El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.

“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.

“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.

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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.

“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.

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“Este proyecto de ley sobre fomento a los combustibles tendrá un impacto social demasiado importante en el interior del Paraguay”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien urgió a la Cámara de Senadores el tratamiento de urgencia del veto parcial del Ejecutivo a las modificaciones introducidas a la normativa con la finalidad de desactivar las movilizaciones de cañicultores en distintos puntos del país.

“Ellos no están pidiendo subsidio del Estado, solo están pidiendo al Estado políticas públicas para que puedan desarrollar su trabajo y que su materia prima no se pudra en el campo, que es lo que está sucediendo hoy”, comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde este jueves, el sector de los cañicultores iniciará los cierres intermitentes de ruta en al menos 3 departamentos del país, Guairá, Paraguarí y Caaguazú, para exigir que se mantengan las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas, así como la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex.

“El impacto que tiene este proyecto de ley es muy importante. Acá estamos hablando de miles de familias, de industriales quienes dependen que esto salga o no para continuar con sus inversiones. Hay intereses muy importantes en juego”, comentó.

Asimismo, manifestó que le resultó sorpresivo el veto presidencial a la iniciativa, teniendo en cuenta que la misma fue impulsada de manera consensuada, principalmente entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del Partido Colorado.

“Quiero recordarles a los presidentes de entes, quienes estuvieron en esa reunión, que el Partido Colorado es agrarista por doctrina, que representa a las clases populares y no es un partido que representa a las oligarquías económicas. Tienen que fijarse en lo que representa este proyecto de ley para el campesinado y tienen que defender los intereses populares. Eso nosotros haremos desde el Congreso Nacional. No daremos la espalda al sector popular, al campesinado”, refirió.

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El legislador se refirió al titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, y al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. “Ellos estuvieron estuvieron en la redacción del texto que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y luego aconsejaron otra cosa al presidente, qué pasó por el camino. Sería demasiado importante que puedan dar la cara porque están generando una crisis”, indicó.

Aguilera rechazó también las publicaciones de algunos medios de comunicación quienes en sus páginas titulan que “grandes cañicultores presionan contra el veto parcial”. “Este es el lobby que están haciendo los grandes oligarcas económicos ¿Quiénes son los grandes cañicultores? Yo invito a todos los medios que quieran venir al Guairá para presentarles a los grandes cañicultores como dicen, para que puedan ver cómo estas personas trabajan en familia, cómo pelan la caña de azúcar con 40 grados de calor, cómo practican la supervivencia y cómo están desprotegidos”, lamentó.

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El presidente argentino, Javier Milei, dijo el martes que la universidad pública “no está en discusión”, pero afirmó que no cederá a los reclamos por más presupuesto cuando se multiplican las protestas estudiantiles en las altas casas de estudios. “Acá no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada. Eso no se toca”, dijo Milei en una entrevista con el canal de televisión LN+. “Gratuita no es, alguien la está pagando, la pagan los que no van”.

“Yo no voy a ceder”, advirtió el presidente, consultado sobre los reclamos que ponen el eje en los magros salarios de los docentes, que se sitúan bajo la línea de la pobreza y están causando masivas renuncias, según alertaron los rectores de las principales universidades públicas que concentran el 80 % de la matrícula superior. El presidente vetó hace dos semanas una ley que aumentaba fondos para las universidades por considerar que ello ponía en jaque el equilibrio fiscal, pilar de su gobierno, pese a que la oficina de presupuesto del Congreso calculó su impacto en 0,14 % del PIB.

Los estudiantes se pusieron en pie de guerra luego de que el Congreso ratificara el veto presidencial el miércoles pasado pese a masivas marchas para reclamar mayor presupuesto para las universidades. Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que estas reciben. “Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad y ocultar los curros (delitos) de los delincuentes”, afirmó el presidente. “¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio”.

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Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias, sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene pendiente su plan de revisiones, que incluye a varias universidades. Este plan debe ser aprobado por una comisión parlamentaria cuya conformación no ha sido completada por el propio gobierno. Más tarde el martes, el Ejecutivo permitió que un organismo que depende de la presidencia (SIGEN) audite las universidades. Milei desafió al Congreso a que reasigne las partidas del presupuesto para financiar las demandas universitarias.

“Pueden discutir el presupuesto y poner el número que quieran. Mientras me respeten el déficit cero, no me importa”, dijo el presidente. “Que digan a quién le sacan”, agregó. El gobierno prorrogó para 2024 el presupuesto universitario de 2023 pese a que la inflación, de las más altas del mundo, marcó en septiembre un 209 % interanual. Para 2025, el gobierno presupuestó para las universidades públicas la mitad de los fondos que los rectores manifestaron necesario para garantizar el funcionamiento.

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Fuente: AFP.

Venezuela vive este sábado una jornada crucial de manifestaciones contra la reelección de Nicolás Maduro, que no cesa en sus amenazas a los jefes de la oposición, obligados a esconderse. La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó a una movilización a media mañana en una de las grandes avenidas de Caracas.

Pero el espectro de la represión de 2017, que dejó un centenar de muertos ya durante el gobierno de Maduro, genera miedo de bajar a las calles en medio de una multiplicación de amenazas del dirigente chavista, declarado triunfador de los comicios del domingo por los organismos electorales controlados por su gobierno, en medio de denuncias de fraude de la oposición y países de la región.

Sin sorpresas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a Maduro como ganador con 52 % de los votos, por encima de un 43 % atribuido a Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada Machado. Los resultados detallados no fueron presentados.

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“Fueron múltiples los llamados y gritos de fraude de este sector de la derecha, radical, criminal y violenta de Venezuela”, lanzó Maduro en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. “No quieren reconocer los mecanismos nacionales y soberanos de Venezuela, solo quieren mantener el show de la farsa”.

La oposición dice que tiene las pruebas de un fraude y presenta un sitio web con copias de 84 % de las actas de votación en su poder. El chavismo lo desestima y asegura que esos documentos son fraguados. “Tenemos que seguir avanzando para hacer valer la verdad. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce”, afirmó en X Machado, que dijo haber pasado a la clandestinidad por temer por su vida. Según la oposición, González recibió 67 % de los votos.

Al menos 11 civiles y un militar murieron en protestas tras la votación y más de 1.200 personas fueron detenidas en medio de manifestaciones espontáneas en todo el país en los días siguientes. La oposición, que denuncia una “represión brutal”, da cuenta de 20 muertos y 11 despariciones forzadas. El viernes denunció el saqueo de su sede en Caracas en la noche por un grupo de hombres armados y enmascarados y la detención arbitraria de uno de sus responsables, el periodista Roland Carreño, en la capital.

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En cuestión de horas, cinco países latinoamericanos reaccionaron en cascada el viernes y reconocieron la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales. Perú fue el primero el martes, cuando algunos Gobiernos denunciaban fraude electoral. Reconoció como “presidente legítimo de Venezuela” a González Urrutia, desestimando a la autoridad electoral venezolana que proclamó a Maduro para un tercer mandato de seis años que lo llevaría a 18 años en el poder.

Después de reiterados pedidos de transparencia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá reconocieron este viernes la victoria de la oposición. Estados Unidos, en boca del jefe de la diplomacia, Antony Blinken, aseguró de su lado que la “abrumadora evidencia” certifica a González Urrutia como vencedor de los comicios del pasado domingo 28 de julio.

Maduro, en tanto, agradeció las gestiones de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y México, Andrés Manuel López Obrador, en pro de un acuerdo político en Venezuela. “El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo”, comentó el mandatario socialista.

Maduro acusa a Machado y a González Urrutia de promover actos de violencia y un “golpe de Estado” con el apoyo de Washington. El miércoles dijo que ambos dirigentes deberían “estar tras rejas”. Además, dijo que había planes para “una emboscada” violenta en una manifestación convocada en Caracas para el sábado por Machado.

Denunció que “criminales” que vincula con la oposición planean “un atentado” el sábado, muy cerca del barrio de Caracas donde Machado convocó a manifestar, y ordenó a la “policía (que) proteja la gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza”. A su vez, Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, convocó para el sábado a la que llamó “la madre” de “todas las marchas para celebrar la victoria”. Entre los países que reconocen a Maduro, figuran Nicaragua, Rusia e Irán.

Fuente: AFP.