Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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El Gabinete Social del Gobierno, analizó el pasado viernes los resultados de la encuesta de pobreza, la reducción de los índices y la proyección de nuevas metas, como reducirla al máximo y eliminar la extrema pobreza o indigencia.

Entre las estrategias que acordaron para crear condiciones e impulsar a ese sector, se decidió conformar un Gabinete de Microeconomía, con el objetivo de poder revisar los datos de la pobreza y por qué ocurren estas situaciones. Esta reunión que estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, detectó que a partir de la segmentación de la población se observa un sector que registra menos crecimiento de ingresos.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, mencionó que el objetivo es trabajar en políticas para impulsar el crecimiento de la clase media, con diferenciación de la rural y la urbana, que son los sectores en los cuales se observó un menor crecimiento en sus ingresos (3%), según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La intención del presidente Peña es reducir aún más los niveles de pobreza y, principalmente, de pobreza extrema o la indigencia, se pretende llegar al 0%. Para el efecto, se creará una instancia de análisis y creación de las políticas, como una suerte de Gabinete de Microeconomía”, explicó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que, al revisar los datos de pobreza, se encontraron tres elementos muy llamativos de la reducción. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas se encontró que los ingresos crecieron 8%. Igualmente, entre las personas más pobres, los ingresos se incrementaron un 13%, y existen factores explicativos como el proyecto “Hambre Cero”, que generó mayores ingresos a los productores frutihortícolas.

“Se pudo comprobar que gracias a la política Hambre Cero, más la lucha contra el contrabando, los hogares tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta un 500%, porque de vender tomates a un precio de entre 2.000 y 4.000 guaraníes el kilo, se llegó a vender a 9.000 y 10.000 guaraníes por kilo, y se observó lo mismo en varios otros productos. Esto explica la mejoría en el segmento de los menores ingresos que registraron el crecimiento del 13%”, explicó el titular del Indert.

Igualmente, favoreció a las poblaciones más vulnerables, la titulación masiva de tierras que permite al campesino acceder a créditos, la construcción de viviendas sociales, que está generando muchos empleos en zonas urbanas y rurales, la universalización de la pensión de los adultos mayores, entre otros. No obstante, señaló que llama la atención al grupo de expertos que, en la clase media hubo un crecimiento más lento.

“Esto quiere decir que, aparentemente, la macroeconomía está goteando de manera desigual, porque los de ingresos más elevados mejoraron un 8% y tiene que ver principalmente con los que se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que más se destaca a nivel mundial y que más va a crecer. Tenemos el grado de inversión, sigue vigente la regla del triple 10 en los impuestos por 20 años (renta personal, IVA y renta empresarial)”, mencionó.

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La entrega de 9 mil títulos de propiedad en tan solo 18 meses en el gobierno del presidente Santiago Peña a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) se ha convertido en un récord histórico en nuestro país de profundas consecuencias positivas para la economía nacional y cam­pesina en particular.

La regularización por medio de documentos oficiales que mues­tran que la propiedad privada le pertenece a una persona conver­tida en propietaria se constituye para la economía –como en cual­quier lugar del mundo– en un incentivo para el desarrollo y en este caso concreto para las fami­lias en el campo.

La titulación de propiedades no es un tema a desconsiderar y así lo ha entendido el gobierno actual lle­vando a cabo una política en bene­ficio del campesino, esto es, de los verdaderos campesinos agriculto­res. Los campesinos agricultores son los que en verdad labran la tie­rra consiguiendo ingresos supe­riores por hectárea que en ningún modo se podría lograr sin la feha­ciente acreditación de la propiedad privada.

La misma reforma agraria, por cierto, carece de sentido sin el otorgamiento de títulos y la regu­larización de las posesiones. La reforma agraria no tuvo ni ten­drá éxito sin esta medida acertada como la que lleva a cabo el gobierno actual porque de no darse estas titulaciones masivas junto con el saneamiento de las posesiones, el campesino queda supeditado al derecho precario.

El derecho precario convierte al campesino en dependiente y subordinado a intereses contra­rios a su propia persona como ser humano y desestimula la produc­ción y la productividad puesto que al no contar con su título de pro­piedad tampoco accede a créditos para realizar mejoras en su fundo.

Esta medida del Gobierno, por ello, es en verdad la verdadera reforma agraria que a los seudoopositores no les agrada ni tan siquiera men­cionar como de hecho ocurrió días atrás durante la marcha que lleva­ron cabo. Y no lo van a mencionar porque saben que con las titulacio­nes récords desde el gobierno del presidente Peña se está logrando lo que nunca antes se hizo, esto es, elevar la autoestima personal y familiar del campesino agricul­tor promoviendo la producción y el comercio de los frutos de la tierra

Con nuevos propietarios en el campo, nuestros compatriotas tie­nen una oportunidad que antes no tenían; la de poner fin a la his­toria de violencia de invasiones de tierras azuzadas por violentos que gritan las ideas fracasadas del colectivismo usando a sus próji­mos como carne de cañón para seguir con su “revolución” de mise­ria y mendicidad.

Sin embargo, es con las titulaciones masivas de propiedades como las que lleva a cabo el gobierno del pre­sidente Santiago Peña que se hace realidad la verdadera reforma agra­ria y se empieza así a romper con el círculo vicioso de la desinversión, la pobreza y el desempleo en el campo.

La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.

También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.

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