Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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El especialista e historiador aeronáutico, Antonio Sapienza, se refirió a la compra de los aviones Súper Tucano, que adquiere el gobierno de Paraguay y comenzarán a operar desde mediado del 2025. Sostuvo que la compra de las aeronaves, junto con los radares, ayudará mucho a la defensa de la frontera aérea, permitiendo que sea menos permeable por el crimen organizado. Indicó que con las leyes vigentes no es necesaria contar con una ley de derribo específico.

El experto mantuvo una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, donde señaló las capacidades de defensas de estas aeronaves. En primer lugar, destacó que aumentará la capacidad del Grupo Aerotáctico, que en la actualidad cuenta solamente con 6 aviones tucanos, que datan del año 1987, que están en buenas condiciones, ya que tres de ellos incluso participaron de los ejercicios tácticos en el Brasil hace unos días.

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“Con la adquisición de estos nuevos 6 Súper Tucanos se va a reforzar. Contaremos con 12 aeronaves que obviamente se van a desplegar en varias pistas, con el objetivo de cubrir mejor todo el territorio. También el hecho de que se va a adquirir, porque ya está aprobado por el Congreso, y se promulgó el decreto, la compra de radares primarios. El uso de esos radares, con los aviones Súper Tucanos, va a ayudar para que nuestras fronteras aéreas sean menos permeables para los vuelos ilícitos”, indicó.

Por otra parte, fue consultado sobre la necesidad de contar con una ley de derribo, al respecto indicó que en lo personal considera que es necesario contar con esta legislación. No obstante, explicó que ya en conversación con el ministro de Defensa, Oscar González, le explicó que realmente no es necesario contar con la legislación específica.

Mencionó que existe una legislación general vigente en el país, que le faculta a las Fuerzas Armadas la defensa territorial del Paraguay, sea cual fuese la amenaza; sea este un país extranjero, o sea incluso el crimen organizado, narcotráfico y otros.

“De acuerdo a esa ley le faculta a las fuerzas militares, sean estas Aérea, Ejército o Marina, a atacar cuando esas fuerzas irregulares atacan al país de alguna manera. Por ejemplo, no creo que pase mucho tiempo, en que los narcotraficantes, sabiendo que en poco tiempo estaremos mejor equipados para enfrentar los vuelos ilegales, comiencen a utilizar armas en sus aviones cessnas, podrían utilizar alguna ametralladora punto 50, por ejemplo, y comenzarán a efectuar disparos contra aeronaves que lo intercepten”, indicó.

Agregó que si esto llega a ocurrir en algún momento, no existe ningún marco legal que impida a las fuerzas aéreas a proceder al derribo del avión que lo ataque. Por tanto, concluyó que no es necesaria una ley de derribo específico, porque ya existen leyes vigentes que facultan a las fuerzas armadas para ese efecto, para defender la soberanía, sea cual fuese la amenaza interna o externa.

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.

La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.

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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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