jornada, la audiencia siguió con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.

Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del grupo criminal que opera en el norte del país, soporta el proceso penal por hechos de terrorismo, asociación terrorista, producción de riesgos comunes, detentación y otros.

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Los agentes fiscales del caso son Federico Defino y Lorenzo Lezcano, quienes se encuentran exponiendo los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público contra la acusada. Desde el inicio de este proceso, los fiscales aseguraron que cuentan con suficientes elementos probatorios para lograr una condena en este juicio. La mujer había sido detenida cuando iba para acoplarse al grupo criminal EPP en la zona norte.

De acuerdo al avance de este juicio oral y público, se prevé que dentro de unos 10 a 15 días ya se podría tener la sentencia de primera instancia, esto en el caso que ya no sean presentados inconvenientes para seguir con el proceso judicial.

El inicio del juicio ya se había suspendido, ya que la defensa de Villalba había formulado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que preside María Luz Martínez. Se destrabó ese proceso penal y el día 31 de mayo se convocó nuevamente a este juicio oral y público, donde ya formalmente se dio el inicio al juzgamiento.

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