El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló que la dirección de Operaciones Urbanas manejaba informaciones sobre la estructura del Clan Rotela que ayer fue desmantelada durante el operativo Sudamericana, en el barrio Jara de Asunción. Este grupo movía una cantidad importante de sustancias para el microtráfico en la zona, afirmó.

Las intervenciones se realizaron en el marco del Plan Sumar que busca enfrentar a la comercialización, tráfico y microtráfico de sustancias ilegales en el país.

Destacó que el resultado del trabajo fue exitoso, ya que “hace años que no se veía este tipo de resultados en la Senad en coordinación con el Ministerio Público”, dijo.

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“Luego de llevar un trabajo de inteligencia se logró incautar casi 6,400 kilos de cocaína, en un solo allanamiento. Fueron cuatro allanamientos en simultáneo, con aprehensión de personas, incautación de drogas, armas, celulares. Fue un gol récord para los muchachos de Operaciones Urbanas de la Senad y vamos a seguir así trabajando”, remarcó.

El titular de Antidrogas señaló que esta estructura delictiva se preparaba para proveer drogas a los hinchas de ambos equipos que están llegando al país, para la final sudamericana, entre Racing Club de Argentina y Cruzeiro de Brasil, este sábado en el estadio de La Nueva Olla Azulgrana.

Destacó que la incautación de estas sustancias, representan un fuerte golpe monetario para estas estructuras delictivas, porque estas drogas, una vez que los ladrillos de cocaína se dividen y se venden a otros centros de acopios, van incrementando su valor.

“Varía totalmente el precio, es decir de un precio de 8.000 dólares el kilo, al dividirse y venderse en el narcomenudeo, se triplica o cuadruplica el precio. Con esos seis kilos y algo de cocaína se vendía de manera rápida, se podría vender a 8.000 dólares el kilo, pero este tipo de estructura vende en pequeñas dosis”, explicó.

El ministro Rachid destacó el trabajo de los agentes de la Senad, a quienes les insta constantemente a afinar el trabajo de inteligencia, y se busque llegar a lo más alto de la estructura criminal.

Asimismo, lamentó que existan gente que opinen sin saber, pero para los que están trabajando en esa lucha desde hace tiempo, sabe que no se trata solamente del problema de las drogas, de por sí como negocios.

“Esto genera problemas de seguridad interna, los robos, los robos agravados, los hurtos y hurtos agravados, genera problemas en la salud mental de las personas adictas. Por eso hablamos dentro del marco del Plan Sumar, que esto no es tan sencillo y no se tiene que tomar tan a la ligera. Porque el que vende en un colegio está apuntando a un grupo de jóvenes y niños, y los que venden a grande escalas, se dedica a lo mismo, pero a gran escala”, acotó.

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El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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La Asociación de Rematadores del Paraguay (ARP), presentó una denuncia sobre irregularidad en el llamado a convocatoria para la presentación de carpetas para la postulación al sorteo de rematadores públicos fijada para este jueves en el salón Auditorio del Mades.

Menciona el escrito que existe irregularidad en la convocatoria que el Mades realizó, atendiendo que en uno de los requisitos para presentarse al llamado exige una experiencia mínima de 5 años para llevar a cabo la subasta y esta situación es totalmente irregular porque viola la Constitución Nacional sobre la igualdad de las personas y a su vez la no discriminación respectivamente.

Ya existen antecedentes anteriores de que varios entes del Estado habrían realizado similares llamados, sin embargo fueron impugnados por la Asociación, que posteriormente resolvieron a favor de dicho gremio.

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La Asociación de Rematadores del Paraguay invoca artículos de la Constitución Nacional como el 47, numerales 1 y 2 sobre las Garantías de Igualdad ante la ley y sobre todo a la no discriminación (artículo 88), y la igualdad de las personas (artículo 46).

El 13 de mayo del 2022, la Dirección Nacional de Aduanas había obrado a favor de la impugnación presentada en su momento por la ARP y que el llamado para dicha subasta fueron incluidos a los miembros de la Asociación y otros rematadores para el sorteo correspondiente.

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El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.

La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.

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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.

Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.

Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.

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