Por chicanas presentadas por Justo Ferreira y su hija Patricia, propietarios de la firma Imedic y procesados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020, se suspendió la audiencia preliminar, en la que se tenía que definir si los mismos enfrentarían un juicio oral y público. La defensa del padre e hija presentó una apelación general contra la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien fijó para esta mañana la diligencia judicial.

Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá destrabar el presente proceso penal y en caso de ser así, el citado magistrado deberá volver a fijar una nueva fecha para que se pueda desarrollar la audiencia y se decida si los procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados.

Por su parte, el juez Otazú explicó que “el juzgado convocó a los procesados para la audiencia preliminar en vista de que se tienen dos requerimientos, la de sobreseimiento y otra acusación, a raíz de eso se fijó dos horarios para llevar a cabo la diligencia judicial y dicha determinación fue recurrida a través de una apelación general por parte de la defensa de los Ferreira, por lo que no se puede realizar la audiencia hasta tanto el Tribunal de Apelación resuelva sobre el planteamiento realizado en el presente caso”, indicó el magistrado.

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Actualmente, Justo Ferreira y su hija Patricia gozan del arresto domiciliario que fue otorgado de forma llamativa por el juez Mirko Valinotti, quien a raíz del mencionado fallo judicial está siendo investigado al igual que el fiscal Osmar Legal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que podría enjuiciarlos si se encuentra irregularidad en la actuación del magistrado como del agente fiscal.

Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.

La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

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