La jueza penal de Garantías Nancy Duarte hizo lugar al amparo presentado para que una paciente siga internada en terapia intensiva en un sanatorio privado y terminó falleciendo días después. La magistrada ordenó al Ministerio de Salud pagar el monto de G. 113 millones.
“El esposo de una paciente internada en unidad de terapia intensiva en un sanatorio privado presentó un amparo constitucional solicitando, ante la imposibilidad de pago de la deuda, que el Estado se haga cargo”, explicó la magistrada en una entrevista con el canal GEN.
Sostuvo que el juzgado hizo lugar a lo peticionado por el esposo de la paciente, atendiendo que el derecho a la salud y a la vida es fundamental, consagrado en la Constitución Nacional. El Ministerio de Salud alegó que “no tiene nada que ver” porque la mujer contaba con seguro privado.
Duarte explicó que el sanatorio alegó que la cartera sanitaria ya se hizo cargo de la paciente desde el pasado 31 de marzo, en el marco del convenio existente para la lucha contra la pandemia del COVID-19. De esta manera, la cartera sanitaria debe pagar la deuda generada por la internación.
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“Existe un convenio entre el sanatorio y el Ministerio de Salud y esta paciente ya está dentro de ese convenio, y está admitida dentro de los beneficios. La resolución del amparo fue en ese sentido (que el Estado se haga cargo de los gastos)”, agregó la jueza.
Una mujer en grave estado de salud por COVID-19 consiguió una medida cautelar vía acción de amparo para seguir internada en la unidad de terapia intensiva de un sanatorio privado, pero falleció. Al confirmarse la peor noticia, su esposo fue exigido por personal administrativo del centro asistencial para abonar la deuda de G. 113 millones, monto generado por los servicios.
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