El pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso el traslado a la circunscripción judicial de Pilar de la jueza penal Hilda Benítez, quien días atrás benefició de forma sorpresiva con el arresto domiciliario a Julio Duarte Servián, imputado por lavado de dinero y asociación criminal relacionado a una investigación por tráfico internacional de drogas.
Los altos magistrados rechazaron una reconsideración que presentó la magistrada, quien ya meses atrás debía estar prestando servicio en el juzgado de Pilar. Existen sospechas sobre la actuación de la referida magistrada en el presente proceso y es por ello que también se ordenó que se realice una auditoría para determinar si Benítez actuó correctamente o fue irregular.
El traslado de la jueza Benítez tuvo mucha discusión entre los ministros de la Corte debido a que algunos querían que siga en el juzgado penal de garantías de la capital y otros querían que sea derivada a Pilar. En reemplazo de la magistrada Hilda Benítez estará el juez Mirko Valinotti, quien tendrá sus juzgados a su disposición.
Tribunal de Apelación
El Tribunal de Apelación revocó la resolución de la jueza Benítez y ratificó la prisión preventiva de Julio Duarte Servián, imputado por delitos relacionados al tráfico internacional de drogas. Con esta determinación judicial el imputado no podrá abandonar la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde guarda reclusión.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Traslado de condenados a nueva cárcel de Minga Guazú se iniciaría en 15 días
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Con el recorrido realizado dentro del Penal Regional de Ciudad del Este por el ministro de Justicia se completó la visita a los centros penitenciarios de Alto Paraná, entre ellos el futuro recinto penal de Minga Guazú, anunciada como la nueva penitenciaría de alta seguridad a ser habilitada en breve. En 15 días más se iniciaría el traslado gradual de las personas privadas de libertad a la nueva sede penal, según lo dijo hoy el titular ministerial.
El anuncio lo hizo desde el Penal Regional de Ciudad del Este, donde el ministro de Justicia recorrió la instalación, habló con privados de su libertad y habilitó la sala de abogados en un contenedor adecuado para ese fin, donado por los profesionales del foro, además de una reunión con abogados de diferentes gremios.
“Hemos estado ayer en la nueva cárcel de Minga Guazú, está terminada en un 99,9 %, ya están los nuevos funcionarios con un nuevo concepto de preparación de patriotismo y honestidad que tanto necesitamos en nuestros centros penitenciarios y, si Dios quiere, en la segunda semana de mayo empezaremos el traslado”, refirió el ministro de Justicia.
Destacó que “por primera vez en la historia del Paraguay, se cumplirá lo establecido en el Código Penal de todo el mundo, separar a los condenados de los imputados. Vamos a cumplir ese mandato nacional e internacional que era una gran deuda que teníamos como Estado paraguayo”. Agregó que el funcionamiento ya empezará en diez días y el traslado de las personas privadas de libertad en 15 o 20 días a más tardar.
El secretario de Estado ratificó que son los condenados los que serán trasladados al penal de Minga Guazú y empezará por aquellos que ya tienen cumplida la condena en 50 % entre los privados de libertad que estén en el Penal Regional de Ciudad del Este. En una primera etapa, solo los condenados de la cárcel de Ciudad del Este serán los llevados a la nueva penitenciaría, no así de otros recintos del país.
Respecto al reclamo ciudadano para el cierre de la actual cárcel de Ciudad del Este, el ministro dijo que “el pedido es atendible, es lo que quisiéramos hacer, pero una cosa es lo ideal y otra lo posible, atendiendo al problema presupuestario”. Sobre el punto se reunió también con una comisión vecinal del barrio Boquerón, que viene pidiendo el cierre del recinto penal que funciona en el citado barrio céntrico de Ciudad del Este.
Explicó que para disminuir la población penitenciaria se está trabajando con el Ministerio Público y el Poder Judicial, para implementar mecanismos que puedan agilizar los procesos y se finiquiten más rápidamente los casos, siendo las audiencias telemáticas una de las propuestas, según el ministro.
Advertencia al crimen organizado
“Hay un pabellón de máxima seguridad que no puedo decir lo que voy, porque es información sensible, pero vamos vencer al crimen organizado; con lo que hicieron en Pedro Juan Caballero pretenden hacernos temer y que ellos siguen teniendo el control, el Estado paraguayo tiene el control y ellos tendrán que respetar la ley, les advertimos por última vez, respeten el protocolo de procedimientos en las cárceles, se terminó el carnaval”, sostuvo el ministro.
Previamente, la comitiva ministerial estuvo con el gobernador César Landy Torres y luego con el director de Policía, comisario Feliciano Martínez. La agenda continúa esta tarde con otras reuniones y visitas.
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