El abogado José Dos Santos, defensor de Justo Ferreira, presentó un recurso de apelación general contra la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien fijó para el próximo 10 de marzo la audiencia preliminar donde se debería definir si los acusados enfrentarían un juicio oral y público. Ferreira, accionista de la firma Imedic S.A., está acusado por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia, en 2020.

Igualmente, la misma chicana promovió Patricia Ferreira, acusada por los mismos delitos que su padre, y con la presentación hecha pretenden dilatar el presente proceso penal. Ahora, la apelación general deberá ser contestada por el Ministerio Público.

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Luego, será el tribunal de apelación en lo penal quien tendrá que definir si rechaza la chicana presentada por las defensas de padre e hija. Una vez que se destrabe el presente caso, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tendrá que fijar nuevamente una nueva fecha para la realización de audiencia preliminar.

Actualmente, el accionista de Imedic S.A., Justo Ferreira y su hija Patricia cuentan con arresto domiciliario otorgado por el juez penal de garantía Mirko Valinotti. A raíz de la presente resolución judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) había solicitado informe al citado magistrado. El JEM deberá analizar la actuación del referido magistrado, así como del agente fiscal Osmar Legal.

Además de Ferreira y su hija fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra, y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.

La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), del Ministerio de Salud Pública, ni la documentación legal correspondiente.

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