Los agentes fiscales Aldo Cantero, Armando Cantero y Pamela Pérez formularon imputación por el hecho punible de reducción contra Mario Ricardo Maldonado Rodríguez, de 36 años de edad, dueño del local comercial Richie Cel, ubicado en San Lorenzo, quien adquirió por la suma de G. 500.000 el celular de la mujer que fue víctima de coacción sexual, tentativa de homicidio y robo dentro del predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, ocurrido días atrás.
El acta de imputación señala que la víctima fue despojada de su aparato celular y según datos técnicos realizados por los agentes especializados, días atrás una persona, en este caso Maldonado, empezó a utilizar el chip que se había sustraído del aparato de la mujer, y fue así el jueves pasado, los investigadores lograron ubicar la vivienda del presunto reducidor y lo detuvieron.
Revela la presente investigación que la declaración de Maldonado, señala que “en la tarde del sábado 3 de abril, llegó hasta su local un hombre de cutis moreno, barba larga, sin bigote, pese al calor vestía mangas largas y con una mochilla azul, y en short. Este le ofreció un aparato celular, que había encontrado en la calle, pero que necesitaba de reparación”.
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Así también, agrega que “el hombre que ofreció el celular increpó al ayudante del dueño del local, ya que este sospechaba que era robado, pero para calmar los ánimos le preguntaron si de dónde era, ya que tenía un acento extranjero, a lo que contestó que era venezolano. Este recibió G. 500.000 por el aparato y se fue del local comercial”. El juzgado resolvió posteriormente la prisión preventiva del ahora imputado, pese a que el Ministerio Público haya pedido arresto domiciliario.
Ahora los investigadores están tras los pasos del mencionado hombre, cuyas características ya fueron identificadas.
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Empresario pide ayuda a ciudadanía para identificar a ladrones de monto millonario
El empresario bioquímico Arturo Walter Elgue Pérez pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a los delincuentes que se apropiaron de una suma millonaria que estaba dentro de su camioneta, en un hecho ocurrido en la vía pública en Ciudad del Este.
El suceso se registró en la noche del miércoles, cuando el empresario había ido a un evento escolar de su hijo y dejó estacionado su camioneta a unos metros del establecimiento educativo. Al término del evento, se encontró con una desagradable sorpresa: la rotura de la ventanilla de su vehículo con el consecuente robo.
Ocurrió a las 19:45, en la vía pública del barrio Obrero de Ciudad del Este, sobre la avenida Choferes del Chaco, casi Capitán del Puerto.
El afectado puso a consideración de la ciudadanía las imágenes del circuito cerrado, y para ello las personas que manejan alguna información pueden comunicarse con el 0971-307412.
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El fiscal que tomó el caso, Osvaldo Zaracho, junto a personales de la Policía de la zona están en los trabajos de investigación, recurriendo a las cámaras de vigilancia de la zona, para saber el itinerario de los delincuentes.
En la cámara del circuito cerrado se observa cuando un hombre, acompañado de una mujer, se acerca a la camioneta y rompe la ventanilla de la puerta trasera de la camioneta, marca Toyota, modelo Land Cruiser, matrícula AWEP 888 Py. Del vehículo el malviviente se apropió de sumas de dinero, tarjetas y documentos varios, según la denuncia ante la Comisaría 3ª.
En efecto, se llevaron en efectivo G. 45 millones, USD 9 mil y 8 mil reales, que al cambio actual suman un total de G. 120 millones. También varias tarjetas de crédito y débito, chequeras, documentos de inmuebles ubicados en Costa del Lago, documentos personales y del vehículo y dos registros de armas de fuego (pistolas).
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Ministerio de Justicia inició separación de condenados y procesados en cárceles de Emboscada y Misiones
El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.
La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.
Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.
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El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
Fuente: AFP
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Imputan a funcionaria judicial y a otra persona por extorsión
El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario para ambos imputados.
Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación, citar a los dos imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria o son beneficiados con el arresto domiciliario.
Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestros de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestros de Personas de la Policía Nacional.
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De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.
En ese orden, a inicios del mes de mayo del 2024, Carlos Miguel Stehlik habría utilizado el perfil de Instagram, _marthugomez, mediante el que entabló conversación con el denunciante e intercambiaron fotografías íntimas. Posteriormente, Carlos Miguel utilizando el usuario citado le habría solicitado primero la suma de G. 750.000, luego G. 6.000.000 para no mencionarle lo ocurrido a un familiar cercano a este, en la cual a solicitud del hoy investigado, el afectado habría enviado el dinero a la cuenta de un banco.
Luego, el 20 de julio de 2024, Carlos Miguel se habría comunicado vía red de mensajería WhatsApp con la víctima en dos ocasiones, a través de números distintos, la primera vez habría solicitado la suma de G. 5.000.000 y en la segunda habría solicitado la suma de G. 8.000.000 a fin de no divulgar sus fotografías íntimas. A raíz de esa amenaza la víctima accedió y transfirió el dinero solicitado y posteriormente bloqueó uno de los números.
El 17 de agosto de 2024, Tania Giselle Galeano a solicitud de Carlos se habría contactado también con la víctima solicitándole que desbloquee el número del cual había recibido las exigencias de pago de dinero, y al desbloquearlo le volvió a solicitar en varias ocasiones las sumas de G. 4.000.000 y G. 10.000.000.
Luego, del número perteneciente a Tania Giselle Galeano, también le habría solicitado la suma de G. 5.000.000 respectivamente, con el fin de no difundir las fotografías íntimas. Todos los depósitos habrían sido realizados a solicitud de los extorsionadores a la cuenta de un banco, correspondiente a Carlos Miguel Stehlik Maciel, totalizando así la suma de G. 30.000.000, aproximadamente.
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