El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.

La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

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En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.

Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.

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Desde el Ministerio Público informaron que este jueves fueron imputados los cuatro hombres que habían sido detenidos tras atacar brutalmente a unos barberos en la ciudad de Capiatá. Estas personas serían adictas a las drogas y luego de atacar a los trabajadores no volvieron a aparecer por la zona hasta ayer miércoles.

Según el reporte policial, la detención se logró el 23 de octubre luego de que estos hombres volvieron a instalarse frente al local ubicado sobre la ruta PY02. El ataque se registró esta semana y fue denunciado por los trabajadores que estaban cansados de que estas personas se coloquen frente a su puesto.

Fueron aprehendidos Paul Fariña, de 28 años; Edgar Sosa, de 30 años; Edgar Peralta, de 37 años y Sandra González, de 27 años, todos cuentan con frondosos antecedentes penales. En la mañana de hoy fueron puestos a disposición de la Fiscalía desde donde dispusieron que permanezcan detenidos y los imputó por hecho de lesión y perturbación a la paz pública.

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Estas personas serían adictas y se dedican a limpiar vidrio, pero siempre mantenían en zozobra a las personas que llegaban a la barbería de los afectados. A todo esto se suma que durante la noche y madrugada duermen en la vereda del sitio, dejando olores desagradables y sus colchones.

Durante la madrugada del lunes pasado, las víctimas llegaron hasta su local y para entrar decidieron mover los colchones, lo que motivó la furia de los adictos, quienes decidieron golpear a los dos hombres. Tras la brutal golpiza, ya no volvieron a aparecer hasta ayer miércoles, cuando amenazaron nuevamente a los trabajadores y fueron detenidos por agentes del grupo Lince.

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En la mañana de este miércoles el Colegio Nacional Campo Verde de la ciudad de Capiatá comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de una de sus alumnas, identificada como Fabiana Iliana Aquino, del séptimo grado, turno tarde.

“Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias. Recordaremos siempre a Fabiana por su alegría, dedicación y nobleza, cualidades que la hicieron brillar entre sus compañeros y docentes”, menciona parte del comunicado de la institución.

Hay que recordar que desde la semana pasada las autoridades de la institución decidieron desarrollar clases virtuales, debido a que se registró un posible brote de bacterias que afectó a varios alumnos del centro educativo, entre ellos aparentemente a la ahora fallecida.

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La menor aparentemente habría sido la mayor afectada, ya que el reporte inicial que recibieron los maestros y la directora de la institución era que debía ser entubada a raíz de una infección generalizada, la cual debía de ser controlada rápidamente.

Hasta el momento no se cuenta con un informe oficial de la causa de muerte de la niña ni cuáles habrían sido las circunstancias del deceso, por lo cual tanto la institución como toda la comunidad aguarda el informe médico.

También otros alumnos de diferentes cursos se vieron afectados por esta situación de sanidad, teniendo que ser inclusive internados, ya que presentaban síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, nauseas y vómito.

Como una medida de seguridad para los más de los 1.300 alumnos, el centro educativo, además de la decisión de ir a clases virtuales por varios días, realizó el monitoreo de la cadena de alimentos y se procedió a una limpieza masiva y fumigación de las instalaciones de manera a descartar cualquier tipo de contaminación persistente.

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El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario para ambos imputados.

Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación, citar a los dos imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria o son beneficiados con el arresto domiciliario.

Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestros de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestros de Personas de la Policía Nacional.

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De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.

En ese orden, a inicios del mes de mayo del 2024, Carlos Miguel Stehlik habría utilizado el perfil de Instagram, _marthugomez, mediante el que entabló conversación con el denunciante e intercambiaron fotografías íntimas. Posteriormente, Carlos Miguel utilizando el usuario citado le habría solicitado primero la suma de G. 750.000, luego G. 6.000.000 para no mencionarle lo ocurrido a un familiar cercano a este, en la cual a solicitud del hoy investigado, el afectado habría enviado el dinero a la cuenta de un banco.

Luego, el 20 de julio de 2024, Carlos Miguel se habría comunicado vía red de mensajería WhatsApp con la víctima en dos ocasiones, a través de números distintos, la primera vez habría solicitado la suma de G. 5.000.000 y en la segunda habría solicitado la suma de G. 8.000.000 a fin de no divulgar sus fotografías íntimas. A raíz de esa amenaza la víctima accedió y transfirió el dinero solicitado y posteriormente bloqueó uno de los números.

El 17 de agosto de 2024, Tania Giselle Galeano a solicitud de Carlos se habría contactado también con la víctima solicitándole que desbloquee el número del cual había recibido las exigencias de pago de dinero, y al desbloquearlo le volvió a solicitar en varias ocasiones las sumas de G. 4.000.000 y G. 10.000.000.

Luego, del número perteneciente a Tania Giselle Galeano, también le habría solicitado la suma de G. 5.000.000 respectivamente, con el fin de no difundir las fotografías íntimas. Todos los depósitos habrían sido realizados a solicitud de los extorsionadores a la cuenta de un banco, correspondiente a Carlos Miguel Stehlik Maciel, totalizando así la suma de G. 30.000.000, aproximadamente.

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