La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por la defensora pública Margarita Martínez, quien recurrió a la máxima instancia judicial buscando obtener un fallo favorable y así lograr que los presos de Ciudad del Este con avanzada edad y con enfermedades de base recuperen su libertad bajo la figura de la tutela jurisdiccional por la propagación del COVID-19.

Con la resolución de la Sala Penal de la máxima instancia judicial se confirma la determinación adoptada por el Juzgado de Ejecución, que había rechazado el pedido hecho por la defensora pública Martínez.

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El argumento de la Corte para rechazar la presentación hecha por la representante del Ministerio de la Defensa Pública fue que la apelación se presentó ante un órgano jurisdiccional incompetente y además llegó a la Sala Penal fuera del plazo legal. Con base en estas argumentaciones se decidió declarar inadmisible la apelación de la defensora pública.

De acuerdo a la información, existen varias personas que están en la franja de riesgo en la cárcel de Ciudad del Este, por lo que la representante del Ministerio de la Defensa Pública de dicha zona recurrió a la Justicia buscando que se haga lugar a la tutela jurisdiccional, pero dicha presentación se rechazó.

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