Tras la denuncia por la comercialización de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) a familiares de pacientes internados por COVID-19 en el Ineram, el Ministerio Público inició una investigación el viernes pasado y este lunes amplió el equipo de fiscales.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a los agentes fiscales de Anticorrupción Diego Arzamendia y Osmar Legal para integrar el grupo de trabajo, que inicialmente se constituyó en la previsional.

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La agente fiscal Claide Acosta se constituyó el viernes último en la Dirección de Administración de Suministros Médicos del IPS, donde recabó documentos de todo lo concerniente al proceso de utilización de medicamentos (ampollas de milazodan), supuestamente comercializados en Asunción durante el presente año.

Se informó que en diciembre del 2020 ingresaron 21.872 unidades de ampollas distribuidas en tres farmacias individualizadas del ente previsional. Se verificó en el acto el depósito y la forma de resguardo del medicamento citado. Asimismo, prestó declaración testifical la representante del Instituto de Previsión Social, ente denunciante de los hechos investigados. Brindó como dato relevante la apertura de una auditoría interna de la previsional.

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Dijo que aún no se individualizó a persona alguna como responsable de los hechos denunciados. La declarante manifestó que, en los próximos días, al finalizar la auditoría se acercará al Ministerio Público los datos internos que se pudieran corroborar.

Se identificaron las farmacias de la previsional que recibieron el medicamento y las mismas deberán justificar el destino que se le otorgó y la persona que retiró el medicamento. En esa línea investigativa se requirió en la fecha oficio a entes públicos y privados, a fin de individualizar a los presuntos autores.