La sala penal de la Corte confirmó la condena de 12 años de cárcel para el comisario Hermes García Balmaceda y de 5 años de pena para su esposa Lelys Penayo, quienes también deberán devolver la suma de G. 2.649 millones al Estado. Foto: Gentileza.
Confirman condena por enriquecimiento ilícito de comisario y su esposa: devolverán G. 2.649 millones
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y César Garay, ratificó la condena de 12 años de cárcel más la devolución al Estado paraguayo de más de G. 2.000 millones del comisario Hermes García Balmaceda, sentenciado por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.
Asimismo, se confirmó la condena de 5 años de cárcel para Lelys Penayo, esposa del exalto jefe policial. La misma también deberá devolver al Estado la suma de G. 649 millones debido a que fue sentenciada en calidad de cómplice.
Durante el desarrollo del juicio oral y público contra Balmaceda y su esposa, se pudo demostrar la acusación del Ministerio Público, que demostró la responsabilidad de los acusados en el hecho juzgado que fue enriquecimiento ilícito y evasión de impuesto.
El juicio fue realizado en el 2016, donde se aplicaron las condenas. Este fallo fue apelado y el Tribunal de Apelación de aquel entonces confirmó la sentencia condenatoria. En el 2017, la defensa planteó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que fue resuelta y dada a conocer hoy.
Otra condena
García Balmaceda también fue condenado en otra causa a 9 años de prisión por lesión de confianza. Los hechos guardan relación tras las investigaciones por compra simulada de carne para la Policía Nacional, atendiendo que el mismo se desempeñaba como titular de la intendencia de dicha institución.
Tras intento de amotinamiento, restablecen el orden e intervienen el penal de Emboscada
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Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.
Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.
“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.
Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.
Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral el proceso penal de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de formar parte del esquema de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico. Foto: SENAD.
A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
Corte declaró asueto judicial el miércoles 16 de abril por Semana Santa
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El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes son César Diesel, Carolina Llanes y César Garay, dispuso asueto judicial y suspensión de los plazos procesales el día miércoles 16 de abril de 2025, por la celebración de la Semana Santa.
Por resolución N° 506, el Consejo de Superintendencia se decidió declarar asueto judicial el próximo miércoles 16 de abril y a su vez se establece que los plazos procesales y registrales que vencen en la fecha mencionada fenezcan el lunes 21 de abril en todas las Circunscripciones Judiciales de la República del Paraguay.
La máxima instancia judicial tiene atribuciones para dictar todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de la Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, inc. b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.
Con la presente resolución de los altos magistrados, los funcionarios del Poder Judicial deberán prestar servicio hasta el día martes a las 13.00.