Anulan sobreseimiento de Hermann Pankow, quien seguirá procesado por denuncia falsa
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló las resoluciones del Tribunal de Apelación y del Juzgado Penal de Garantías, que beneficiaron con el sobreseimiento al ingeniero Hermann Pankow, quien seguirá procesado penalmente por denuncia falsa. El ingeniero Hermann Pankow, proyectista que tuvo a su cargo el diseño original del superviaducto.
El fiscal del caso, Federico Leguizamón, había recurrido los fallos de primera y segunda instancia que beneficiaron a Pankow, por lo que el mismo seguirá sometido al proceso penal.
Pankow formuló denuncia ante el Ministerio Público contra seis funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal por supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción de la obra del Superviaducto con base en la presunta violación de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
La investigación fiscal pudo constatar que los cambios realizados en el proyecto original estaban estipulados en las condiciones especiales del contrato, las cuales fueron presentadas por la empresa adjudicada ante el MOPC y posteriormente evaluadas por la empresa fiscalizadora de la obra en condiciones adecuadas.
Igualmente, el dictamen pericial realizado por los técnicos del Ministerio Público demostró que la obra cumplió con el proyecto licitado, aprobado y ejecutado con los requisitos esenciales y de conformidad al proyecto final de la obra y no presentaba irregularidad.
Por lo tanto, se concluyó que en ningún momento se produce un perjuicio patrimonial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ni la supuesta comisión de un hecho punible como fuera denunciado por Hermann Pankow.
En torno al caso, el ingeniero fue imputado posteriormente por la Fiscalía tras recabar suficientes evidencias en la presunta comisión del hecho punible de denuncia falsa.
Tras intento de amotinamiento, restablecen el orden e intervienen el penal de Emboscada
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Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.
Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.
“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.
Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.
Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral el proceso penal de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de formar parte del esquema de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico. Foto: SENAD.
A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
Corte declaró asueto judicial el miércoles 16 de abril por Semana Santa
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El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes son César Diesel, Carolina Llanes y César Garay, dispuso asueto judicial y suspensión de los plazos procesales el día miércoles 16 de abril de 2025, por la celebración de la Semana Santa.
Por resolución N° 506, el Consejo de Superintendencia se decidió declarar asueto judicial el próximo miércoles 16 de abril y a su vez se establece que los plazos procesales y registrales que vencen en la fecha mencionada fenezcan el lunes 21 de abril en todas las Circunscripciones Judiciales de la República del Paraguay.
La máxima instancia judicial tiene atribuciones para dictar todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de la Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, inc. b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.
Con la presente resolución de los altos magistrados, los funcionarios del Poder Judicial deberán prestar servicio hasta el día martes a las 13.00.
Jueza hizo lugar al sobreseimiento definitivo de directora, docente y coordinador de colegio de Lambaré
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El juzgado penal de garantías de Lambaré, a pedido de Isabel Bracho, resolvió hacer lugar al sobreseimiento definitivo de la directora de un colegio, una docente y la coordinadora de la institución ubicada en Lambaré, quienes fueron procesadas penalmente por violación del deber de cuidado y otros delitos, a partir de un caso de abuso ocurrido en un colegio lambareño.
Las beneficiadas con la desvinculación total del grave suceso son; Carolina Urbieta de Villate, María Gabriela Santiviago Rivarola y Olga María Feltes Ochoa, quienes por extinción de la acción penal obtuvieron el sobreseimiento definitivo.
Bracho sostuvo en su resolución que “considerando lo que consta en el expediente judicial, no existiendo reapertura de la causa, ni pedido del Ministerio Público para que el caso se eleve a juicio oral, ni otro requerimiento, estando tanto la querella adhesiva como la fiscalía notificadas de la resolución del 27 de diciembre de 2023 donde se decidió el sobreseimiento provisional, a criterio de esta magistratura corresponde aplicar el sobreseimiento definitivo”, indica la magistrada en su resolución.
En su momento, el Ministerio Público investigó este caso e incluso las hoy beneficiarias de la desvinculación definitiva del proceso estuvieron privadas de libertad.