Un trabajador electoral de Estados Unidos ha sido detenido tras enviar supuestamente una carta a la oficina de la ciudad de Gray, en Georgia, en la que amenazaba con poner una bomba en el centro de votación del disputado estado, que ha registrado una gran participación desde que se inició el plazo para votar de forma anticipada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que el sospechoso, que ha sido identificado como Nicholas Wimbish, de 25 años, habría escrito la misiva haciéndose pasar por un votante censado en Georgia después de haber protagonizado un altercado con uno de ellos a mediados de octubre.

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En la carta, en la que se señalaba a sí mismo, aseguraba que estaba “conspirando” y “distrayendo a los votantes”. Además, amenazaba con “violar a las mujeres” y aseguraba “vigilar todos sus movimientos”. Al final del texto aseguraba que había colocado un “juguete explosivo” en el centro de votación.

La Fiscalía ha impuesto cargos en su contra por dar información falsa sobre una amenaza con bomba y mentir al FBI, entre otros. En caso de ser hallado culpable podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años en prisión.

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Georgia es uno de los estados clave para estas elecciones, y es que el expresidente Donald Trump perdió allí por una diferencia de 11.779 votos en los anteriores comicios, lo que le llevó a intentar presionar para lograr la revocación de los resultados electorales.

Tanto Trump como la vicepresidenta, Kamala Harris, han realizado una intensa campaña en el estado debido a la gran disputa que existe en el mismo, si bien el exmandatario lidera las últimas encuestas con apenas un punto porcentual de diferencia.

Fuente: Europa Press

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La doctora Roxana Arroyo Vargas, vicepresidente de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, una de las expositoras en el XX Encuentro de Magistradas de los más altos órganos de Justicia de Iberoamérica, evaluó como de alto impacto el evento, por los debates realizados en dicha instancia.

“La justicia es un pilar fundamental en cualquier democracia, si la justicia es más eficiente, va a dar mucha más confianza a la ciudadanía, creo que el impacto es absolutamente positivo”, sostuvo la jurista.

En cuanto al avance que se logró desde el primer encuentro de juezas, manifestó que se partió del tiempo en que, en los países no existían unidades ni políticas de género en la administración de justicia que, comparado con la actualidad, avanzó mucho en América Latina.

Mencionó que hoy, en la mayoría de los países, en la administración de justicia existen especialistas e investigadores en violencia hacia la mujer y una mayor comprensión de lo que es violencia de género.

“Hay una tendencia y una apertura mayor de los poderes judiciales, que se ve, tanto a nivel interno en su estructura, en su forma de organizarse, como en las sentencias que se hacen. Creo que eso es un cambio grandísimo en la administración de justicia en América Latina”, expresó la doctora Roxana Arroyo.

Agregó que, “siempre habrá obstáculos, en nuestros países los recursos no son suficientes, la capacitación de los operadores debe ser constante”.

En cuanto al avance en el ejercicio de poder dentro de las más altas instancias, la doctora Arroyo recordó que, en el primer encuentro, en el año 2000, solo había 16 magistradas de altos órganos de justicia en toda América Latina. Pero, para este XX congreso, la realidad ya es muy distinta y el número de las magistradas en puestos de decisión aumentó mucho, según dijo.

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La presidente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctora Juliana Giménez, complementó indicando que son 375 juezas participantes del congreso. En cuanto al ejercicio, de los 107 magistrados en Alto Paraná, el 73 % son mujeres, según la magistrada.

Estas declaraciones fueron en la conferencia de prensa sobre el congreso, donde también participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes y César Diesel. Los temas del XX Encuentro de Juezas, fueron: control de convencionalidad y derechos humanos de las mujeres. El evento empezó el miércoles y culminó esta tarde.

“Lo que se busca es que el abordaje sea acorde a la realidad de la mujer en el desarrollo de su vida, si en ese contexto ella sufre menoscabo a sus derechos o es sujeto del sistema penal, por ejemplo, como victimaria, la decisión sobre su caso tiene que ser abordada conforme esta mirada, desde su condición de mujer”, dijo a su vez la ministra Carolina Llanes.

“En la sala penal, en materia de violencia hacia la mujer, de feminicidios, que ya forman parte del catálogo de hechos punibles del ordenamiento jurídico penal, venimos aplicando del derecho internacional, las convenciones y los tratados que hablan sobre eso, al momento de resolver casos que implican o involucran el derecho de las mujeres”, agregó la ministra de la CSJ.

El ministro de la CSJ, César Diésel, abordó tema de la convencionalidad. “En nuestro caso, el control de convencionalidad que se ha ido construyendo a través del tiempo en algunos países, realmente tiene su importancia capital porque, en algunos casos no está muy bien definido qué valor tiene, conforme a lo que ellos decidieron que sea su constitución”, dijo a su turno.

Agregó que, en el caso de Paraguay, “tenemos muy claro eso, y tenemos también determinado el órgano competente para entender en el control de convencionalidad”. En el congreso se debatió sobre la importancia de las convenciones y leyes internacionales suscriptas por los estados y que, no son opciones, sino obligaciones de ser tenidas en cuenta, por encima de las leyes nacionales.

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Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y los cirujanos pediátricos volverán a reunirse este viernes en el marco de una audiencia prevista en el Palacio de Justicia, en un intento por buscar un acuerdo entre las partes. El gerente de Salud, Gustavo González, afirmó que pese a la mesa negociadora no se ha podido aún zanjar la crisis desatada por el reclamo de la reducción de la carga horaria laboral a doce horas semanales.

“Hasta ahora no hay una solución, pero siempre está la mesa negociadora donde nos estamos reuniendo y parece que cada vez estamos más cerca, pero hasta hoy no tenemos una solución definitiva”, señaló a la 1020 AM. Aclaró que la convocatoria en el Poder Judicial es por el amparo presentado por el instituto y hoy podría surgir novedades sobre el punto.

El médico aseguró que la medida judicial permitió garantizar la atención en el servicio de cirugía pediátrica. “Están los médicos que no presentaron renuncia. Tenemos vacíos unos días que por el amparo está cubierto por los médicos de tal manera a no dejar sin atención a los niños”, manifestó.

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González dijo que en el Hospital Central cinco cirujanos pediátricos están dando cobertura a los asegurados. En tanto el servicio de Cirugía Pediátrica en la regional de Ciudad del Este ya se normalizó. “Ellos se reincorporaron totalmente, hasta ahora no hay problemas desde ese punto de vista”, aseguró.

El profesional admitió que se resiente la realización de cirugías pediátricas debido a la escasa cantidad de médicos. “Hay días de cirugías programadas que se están haciendo y las urgencias están totalmente cubiertas”, garantizó.

Por otro lado, el doctor González reconoció que en medio de este conflicto, un cirujano de adultos efectivamente operó a un niño aunque afirmó que “tiene otras connotaciones más médicas que gremiales”, al reafirmar que el paciente recibió los cuidados requeridos, pese a los cuestionamientos hechos por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica.

En la audiencia prevista para las 9:00 de la mañana a instancias de la Justicia hoy se definirá si continúa vigente el amparo judicial o ya se levanta.

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El procurador general Marco Aurelio González, en compañía del presidente de Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), José Ocampos, llegaron este martes hasta el Palacio de Justicia, en Asunción, para dar entrada a una demanda por daños y perjuicios contra abogados que dejaron caducar causas perjudicando así al Estado.

La empresa estatal acusa principalmente a su exabogado Miguel Ángel Peña de presuntamente dejar caducar causas civiles de manera premeditada, causando importantes daños materiales al Estado, por lo que mediante esta demanda exige una indemnización de 5.000 millones de guaraníes más intereses.

“La cadena de corrupción que existía es algo que queremos olvidar y que nunca más se presente. Queremos dar una señal muy fuerte a la ciudadanía de que aquel carnaval de abogados quienes dejaban que sus juicios prescriban en la función pública para repartirse dividendos con los abogados de la contraparte. Nunca más va a suceder”, indicó José Ocampos en conversación con el programa “2 en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Ocampos afirmó que se realizaban acciones que no tenían ningún respaldo dentro de la empresa como, por ejemplo, préstamos a sus propios directivos y que quienes tenían que defender los intereses de la empresa no lo hacían para verse también beneficiados.

El titular de Capasa remarcó que las denuncias afectadas datan inclusive de hace diez años, buscando así cortar con la corrupción de larga data que viene dándose dentro de la estatal con el objetivo claro de limpiar la institución y lograr que se convierta en una marca aún más competitiva y prestigiosa con el sello de calidad y trasparencia que se busca implantar el gobierno de Santiago Peña.

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