Tras la concesión del primer amparo que obligó al Ministerio de Salud a pagar la deuda de un paciente de COVID-19 en un sanatorio privado, se generó una estampida de situaciones similares de personas que acuden al recurso judicial con el mismo objetivo.

El abogado Robin Miranda, el precursor de estas diligencias que están marcando un precedente, instó a sus demás colegas independientes a empezar a ayudar a las familias que no pueden costear sus tratamientos en el sector privado. Consideró que de esta forma se hace justicia, siendo que el Estado debe garantizar los servicios y tratamientos de la ciudadanía.

Podés leer: Salud debe pagar deuda a sanatorio privado por internación de una paciente en UTI

“Solo hoy metimos como diez amparos de gente con deudas de hasta G. 250 millones. Esto explotó. Otros colegas ya están presentando otros recursos en el mismo sentido. Si no existe un proyecto de ley que garantice esto que pedimos, el Poder Judicial se va a llenar de amparos”, expresó el abogado en conversación con La Nación.

El profesional en leyes aseveró que no pueden dejar de insistir y que este es el momento de empezar a hacer patria, por lo que instó a más abogados a unirse a la causa para ayudar a más familias que sufren millonarios impactos económicos por los costosos tratamientos en sanatorios. “US$ 1.600 millones de préstamo fueron para Salud, es momento que el dinero retorne al pueblo que sufre la enfermedad”, declaró.

Podés leer: Denuncian falta de oxígeno para pacientes con COVID-19 en hospital de Villa Elisa

En ese sentido, comentó que el primer amparo, aprobado por la jueza Nancy Duarte, del Juzgado de Fernando de la Mora, está a punto de quedar firme y sentar un precedente histórico. “Salud no apeló y va a quedar firme. Presentó un recurso de aclaratoria, pero eso no suspende los plazos”, comentó.

Miranda señaló que con esto, el sanatorio en cuestión ya no estará solicitando el pago de la deuda a los pacientes o a sus familiares, sino que tendrá que tocar puertas del Ministerio de Salud.

A su criterio, se tendría que realizar una modificación presupuestaria en el Congreso para que Salud, si no puede proveer de la infraestructura básica para el tratamiento de su población, por lo menos costee su tratamiento en otros centros médicos.

Podés leer: Esperan importante carga de oxígeno desde Brasil, donde también escasea el producto

Por otra parte, el trabajador consideró que es momento de que abogados de renombrados gremios empiecen a movilizarse de forma solidaria con los compatriotas. “Y si tenemos que meter 20 mil o un millón de amparos, pues hagámoslo. No hay de otra, mañana le va tocar al juez, al actuario o cualquier persona común el COVID-19″, expuso.

Recordó, además, a las familias que pasan por situaciones similares que la presentación de un amparo no tiene costo. “No se pagan tasas. Es gratuito y la sustanciación es inmediata. Estoy viendo que los jueces están siendo expeditivos”, comentó.

Por último, reclamó severamente también los exorbitantes costos de los tratamientos COVID-19 en los sanatorios, ya que estos están vendiendo los medicamentos a precios altísimos con grandes diferencias que en las farmacias. En ese contexto, manifestó que resulta vital que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Superintendencia de Salud empiecen a realizar los controles pertinentes.