El abogado Andrés Casati presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en representación de sus defendidas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Imedic SA, respectivamente, en el que ofreció la irrisoria donación de 600 mil mascarillas quirúrgicas para el Ministerio de Educación y 50 camas de terapia intensiva para el Ministerio de Salud a fin de zafar del proceso penal que soportan por producción de documentos no auténticos. De acuerdo al escrito presentado, el valor de la donación es de US$ 200.000.

Ahora, los fiscales asignados al caso deberán analizar si corresponde aceptar o rechazar el pedido. Las mismas están imputadas por falsificar facturas de la firma Eurofarma, que posibilitaron el ingreso de medicamentos sin control.

La imputación se basa en la sospecha de producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas fal­sas para la impor­tación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autori­zada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma, que habría uti­lizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos desde India y China.

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Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por con­trabando, en el que el juez Mirko Valinotti le benefició con el arresto domiciliario, a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira.

A raíz de dicha resolución, el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informe al juz­gado para analizar la actuación del magistrado y determinar si se ajustó o no a dere­cho, en caso contrario podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.

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