La fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos Silvana Otazú presentó una nueva imputación por lesión a la comunicación y a la imagen contra el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Rubén Valdez. La presente causa penal se originó tras la denuncia de otra víctima del imputado.
Esta persona refiere que en el 2019 mantuvo relaciones sexuales con Valdéz, pero luego dieron por terminada la relación. Sin embargo, recién en enero del 2021 tomó conocimiento por imágenes expuestas a terceros que la misma fue grabada sin su consentimiento.
Además, señala que estando en la vivienda particular de Valdez, en Fernando de la Mora, el hoy imputado le mostró imágenes de otras mujeres que también fueron grabadas, así como fotografías íntimas. Con base en los elementos recolectados, el Ministerio Público formuló la segunda imputación.
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Ahora será un Juzgado Penal de Garantías el que tendrá que admitir el presente caso y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas, en la que se definirá si es beneficiado con medidas alternativas a la prisión o se decreta la prisión preventiva del imputado.
Es importante mencionar que Valdez ya soporta una imputación por lesión a la comunicación y a la imagen y coacción, en la que la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejos le concedió medidas alternativas a la prisión, fallo que fue ratificado por un Tribunal de Apelación.
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Triple choque en Sanber: imputan a conductor que causó accidente y piden su prisión
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino.
Ahora la jueza penal de Garantía de Caacupé, Silvia Cáceres, deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se ordena la prisión del autor del terrible accidente que acabo con la vida de varias personas.
Igualmente, de acuerdo a los primeros reportes se confirmo que el conductor que ocasionó el accidente de tránsito dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
Sanabria Vierci también resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Roque de Asunción. El mismo estaba al mando de una Volkswagen Tuareg, de color azul. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.
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En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes; tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
En una cámara de circuito cerrado se observa que el vehículo al mando de Sanabria Vierci cruzó en el carril contrario y embistió de frente contra los vehículos.
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Imputan a Luis Montanaro por coacción luego de amenazar a fiscala Ruth Benítez
El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.
De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.
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Ministerio de Justicia inició separación de condenados y procesados en cárceles de Emboscada y Misiones
El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.
La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.
Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.
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Imputan a funcionaria judicial y a otra persona por extorsión
El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario para ambos imputados.
Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación, citar a los dos imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria o son beneficiados con el arresto domiciliario.
Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestros de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestros de Personas de la Policía Nacional.
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De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.
En ese orden, a inicios del mes de mayo del 2024, Carlos Miguel Stehlik habría utilizado el perfil de Instagram, _marthugomez, mediante el que entabló conversación con el denunciante e intercambiaron fotografías íntimas. Posteriormente, Carlos Miguel utilizando el usuario citado le habría solicitado primero la suma de G. 750.000, luego G. 6.000.000 para no mencionarle lo ocurrido a un familiar cercano a este, en la cual a solicitud del hoy investigado, el afectado habría enviado el dinero a la cuenta de un banco.
Luego, el 20 de julio de 2024, Carlos Miguel se habría comunicado vía red de mensajería WhatsApp con la víctima en dos ocasiones, a través de números distintos, la primera vez habría solicitado la suma de G. 5.000.000 y en la segunda habría solicitado la suma de G. 8.000.000 a fin de no divulgar sus fotografías íntimas. A raíz de esa amenaza la víctima accedió y transfirió el dinero solicitado y posteriormente bloqueó uno de los números.
El 17 de agosto de 2024, Tania Giselle Galeano a solicitud de Carlos se habría contactado también con la víctima solicitándole que desbloquee el número del cual había recibido las exigencias de pago de dinero, y al desbloquearlo le volvió a solicitar en varias ocasiones las sumas de G. 4.000.000 y G. 10.000.000.
Luego, del número perteneciente a Tania Giselle Galeano, también le habría solicitado la suma de G. 5.000.000 respectivamente, con el fin de no difundir las fotografías íntimas. Todos los depósitos habrían sido realizados a solicitud de los extorsionadores a la cuenta de un banco, correspondiente a Carlos Miguel Stehlik Maciel, totalizando así la suma de G. 30.000.000, aproximadamente.
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