El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar por mal desempeño en sus funciones al agente fiscal Osmar Legal, quien imputó por contrabando y otros hechos punibles al accionista de la firma Imedic S.A. Justo Ferreira, a su hija Patricia Ferreira y otras personas más.
Los integrantes del JEM indicaron que hubo un llamativo cambio de postura del fiscal en vista a que en la audiencia de imposición de medidas se ratificó en el pedido de prisión, pero cuando el juez otorgó otra medida el representante del Ministerio Público no apeló la resolución de primera instancia, por lo que hubo cambio de criterio.
Los miembros del jurado que votaron por el enjuiciamiento son: el diputado Eusebio Alvarenga, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, Jorge Bogarín, Hermelinda Alvarenga. Mientras que los demás integrantes Fernando Silva Facetti, Mónica Seifart y Gladys Bareiro de Módica votaron por archivar la denuncia. Asimismo, el JEM absolvió al juez penal de Garantías Mirko Valinotti.
Chicanas impidieron realizar preliminar
El pasado 10 de marzo, por chicanas presentadas por Justo Ferreira y su hija, propietarios de la firma Imedic y procesados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud, se suspendió la audiencia preliminar, en la que se tenía que definir si los mismos enfrentarían un juicio oral y público.
La defensa de estas personas presentó una apelación general contra la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien fijó para esta mañana la diligencia judicial.
Ahora será el Tribunal de Apelación el que deberá destrabar el presente proceso penal y, en caso de ser así, el citado magistrado deberá volver a fijar una nueva fecha para que se pueda desarrollar la audiencia y se decida si los procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
Acusación
Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
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