El Tribunal de Apelación confirmó que el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y su esposa, Mirta Rotela de Alvarenga, enfrentarán un juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Los magistrados que firmaron el fallo son: Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete.
Ahora el expediente judicial deberá bajar nuevamente al Juzgado de Garantías para que se pueda realizar el sorteo correspondiente, a fin de determinar quiénes serán los magistrados del fuero de sentencia que tendrán a su cargo juzgar al exalto jefe policial y a su esposa.
En marzo de este año la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el proceso penal por enriquecimiento ilícito que soporta el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, quien está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Asimismo, enfrentará juicio oral por el mismo delito Mirta Rotela, esposa del exalto jefe policial.
Proceso penal
La imputación es porque el excomandante adquirió cuatro inmuebles en el 2014 cuando se desempeñaba como alto jefe policial. De acuerdo a la investigación fiscal, la adquisición de los bienes no condice con lo percibido por el extitular de la Policía Nacional. También se le imputó a la esposa de Alvarenga por la compra de inmuebles, lo que tampoco pudo justificar con sus ingresos. Con respecto al hijo de la pareja, el proceso es por supuesto lavado de dinero.
La imputación había sido presentada por los fiscales Aldo Cantero y Luis Lionel Piñánez en el marco de la investigación del desvío de combustibles. Sin embargo, tuvo que ser presentada otra carpeta debido a que la Cámara de Apelaciones había delimitado el campo de la imputación.
Condena
El excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, fue condenado a cuatro años de prisión por el negociado del desvío de combustible que era asignado a la institución. En el juicio oral y público se probó que se produjeron documentos no auténticos para solicitar las tarjetas de provisión de combustible que ocasionaron más de G. 1.159 millones de daño patrimonial a la Policía Nacional. En total tenían 186 tarjetas, conforme se probó.
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