Un Tribunal de Apelación confirmó la condena de 2 años y 6 meses de cárcel para el suboficial Fernando Agüero Benítez, quien fue encontrado culpable por el delito de lesión corporal en el ejercicio de la función pública tras agredir a dos mujeres durante la manifestación del 31 de marzo del 2017.
De acuerdo a la investigación fiscal, quedó demostrado que el uniformado incurrió en el hecho juzgado agrediendo a dos hermanas el 31 de marzo del 2017 al tiempo que se desarrollaban manifestaciones ciudadanas en el centro de Asunción.
El Tribunal de Sentencia valoró las pruebas ofrecidas en juicio oral y mencionó que el Ministerio Público ofreció los elementos de prueba para que se pueda aplicar una sentencia condenatoria, por lo que la pena justa en su momento fue de 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad.
En dicha ocasión, el agente policial atacó con golpes de puño, patadas y cachiporra, provocando severas lesiones a las víctimas e inclusive disparando balines de goma contra una de las mujeres. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser así, serán los ministros de la referida sala quienes definirán si anulan la sentencia condenatoria o confirman la misma.
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Ybycuí: niegan aprobación de comisión vecinal y 40 familias no podrían acceder a viviendas
Un total de 40 familias del asentamiento Hábitat Che Pueblo Porâ de la ciudad de Ybycuí, se manifestó frente a la municipalidad local para solicitar la aprobación de su comisión vecinal. Este es un requisito para acceder a viviendas del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh).
Según Cándido Giménez, vecino afectado, ellos pidieron la aprobación para la continuidad de su comisión vecinal y de esa manera avanzar con los trámites para acceder a la viviendas que son construidas por el ministerio. Uno de los requisitos es la constitución de la comisión vecinal aprobada por la comuna.
Lamentablemente el ejercicio de la comisión venció en marzo pasado, pero desconocían de ese requisito y en abril realizaron el pedido de reconocimiento, sin embargo hasta la fecha aún no fue aprobada por la municipalidad. “Pedimos que apruebe el reconocimiento de la comisión, porque nos piden actualización desde el Muvh”, dijo en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Piden acceder a viviendas
Explicó que la intendenta María Cristina Servín pidió el llamado a asamblea para el reconocimiento de la comisión y aseguró que ellos tienen la aprobación de los vecinos a fin de reelegir a sus miembros. “Se trata de un proyecto que se inició en el 2019 y este año debe concluir con la construcción de las viviendas”, apuntó.
Afirmó que anteriormente la comisión era elegida cada dos años y que desconocían que esto se debía hacer cada año, pero que no quieren perder esta posibilidad de acceder a las viviendas donde serán beneficiadas 40 familias. “Ahora que tenemos todo para que salga el proyecto de viviendas dignas para gente pobre tenemos este inconveniente”, explicó.
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Desprotegidos y abandonados
Giménez aseguró que si se llama a una asamblea se perderán al menos 40 días de tiempo y que durante ese período varias documentaciones vencerán, a esto se suman que los papeles tienen su costo y que son familias de escasos recursos. “Tenemos la posibilidad de acceder a estas viviendas y nos ponen trabas, es lo que lamentamos”, detalló en LN.
Señaló que actualmente se sienten desprotegidos y abandonados por las autoridades locales. “Somos gente pobre, no tenemos para defendernos y esperamos esta gran ayuda del Gobierno Nacional junto con el ministerio, que ya no dieron su aprobación, pero necesitamos la ayuda de la Municipalidad de Ybycuí”, sentenció.
Los vecinos esperan que la intendenta se solidarice con ellos y que apruebe ese último paso para que puedan acceder a una vivienda digna. “El ministro Juan Carlos Baruja apoya el proyecto y el Gobierno Nacional también, pero la municipalidad no y es algo contradictorio, porque será un beneficio para la comunidad”, concluyó.
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Bolivia: comerciantes realizan bloqueos por escasez de dólares
Con camiones y barricadas, transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon ayer lunes varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar una escasez de dólares, una falta de divisas que el gobierno niega. “Hoy iniciamos nuestras movilizaciones. Por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinida con cierre de fronteras”, advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro.
Los bloqueos se registraron en nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del Gobierno. Los manifestantes estacionaron sus camiones en ambas direcciones de las vías, y en Oruro levantaron barricadas con tierra y piedras.
Mientras en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, los transportistas cortaron la principal vía que conecta este departamento con el resto del país, donde no se han enfrentamientos, según informó la policía. “No hay dólares, nuestro presidente (Luis Arce) dice que hay dólares y nunca vemos dólares, ni en los bancos, no hay dólar para comprar”, dijo a la AFP Teodoro Gonzáles, de 50 años y vendedor de repuestos de vehículos.
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Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída de la producción. Incluso el Gobierno de Arce echó mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.
Sanciones a los bancos
El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó este lunes la escasez de divisas que denuncian los gremios. “Hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares”, afirmó Montenegro.
De acuerdo con la cartera, la banca tiene “258 millones de dólares disponibles”. Además de la protesta de los transportistas , comerciantes marcharon en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí. Según esos sectores, la falta de divisas está afectando las importaciones y encareciendo productos como los repuestos de vehículos.
“Nuestro sector está alarmado y va hacerse respetar. No hay dólares”, señaló el dirigente de los comerciantes, César Gonzales. Desde 2011 la divisa estadounidense se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente a nueve bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.
No hay plata
A finales de abril, Arce reconoció la caída de los ingresos: “Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado (y) estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más”. “El sector que generaba divisas, que es hidrocarburos, el gas natural, ha reducido significativamente sus exportaciones”, señaló el economista y profesor en la privada Universidad Privada Boliviana (UPB), Gonzalo Chávez.
Bolivia llegó a un techo de ventas de gas por 6.113 millones de dólares en 2013, para bajar a unos 2.792 millones en 2022, según datos oficiales. Cerca del 80 % de la producción se vende a Argentina y Brasil, según la estatal petrolera YPFB, que anticipó un mayor descenso, pues Buenos Aires comunicó que desde agosto próximo dejará de comprarle a Bolivia.
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Fuente: AFP
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Justicia colombiana condena a Correa, considerado “cerebro” del crimen de Pecci
Informaciones que llegan desde Colombia confirman que en la tarde de este lunes, un juez de ese país aceptó el preacuerdo al que llegó la Fiscalía General con Francisco Luis Correa Galeano, conocido como el cerebro en el plan para asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, durante su estadía en la isla Barú, de Cartagena de las Indias, la ciudad caribeña donde ocurrió el crimen hace dos años. Recibió una pena de 78 meses, es decir 6 años y 6 meses.
De acuerdo a la publicación que realiza el portal web El Tiempo, de Colombia, señala que tras aceptar el acuerdo, emitió una condena contra el procesado por los delitos de portación ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionarios. Durante la audiencia ante el Juzgado 4 Penal de Conocimiento de Cartagena, Correa Galeano expresó su voluntad de arrepentimiento y reparación a las víctimas, colaborando con la Fiscalía.
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Asimismo, detallan que tras la intervención del fiscal Mario Burgos y de otros presentes en la audiencia virtual como el representante de la Procuraduría, el juez determinó que “en mérito de lo expuesto, el Juzgado 4 Penal de Conocimiento de Cartagena resuelve condenar a Francisco Luis Correa Galeano como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses”, publica el citado medio colombiano.
De acuerdo a la investigación fiscal y el reconocimiento por parte del condenado que guarda reclusión en la Cárcel de La Picota desde el año pasado, detallan que el 5 de mayo de 2022 el llamado cerebro del crimen se reunió con otras personas involucradas en este caso, ya condenados igualmente.
“El punto de encuentro fue la Plaza Minorista de Medellín, Antioquia, y el plan fue cuadrar todo el accionar criminal que contó con la entrega de un arma y celulares por parte de Correa Galeano al resto del grupo, el cual ejecutó varias acciones en Cartagena, donde se cometió el homicidio.
Es de recordar que por este caso, varias personas ya fueron condenadas en la justicia colombiana, entre ellas Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Además, aceptaron su responsabilidad en el crimen de Marcelo Pecci, y bajo ese escenario los sentenciaron a: Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño.
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Policías y familiares toman una sede en Posadas para reivindicar mejoras salariales
Policías, expolicías y familiares han tomado este viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial, aunque los propios manifestantes han reiterado que no han irrumpido en las instalaciones.
Manifestantes se concentraron frente a la sede a las 16.30 horas e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede, informa la emisora Cadena 3. Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta.
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A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia, que se sumaron al campamento.
Un portavoz de las fuerzas policiales locales, Germán Palavecino, ha rechazado que se trate de un “acuartelamiento” y ha explicado que la protesta es una “medida para visibilizar la urgencia del sector”.
Ramón Amarilla, policía retirado y uno de los portavoces de la protesta, ha apuntado que la situación sigue “muy tensa”. “El reclamo es que el Gobierno nos atienda porque unilateralmente ha eliminado la mesa de diálogo que contaba con los delegados de cada unidad regional de toda la provincia”, ha explicado a Cadena 3.
Allí los incrementos salariales propuestos “son ínfimos” y “no mueven ni la aguja”. “Nosotros hoy, comparado con la Policía Federal, no llegamos ni a la mitad. Es una vergüenza”, ha reprochado.
“Los incrementos que estamos recibiendo trimestralmente, bimestralmente, son ínfimos. Y verdaderamente nosotros, en los últimos cinco meses, hemos tenido una pérdida de más del 50 por ciento en nuestra capacidad de compra, en nuestra capacidad de nuestro salario”, ha añadido.
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Amarilla ha subrayado que han sido los policías retirados y los familiares los que levantaron un campamento frente a la Jefatura a principios de esta semana y que participaron los policías activos.
Así, ha acusado a la Jefatura de tomar represalias al trasladar “a un montón de personal policial a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, 360 kilómetros de la capital o de su destino actual para tratar de perjudicar a ese personal”.
La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto.
Mientras, sectores como el de salud y educativo se han sumado a las reivindicaciones salariales de los policías.
Fuente: Europa Press