El grupo de los Zuccolillo, a través de sus medios de comunicación, inició una campaña contra itti Saeca y buscó involucrar al presidente Santiago Peña en este conflicto, apuntando a instalar que el mandatario era socio de una red de empresas mimadas en licitaciones estatales, hechos que motivaron a que el jefe de Estado se pronuncie al respecto y alegó que todo este ensañamiento nació a partir del conflicto judicial entre el banco Atlas y la mencionada empresa proveedora de soluciones tecnológicas.

“Para que entiendan, estos son derechos de propiedad intelectual, pero en el término coloquial saben como se llama, piratería, usar de manera ilegal la propiedad de otra persona y es algo que está penado”, sentenció jefe de Estado, quien afirmó que el problema real es que Atlas se rehúsa a pagar a itti lo que corresponde por el uso que están dando al software que esta última provee.

Peña hizo alusión a que el problema real de Natalia Zuccolillo, propietaria de Abc Color y del Banco Atlas, no guarda relación en su preocupación por los supuestos vínculos entre el mandatario e itti, tal como a través de sus medios de comunicación lo quiere dar entender, sino que es la deuda millonaria y las posibles consecuencias de dar un uso indebido al sistema informático que adquirieron.

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“Su banco tiene una relación comercial de 20 años con itti, una proveedora de tecnología. Esta empresa hoy descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, por lo tanto, ellos tienen que pagar penalidades que llegan a un monto de USD 70 millones, entonces ese es el problema, no el problema de Santi Peña, el problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe”, aseveró.

Asimismo, el presidente lamentó el actuar de los Zuccolillo, quienes desde hace semanas vienen tratando de desviar el tema valiéndose de ataques hacia su persona. Afirmó que no es la primera vez que debe salir a dar fuertes posicionamientos porque no puede permanecer en silencio hacia duras acusaciones y aseguró que tampoco se va a dejar amilanar por este grupo empresarial.

“A mí no me van a callar y me van a encontrar siempre de frente, hablando con la verdad. Mi vida es pública, es un libro abierto, me pueden investigar todo lo que quieran y yo voy a dar siempre explicaciones, no a Natalia Zuccolillo, le voy a dar explicaciones al pueblo paraguayo a través de los medios de comunicación, pero no debemos confundir lo que es libertad de expresión o de prensa con la libertad de la persecución o de la extorsión que es mucho peor”, concluyó.

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El banco Atlas, propiedad del grupo de los Zuccolillo, está en un proceso de mediación con itti Saeca, quien alega que la entidad ha incurrido en hechos más graves que un incumplimiento del contrato y que la misma está utilizando de una manera distinta a lo pactado el software que provee dicha compañía. La entidad bancaria emitió un comunicado respecto a este tema.

“Banco Atlas niega categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático o la existencia de alguna deuda monetaria a la empresa itti”, expresa en una parte del comunicado, al que posteriormente agrega que el “Banco Atlas ha cumplido a cabalidad el contrato antes citado, no habiendo recibido reclamo alguno a lo largo de 21 años y posee derechos adquiridos que hoy están siendo ilegítimamente cuestionados”.

De acuerdo al escrito difundido por la banca este viernes 4 de abril, no existe una deuda hacia la empresa que les provee el software para sus operaciones ni tampoco un uso indebido del sistema informático. No obstante, el abogado de la firma, Miguel Almada, explicó que el banco de los Zuccolillo está dando un uso diferente a lo pactado contractualmente y advirtió sobre las posibles consecuencias para Atlas, que se traduciría en un resarcimiento multimillonario.

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“El 5 de febrero del año 2004, la entonces Financiera Atlas adquiere por tiempo indefinido un sistema informático de la firma IT Consultores SC, por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”, se expone en el escrito.

Asimismo, recordaron que el caso está en una instancia de mediación y que han sido beneficiados con medidas cautelares para continuar utilizando el sistema, pese a lo que sostiene la empresa de tecnología. Por su parte, Almada afirmó ante Nación Media que para ellos carece de fundamentos el fallo judicial, no obstante, van a respetar la decisión de la justicia.

“El Banco Central del Paraguay ha sido informado de todas las acciones realizadas y acuerdos formalizados hasta el momento en instancia de mediación. Informamos a nuestros clientes que esta situación no afectará la funcionalidad de ninguno de los servicios del banco y reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas empresariales”, concluye el comunicado.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición planteados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exministros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio contra la providencia de la jueza Cyn­thia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo del 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

En la conferencia de prensa ofrecida ayer jueves, la Municipalidad de Encarnación adujo que las fiscalizaciones se realizan al inicio y al final de una obra, sin embargo, la ordenanza número 39 establece que los controles pueden realizarse también durante el desarrollo.

Los funcionarios municipales que acrediten ser encargados de las inspecciones, tendrán libre acceso a las obras y podrán revisarlas en cualquier etapa de su ejecución, adoptando las medidas que estimen necesarias al constatar vicios de construcción, incumplimiento del proyecto aprobado o riesgos para sus obreros, vecinos o transeúntes. Esto lo establece el artículo 39 de la ordenanza municipal encarnacena, cuyo contenido desmiente la posición asumida por el la Intendencia.

Seis paraguayos clasificaron para el Mundial Ironman 70.3 2025, que se llevará a cabo en Marbella, España. La delegación paraguaya que participó de la competencia de clasificación realizada en Panamá estuvo compuesta por 30 atletas. Carmen Castillo de Ortiz y Cecilia Cabello, compartieron su experiencia y hablaron de este éxito para el deporte nacional.

El director legal de la empresa itti Saeca, Miguel Almada, manifestó que la violación del contrato por parte del Banco Atlas, perteneciente al grupo empresarial de la familia Zuccolillo, se registró en los últimos 4 años. Tras denunciar la irregularidad de la entidad bancaria en el uso del software de itti para sus operaciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apuesta por una conciliación.

“Tenemos una controversia con el Banco Atlas, respecto al uso que se está dando a nuestro software, consideramos que el uso se está dando de manera inapropiada y ellos consideran que no. En la resulta de esta controversia, hoy estamos en un proceso de mediación, el cual está en pleno curso”, dijo Almada, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El gobernador de Boquerón, Harold Bergen, confirmó que los caminos continúan cortados en varias comunidades del Chaco paraguayo. Con el apoyo del Gobierno central, se recurre al uso de helicópteros para asistir a las familias afectadas.

Según estimaciones de la Gobernación, más de 3.000 familias se encuentran aisladas, muchas sin acceso a víveres, agua potable ni atención médica. “Ya estamos organizando desde ayer nuevas misiones aéreas junto con la Secretaría de Emergencia Nacional y las Fuerzas Armadas”, explicó el jefe departamental.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición de país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse” , comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

San Isidro, Argentina. AFP.

La leyenda del fútbol Diego Maradona “a veces se resistía” a ser atendido por médicos, dijo ayer jueves una de sus hermanas en el juicio a siete profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia y Ana, dos de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon este jueves en la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el exfutbolista.

Claudia, de 53 años y la menor de las cinco hermanas de Maradona, dijo que Diego “a veces se resistía” a ser atendido por médicos y que “era de carácter fuerte”. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano “hacía lo que él quería”. Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Las hermanas dijeron que participaron en la decisión de hacer internación domiciliaria y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que “iba a haber médicos clínicos” y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio en sus testimonios señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo.

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Las hermanas dijeron que Leopoldo Luque, el neurocirujano y uno de los imputados en la causa, era el médico de confianza de Maradona. Ana contó que vio por última vez a su hermano cuando estaba internado en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento, y que cuando le consultó cómo estaba, él le respondió: “Me duele el alma”.

En la tarde del jueves se preveía que declarara otra de sus hermanas, Rita, y Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. El abogado de las hermanas Maradona, Pablo Jurado, objetó algunas de las preguntas de otros querellantes a las testigos, que apuntaban a las relaciones contractuales entre el exfutbolista y sus hermanas.

Para Jurado, las respuestas pueden afectar los intereses de sus defendidas en otra causa, en la que los hijos de Maradona demandan a sus tías por los derechos de la “marca Maradona”. El tribunal no hizo lugar a las protestas y las hermanas tuvieron que responder al respecto. Las marcas “son algo que nos dejó a la familia”, dijo Claudia y añadió que antes de su muerte Diego Maradona solo les “daba regalos”.

Diego Maradona no tenía alcohol ni “drogas de abuso” en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo el pasado martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020. “Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina”, dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.

El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.

El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo. En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.

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Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció “extraño” y Leopoldo Luque, médico del ex deportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente. La internación domiciliaria “era lo menos indicado” para Maradona ya que “debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo”, dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca.

“Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable”, aseguró en el testimonio. Además, declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.