La Nación presentó un amparo constitucional para que el titular de la EBY entregue información pública luego de que omitiera un dictamen del Ministerio de Justicia. Foto: Christian Meza.
De ineficiente y llamativa califican la actitud de Duarte Frutos al negar información pública
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La transgresión a la Ley de Acceso a la Información Pública en la que incurrió la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y su director, Nicanor Duarte Frutos, llevó hasta los tribunales de Justicia el pedido de periodistas del diario La Nación de facilitar información sobre gastos en publicidad y ayuda social que realizó la binacional durante los últimos dos años.
El medio presentó un amparo constitucional para que el titular de la binacional entregue información pública luego de que omitiera un dictamen del Ministerio de Justicia.
Es una reglamentación constitucional
El Dr. Raúl Prono, quien actuó en representación de los pedidos realizados por el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini, explicó que el mismo pedido fue realizado a la Itaipú Binacional y que esta entidad sí entregó en una semana todo lo solicitado sin ningún contratiempo.
“La Ley de Acceso a la Información Pública viene de una reglamentación constitucional, donde se consagra la libertad de todo ciudadano del libre acceso a la información pública y fuentes públicas y en esta última están definidas las entidades binacionales”, explicó Prono.
Sostuvo además que no existe ninguna información comprometedora entre lo solicitado por los periodistas. “Se trata de gastos, rendiciones o importes, pero como no hubo manera de conseguir esto de forma directa con la EBY, se presentó un amparo”, añadió.
Cumplió pedidos de gobiernos anteriores
“Luego de que se presenten todos los informes, la jueza seguramente va a estar dictando su resolución en primera instancia, de si hay o no un trámite previo que debe realizarse para que la información solicitada sea entregada”, mencionó con relación a la medida que podría ser tomada por la jueza que lleva el caso.
Prono mencionó que “resulta llamativo que Duarte Frutos, como director paraguayo de la EBY, haya cumplido entregando a la Contraloría todos los pedidos de informes que corresponden a gobiernos anteriores”.
Actitud lamentable
Ezequiel Santagada, abogado y director ejecutivo de la organización IDEA, que promueve y apoya la transparencia de la gestión del Estado, el acceso a la información y a la participación ciudadana, expresó que “la actitud del señor Nicanor Duarte Frutos y del grupo que lo rodea demuestra que buscan tapar como mínimo cierta ineptitud en el manejo administrativo de la institución”.
El abogado calificó de “cuando menos lamentable” la actitud de Duarte Frutos, aclarando que se guardó de utilizar epítetos más fuertes en contra de la argumentación presentada para no dar acceso a la información solicitada.
“El acceso a la información es un derecho humano y no pueden haber tratados internacionales que estén por encima de eso. Además, la ley es clarísima al respecto. Estas dos entidades (Itaipú y Yacyretá) están obligadas a entregar la información que cualquier ciudadano paraguayo solicite”, manifestó el abogado.
La Fiscalía acusa al expresidente Ollanta Humala de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió USD 3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia. Foto: Archivo
Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
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La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
La creación del Instituto Paraguayo de la Carne es más que un capricho; es una necesidad para mejorar la transparencia, la institucionalidad y la competitividad del país en el rubro. Foto: Gentileza
Instituto Paraguayo de la Carne: no es un capricho, sino una necesidad, dice ARP
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El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, manifestó su posición respecto a la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, afirmando que es más que un “capricho”, sino una necesidad para mejorar la transparencia, institucionalidad y competitividad del país en el rubro.
“El Instituto Paraguayo de la Carne es una necesidad, no un capricho. El productor es quien hace respetar la soberanía nacional”, expresó Daniel Prieto, durante la edición 25 de la Expo Canindeyú. Su mensaje apuntaba a recordar que el sector agropecuario es el motor de Paraguay y es clave en su futuro.
Daniel Prieto aseguró que el futuro del campo se construye con políticas que garanticen el trabajo del pequeño productor, ya que una ganadería fuerte es sinónimo de un país fuerte, tal como reza el lema de la ARP. “El porvenir de la patria está en el campo”, indicó el presidente.
En ese marco, también cuestionó la situación crítica de los precios ganaderos en 2024, a pesar de los récords de exportación, haciendo énfasis en que el sector productivo arrastra una deuda superior a los 1.700 millones de dólares. “Eso es fe. El sector se endeudó para crecer y apostar al país”, subrayó. A su vez, agregó que el 80 % de los dólares que ingresan al país provienen del agro.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, también participó del evento y destacó la presencia de pequeños productores y reafirmó su compromiso con el sector, buscando el objetivo de que se desarrollen hasta lograr el status agroexportador. “Estamos trabajando para conquistar más mercados y yo creo que vamos a lograrlo”, dijo el titular de la cartera agropecuaria.
La Expo Regional de Canindeyú se destacó principalmente por la gran cantidad de animales este 2025. “Este año tenemos récord en cantidad de animales expuestos, superando ampliamente a los años anteriores, inmediatamente en 20 % la cantidad del año pasado”, dijo Eligio González, coordinador general de la Expo Canindeyú.
Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú. Foto: Rocío Gómez/NM
Gremio de ingenieros inicia investigación de planos tras derrumbe en Encarnación
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El Gremio de Ingenieros Asociados de Itapúa comenzó una investigación y análisis de los planos del edificio en construcción que se derrumbó el pasado 2 abril en la ciudad de Encarnación, donde fallecieron dos personas. Este trabajo se inició a pedido del Ministerio Público, quien también solicitó un informe para avanzar con los trabajos investigativos y llegar hasta los responsables.
Este trabajo es realizado por ingenieros calculistas que se encuentran analizando e investigando los planos del edificio derrumbado en Encarnación. Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú, y otras obras, por lo que son de amplia trayectoria.
Según el ingeniero Jacob Oda, presidente del gremio, desde la asociación están muy preocupados por la forma en que se da autorización a las obras por parte de autoridades de las comunas. Afirmó que la Ley orgánica municipal y la “ordenanza municipal n.° 56/75: de construcciones y loteamientos de la ciudad de Encarnación” no son muy limitantes a la hora de fiscalizar planos de construcciones.
“La preocupación es sobre el tema de las leyes vigentes, nos dimos cuenta de que tenemos que tratar de separar las competencias o roles en cuanto a los ingenieros y arquitectos. Se debe poner límite en las competencias, existen más especializaciones en cuanto a estructura que puedan firmar planos para este tipo de estructuras”, detalló Oda, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
Explicó que son los ingenieros civiles los que están capacitados para las estructuras y son los arquitectos los que se dedican al diseño. “Creemos que la falla en esta construcción fue por falta de un estudio más minucioso en todos los sentidos. Pudo ser el hormigón, el terreno o lo constructivo. La Fiscalía fue la que nos pidió ayuda para iniciar esta investigación y se conformó un grupo con los datos remitidos por la fiscal”, confirmó.
Agregó que los controles se tienen que intensificar a partir de esta tragedia y que una situación como esta no se vuelva a repetir. “Nosotros como gremio nos pusimos a disposición de la municipalidad como de la gobernación para poder hacer estos controles y poder actualizar las ordenanzas. Así también, buscamos modificar la ley que es muy generalizada y no especifica”, puntualizó.
El analista político Caio Manhanelli señaló que Brasil investiga a la Abin, que operó manera paralela y no de forma oficial basada en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales, por mandato de Jair Bolsonaro. Foto: AFP
Caio Manhanelli, consultor político del Brasil, brindó su parecer respecto al caso de espionaje que llevó a cabo la Agencia Brasileña de Investigación (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Explicó que la publicación de este hecho se debió a una investigación que actualmente lleva adelante el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ante las evidencias que el gobierno de Bolsonaro utilizaba la Abin para intereses personales.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el analista brindó detalles sobre cómo repercutió este tema en las esferas políticas y sociales en su país. Por un lado, señaló que la Abin por mandato de Bolsonaro operó de manera paralela y no de forma oficial, basado en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales. Lamentó que este hecho se concretó poco antes de la fecha de caducidad para la renegociación del acuerdo del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Explicó que la Policía Federal actualmente está investigando la existencia de una especie de agencia paralela a la Abin, que opera de manera legal, como otras agencias de inteligencia en otros países como la CIA (Agencia Central de Inteligencia en EE.UU), o KGB (Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas en ruso).
Indicó que esta agencia funciona como un órgano de información y de actuación a nivel nacional como internacionales. Dijo además que lo normal, es cuando se tiene un agente de inteligencia desplazado de un país para el otro, si es un país amigo, las autoridades saben de la presencia de este agente en su país.
Caio Manhanelli, consultor político del Brasil brindó detalles sobre cómo ha repercutido el tema del espionaje del Brasil a Paraguay, en las esferas políticas y sociales en su país. Foto: Gentileza
“Con Paraguay no había ningún motivo en verdad, para llevar estas acciones de inteligencia en el país que el propio gobierno paraguayo no pudiera saber. Entonces, lo que se está indagando ahora es por qué en el gobierno de Bolsonaro se empezó a crear una especie de agencia paralela que al revés de trabajar para la nación brasileña trabajaba para los intereses personales del propio presidente Bolsonaro”, explicó.
Demostrar poderío
A su criterio, la acción de Bolsonaro era para demostrar su poderío, generando conflictos sin razón de existir, alimentando su propio ego o la de su entorno político. Insistió que no había ningún motivo para hacer una incursión investigativa contra Paraguay.
“Desde mi perspectiva analítica, hay que mirar lo que fue el gobierno de Bolsonaro en el sentido de acciones hacia afuera de Brasil, es un tipo que igual a Donald Trump, igual a Javier Milei, y a algunos otros de estos actores, pero en especial, estos dos de américa, Milei y Trump, que son personas que, en vez de crear sinergia entre los países entre los Estados, busca en verdad crear conflicto sin razón de existir”, acotó.
Agregó que, el gobierno de Bolsonaro en relación a lo que fue las acciones internacionales se puede observar una actitud posible, muy posible, para la cabeza de Bolsonaro y la cabeza del gobierno pasado. “Una actitud que no se basa en motivos factibles o reales. Era el único hecho de hacerlo porque siente que podría hacerlo. No había justificativo para hacer una incursión investigativa al Paraguay, parte de la Abin”, remacó.
Resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa en ese tiempo, ya que los dos países son bastantes transparentes y cercanos uno al otro. Eran gobiernos alineados, de cierta manera Mario Abdo Benítez, tenía una cierta relación positivo con Bolsonaro, dijo el analista.
“Existía de hecho la perspectiva y el horizonte en la negociación con Paraguay, que no sería una negociación tan sencilla, en relación a la tarifa energética y claro, tener informaciones, hasta en el nivel personal, lo que sea de la vida pública de la vida personal, privada de ciertos actores del prokceso, podría dar algún tipo en la mesa argumentos que no serían oficiales, argumentos torpes, pero argumentos al fin, adentro de la negociación. Solo en la cabeza de un tipo que no tiene noción de lo que es gobernar un país y de lo que es vivir en democracia, esto podría pasar y que finalmente pasó”, remarcó.
Manhanelli indicó que resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa, ya que existía una cierta relación positiva entre Mario Abdo y Jair Bolsonaro. Foto: Archivo
Impacto político y social
El analista brasileño señaló que en su país se percibe que el gobierno de Lula está muy seguro de que se llegará pronto a una solución para retomar la negociación sobre el Anexo C, sobre este punto, consideró que el mayor perdedor fue el gobierno de Brasil, por trabarse esta negociación. No obstante, indicó que a nivel político interno esta situación no está generando ningún daño político, ni social para el gobierno de Lula, ni tampoco fue abordada de manera profunda por la clase política.
El gobierno de Lula Da Silva, con el actual ministro de Justicia no tienen problema en ser transparente; obviamente expone estos hechos, señalando que realmente se pasó la raya. Bien podría el Gobierno dejar en cubierto esto; pero no, es una investigación sigilosa es una investigación pública y se mantuvo público los hechos que recién se descubrieron. Infelizmente fue en el mismo tiempo del cierre del acuerdo sobre el Anexo C.
“Ni en lo político, ni en lo social está afectando el tema, se está tratando de una manera muy técnica. No existe, no hay un ruido tan intenso que podría molestar a la aprobación del gobierno Lula, ya que su gestión tiene una aprobación de al rededor del 50 %; pero esto no tiene que ver con el tema Paraguay, porque no toca la opinión pública de una manera contundente en Brasil, ni la suspensión de la negociación del Anexo C. Lo que hizo de hecho fue nuevamente dar la oportunidad a que se enseñe la buena intención de este gobierno en relación a sus pares internacionales”, precisó.
No obstante, resaltó que el gobierno pierde con esto; pero está muy seguro de poder transparentar esto, sin preocupaciones. “El gobierno de Brasil está muy seguro de que los gobernantes paraguayos también van a comprender la situación y llegaran a un buen término”, acotó.
Finalmente, lamentó lo que está sucediendo, porque una vez más, sale a luz las cosas que el gobierno de Bolsonaro les perjudica en términos de Nación. “Fueron muchas cosas desde que entró la persecución política, el mal hecho durante la Pandemia, la mala gestión, las malas posturas en relación a autoridades internacionales y este es una más de un largo resumen de los resultados negativos que la gestión Bolsonaro dejó en el país”, concluyó.