El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso al llamativo pedido del fiscal Diego Arzamendia, quien solicitó desestimar la grave denuncia que pesaba sobre la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, quien está siendo investigada a raíz del informe de Auditoría del Poder Ejecutivo, que encontró varias irregularidades en la gestión de la actual titular de Trabajo.
Ahora será la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien deberá decidir si corresponde rectificar y seguir con la presente investigación fiscal o ratificarse en el blanqueamiento a la secretaria de Estado, que en su momento fue muy criticada por varios sectores.
El fiscal de Delitos Económicos Diego Arzamendia, sin hacer mucho esfuerzo, solicitó campantemente la desestimación de la denuncia que la Auditoría General del Poder Ejecutivo realizó contra la supuesta administración irregular de la ministra Bacigalupo.
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La Fiscalía, una vez más a favor de los hechos de corrupción, concluyó que en esta causa no existen hechos penalmente relevantes, es decir hizo la vista gorda al informe contundente del propio Poder Ejecutivo, por lo que solicitó el archivo de la presente denuncia.
Entre las irregularidades detectadas por la auditoría se encuentra la compra por G. 410 millones de una maquinaria que estaba en un predio privado sin uso. Asimismo, se detectaron diferencias entre el balance e inventario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También otro hecho irregular sería la falta de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto de G. 1.216.974.144, entre otros que podrían configurarse en un hecho punible.
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Jefa de ONG acusa al príncipe Enrique por “intimidación y acoso”
El príncipe Enrique fue acusado este domingo de “intimidación y acoso” por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.
El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real. El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba “devastado” la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.
Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales. En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.
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“Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, afirmó. También aseguró que “tenía pruebas de ello”. El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.
Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos “esperaban” lo que describieron como una “maniobra publicitaria” urdida por Chandauka.
¿Cultura del silencio?
Chandauka denunció el domingo una cultura del “silencio” en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos. También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.
Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.
Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario. Tras el episodio, Enrique “me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa”, dijo Chandauka. El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.
“Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello”, afirmó. Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era “casi dictatorial”.
Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida. Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.
Fuente: AFP
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Investigan supuesto abuso sexual de niña autista de 12 años
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Una mujer presentó denuncia ayer miércoles, ante la Comisaría 23 del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, sobre un supuesto hecho de abuso sexual de su hija de 12 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El denunciado como presunto autor es el padre. La fiscal Julia González investiga el caso.
De acuerdo a lo explicado por la madre al personal policial, en una conversación con su hija, ella contó que el 21 de marzo pasado, fue abusada sexualmente por su padre, en la casa del mismo. Los padres de la niña son separados y el papá vive en el mismo barrio, pero en un sitio de alquiler.
Tras intervenir el Ministerio Público, una sicóloga tomó el relato de la niña donde ella ratificó que fue sometida a abuso por su padre, según explicó a La Nación/Nación Media la fiscal Julia González. La misma dispuso la inspección ginecológica por parte de la médica forense y el resultado no coincide con el relato realizado por la supuesta víctima, es lo que manifestó la agente fiscal.
La representante del Ministerio Público informó que está solicitando a Salud Mental un diagnóstico, también una evaluación sicológica a cargo de profesionales de la Fiscalía y también todavía le falta escuchar al padre, quien es el denunciado.
Contó además que, según la denunciante, el padre suele ir a buscarla a su hija al colegio para llevarla a la casa de su madre y pocas veces ha estado con él en su casa. La fiscala sostuvo que el reporte recibido le indica que la niña tiene TEA en grado dos y necesita aún muchas evaluaciones para llegar a una conclusión sobre el caso.
La Nación/Nación Media no divulga la identidad del denunciado por protección a la niña, debido a que una publicación del supuesto responsable también permitiría identificar a la víctima.
El artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe la divulgación de nombres, fotografías o datos de niños y adolescentes, tanto para víctimas o presuntos autores de hechos punibles. Las personas que infrinjan esta prohibición serán sancionadas de acuerdo con la ley penal.
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Muerte de Lalo: juez se opone a desestimar denuncia y fiscal general tendrá la última palabra
El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.
Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.
En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.
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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.
De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.
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Mafia de los pagarés: comunican desafuero de jueces de paz y admiten imputación
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pedido de desafuero de los jueces de paz, Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Asimismo, el referido magistrado admitió la imputación contra los actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas, y a su vez citó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas a realizarse a partir de la segunda quincena del mes de abril.
De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 de mañana tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 de la mañana comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.
El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.
El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.
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