El Tribunal de Apelación conformado por los jueces Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez rechazó tres chicanas planteadas por Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color, querellada por difamación por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala.
Con esta determinación se tiene vía libre para que el juez de Sentencia Elio Ovelar pueda fijar la nueva fecha para el juicio oral y público.
Los camaristas declararon inoficioso el recurso presentado por el abogado Rodrigo Yódice, defensor de Zuccolillo, y se resolvió declarar inadmisible la apelación de la querellada contra la determinación de Ovelar, quien había fijado la fecha de juicio oral para el pasado 16 de febrero.
Te puede interesar: Natalia Zuccolillo logró suspender por sexta vez su juicio oral por difamación
Antecedentes
La exviceministra de Tributación Marta González presentó una querella autónoma contra el periodista Juan Carlos Lezcano y Natalia Zuccolillo, por haberla acusado en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de graves irregularidades en el ejercicio del cargo, específicamente en lo referente a la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
La querella fue presentada luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) desvirtuara lo señalado por el cuestionado periodista mencionado anteriormente, quien cuenta con antecedentes de presunto plagio en su profesión.
Podes leer: Imputan por tala de árboles a responsables de ganadera Palmeira S.A
Dejanos tu comentario
L-Gante, condenado por amenazas y absuelto por secuestro
El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.
“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.
L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.
Lea más: La precariedad laboral triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales
“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.
El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Informe de SIP: ABC tergiversa al pintar a Paraguay como país con censura
El diario Abc, inmerso en una campaña de desinformación y tergiversación en contra del actual gobierno, ha publicado que el documento presentado días pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es totalmente desfavorable para la libertad de prensa y expresión en el Paraguay. La publicación, con intención de desinformar, contradice el informe de la SIP al pintar una realidad diferente de nuestro país.
El medio de comunicación, perteneciente a un grupo económico señalado por el presidente Santiago Peña en el caso de irregularidades del fideicomiso del IPS, precisamente en la misma semana del informe de la SIP, ha intentado forzar la presencia de Paraguay en una categoría inferior a la que el propio organismo de prensa continental lo ha colocado.
La desinformación, cuando responde a una estrategia y unos objetivos de desestabilización, pone en riesgo, no solo a los valores sino a las propias instituciones democráticas.
Variables del índice
La “actuación del Estado contra la desinformación” es una de las cuatro variables que compone el Índice de Chapultepec, de libertad de expresión y prensa, y es precisamente esa variable la que otorga uno de los valores más bajos que tiene Paraguay en dicho informe.
De todas maneras, la sumatoria total de los valores que componen el informe de la SIP, posicionan a nuestro país entre los llamados “en restricción”, el tercero en la escala de 5, junto a países como Argentina, Panamá o México y no como menciona el diario del grupo Zuccolillo, “en alta restricción”, el peldaño antes de caer en el grupo de países de corte totalitario como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
El periodismo en Paraguay, siempre según ell informe de la SIP, se mantiene en la línea media o por encima de ella, en una “ciudadanía libre y con libertad de informarse”, en el “flujo de la información” y en “libertad de expresión”, las otras tres variables que componen la medición del Índice de Chapultepec.
Los cuestionamientos de la SIP hacia nuestro país, se reducen a la aplicación de leyes que se consideran restrictivas pero no hace mención a acciones desde el Poder Ejecutivo como si suceden en casos del grupo ALTA RESTRICCIÓN, en el que Abc insiste en colocar a nuestro país.
Lea también: Caso fideicomiso de IPS: colorados respaldan a Peña
CUESTIONADA PUBLICACIÓN
Sin dudas que en materia de legislación, existen muchas cuestiones pendientes de ajustar y es por eso justamente que en las redes sociales, cuestionaron la postura del medio de los Zuccolillo, al publicar lo que se puede considerar “fake news”, como se ya se acostumbra a llamar a las noticias falsas propaladas en medios de comunicación y en redes sociales.
Uno de ellos, el periodista y catedrático José “Pepe” Costa, pidió al medio en cuestión que brinde alguna explicación por la publicación, que considera con intención de desinformar o bien que el redactor “parece haberse equivocado”, según publicó en su cuenta de X.
“Pero Abc parece haberse equivocado. O quien redactó no leyó bien el informe, o hay intención de desinformar. El título dice algo q no reflejan el informe ni el cuadro. Supongo que habrá alguna aclaración ¿O no?”, publicó Costa.
El informe consta de cinco categorías y en la primera, la más alta, se encuentra en solitario Chile, y en la categoría BAJA RESTRICCIÓN, aparecen países como EE. UU., Brasil y Uruguay.
Dejanos tu comentario
Condenan a expolicía de la dictadura uruguaya por crimen con vino envenenado
Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados ayer sábado. Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado “en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio”, de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre.
Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de setiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.
“A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo JUSTICIA. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”, escribió el sábado en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber. La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978.
Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.
La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.
Lea también: Pepe Mujica sorprende en mitin a una semana de comicios presidenciales
El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, “estrechamente comprometidos” con violaciones a los derechos humanos y con “razones serias” para atentar contra quienes promovían un cambio político.
Según Perciballe, “no cabe lugar a dudas” de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Corte rechaza enjuiciar a expresidenta boliviana por “golpe” contra Evo
Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.
Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.
En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.
Lea más: Crisis de combustible obliga a paralizar labores estatales en Cuba
Más procesos
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.
“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.
Lea también: Hamás confirma la muerte de su líder Yahya Sinwar
“Fantasioso”
Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.
Fuente: AFP.