El diario Abc, inmerso en una campaña de desinformación y tergiversación en contra del actual gobierno, ha publicado que el documento presentado días pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es totalmente desfavorable para la libertad de prensa y expresión en el Paraguay. La publicación, con intención de desinformar, contradice el informe de la SIP al pintar una realidad diferente de nuestro país.

El medio de comunicación, perteneciente a un grupo económico señalado por el presidente Santiago Peña en el caso de irregularidades del fideicomiso del IPS, precisamente en la misma semana del informe de la SIP, ha intentado forzar la presencia de Paraguay en una categoría inferior a la que el propio organismo de prensa continental lo ha colocado.

La desinformación, cuando responde a una estrategia y unos objetivos de desestabilización, pone en riesgo, no solo a los valores sino a las propias instituciones democráticas.

Le puede interesar: IPS: insisten en implicancia del grupo Zuccolillo en el rifamiento de G. 828.000 millones

La “actuación del Estado contra la desinformación” es una de las cuatro variables que compone el Índice de Chapultepec, de libertad de expresión y prensa, y es precisamente esa variable la que otorga uno de los valores más bajos que tiene Paraguay en dicho informe.

De todas maneras, la sumatoria total de los valores que componen el informe de la SIP, posicionan a nuestro país entre los llamados “en restricción”, el tercero en la escala de 5, junto a países como Argentina, Panamá o México y no como menciona el diario del grupo Zuccolillo, “en alta restricción”, el peldaño antes de caer en el grupo de países de corte totalitario como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

El periodismo en Paraguay, siempre según ell informe de la SIP, se mantiene en la línea media o por encima de ella, en una “ciudadanía libre y con libertad de informarse”, en el “flujo de la información” y en “libertad de expresión”, las otras tres variables que componen la medición del Índice de Chapultepec.

Los cuestionamientos de la SIP hacia nuestro país, se reducen a la aplicación de leyes que se consideran restrictivas pero no hace mención a acciones desde el Poder Ejecutivo como si suceden en casos del grupo ALTA RESTRICCIÓN, en el que Abc insiste en colocar a nuestro país.

Lea también: Caso fideicomiso de IPS: colorados respaldan a Peña

Sin dudas que en materia de legislación, existen muchas cuestiones pendientes de ajustar y es por eso justamente que en las redes sociales, cuestionaron la postura del medio de los Zuccolillo, al publicar lo que se puede considerar “fake news”, como se ya se acostumbra a llamar a las noticias falsas propaladas en medios de comunicación y en redes sociales.

Uno de ellos, el periodista y catedrático José “Pepe” Costa, pidió al medio en cuestión que brinde alguna explicación por la publicación, que considera con intención de desinformar o bien que el redactor “parece haberse equivocado”, según publicó en su cuenta de X.

“Pero Abc parece haberse equivocado. O quien redactó no leyó bien el informe, o hay intención de desinformar. El título dice algo q no reflejan el informe ni el cuadro. Supongo que habrá alguna aclaración ¿O no?”, publicó Costa.

El informe consta de cinco categorías y en la primera, la más alta, se encuentra en solitario Chile, y en la categoría BAJA RESTRICCIÓN, aparecen países como EE. UU., Brasil y Uruguay.

Le puede interesar: Lea también: ueno bank promovió denuncia contra codeudores del Frente Guasu que niegan pagarés

Este jueves, una mujer denunció que fue cruelmente agredida por su vecina porque esta le requirió dinero. La supuesta agresora sería la administradora de un grupo denominado “Kuña Aty”, quien al parecer se molestó porque su vecina le pidió retirar su aporte. La víctima afirmó que se trató de una emboscada, porque anterior a eso la convocaron para entregarle el dinero. Sucedió en Encarnación.

La mujer agredida, identificada como Belén Cardozo, explicó que Águeda García era la tesorera de un grupo de mujeres que juntaba su dinero de forma semanal o mensual y lo guardaba en un banco, siendo una forma de ahorrar. Sin embargo, algunas de las integrantes decidieron salir del grupo y pidieron que lo guardado les sea devuelto.

“La cuenta estaba a nombre de ella y fue habilitada a pedido de una fundación, que nos ayuda porque somos madres solteras, pero para recibir estas cosas deben tener dinero ahorrado. En total somos 30 mujeres y se tenía guardado unos 11 millones de guaraníes”, comentó Cardozo, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

Podés Leer: Identificaciones no puede entregar 4.000 cédulas por falta de insumos

Resaltó que tenían sospechas de que la tesorera usó parte del aporte y por esa razón ella le manifestó que necesitaba retirar su ahorro. “Le dije que tenía un familiar enfermo y siempre le decía que por favor me devuelva mi plata. Ella siempre decía que no podía, porque echó su cédula”, confirmó.

Apuntó a que durante cinco meses puso excusas para no entregar el dinero, pero ayer miércoles convocó a las mujeres para hacer la distribución. “Envío la ubicación para que podamos ir a retirar nuestros ahorros. Fuimos entre cuatro personas, pero nos emboscaron, golpearon y derramaron agua caliente”, indicó.

Lea También: Conductor de plataforma fue baleado durante un intento de asalto

Agregó que llegaron hasta la vivienda de la mujer que estaba bastante retirada de la zona y que ni bien llegaron fueron golpeadas. “La hermana de Águeda, Celia García me derramó el agua caliente, sin mediar palabras. Estamos seguras que hicieron esto porque pedimos el dinero y ya no tenía en su poder”, señaló.

Belén es trabajadora independiente, vende ropas y presenta quemaduras muy graves en el rostro como en todo el torso. “Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia, me destruyeron totalmente mi rostro. No voy a poder trabajar ahora y quien va a mantener a mis tres hijos ahora, ellos dependen enteramente de mí”, concluyó.

La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.

Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.

Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

Te puede interesar: Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso

En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.

Podes leer: Detienen a una de las personas que habría secuestrado a un niño en Canindeyú

El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.

González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.

Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.

Podes leer: Menor al volante: directora denunció a alumno porque iba al colegio manejando

De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.

Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.

Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.

Podes leer: Detienen a dominicanos con pasaportes falsos en el aeropuerto Silvio Pettirossi