La jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo se opuso al sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa.
La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar realizada en la sede del Palacio de Justicia.
Ahora será la Fiscalía General del Estado la que tendrá que decidir si se formula la acusación contra los dos directivos de Empo y, en caso de hacerlo, se fijará nuevamente una fecha para realizar la audiencia preliminar ante la jueza del caso, quien deberá resolver si los dos procesados van o no a un juicio oral y público.
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Antecedentes
El presente proceso penal se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones.
La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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Fiscal investiga empresas por apuestas deportivas clandestinas y otros delitos
El fiscal Marcelo Saldívar fue designado para investigar la denuncia presentada por el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, quienes recurrieron al Ministerio Público denunciando a la firma Montego Trading S.A., la cual habría cometido delitos de explotación clandestina de juegos de azar y estafa. Igualmente, el agente fiscal investiga a los accionistas y directivos de Amazing S.A., por presunta producción de documentos no auténticos.
En el mes de octubre pasado, el procurador Marco González y Carlos Liseras, titular de la Conajzar, presentaron denuncia formal contra Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de Amazing S.A. y Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de la empresa Montego Trading S.A.
Ahora, el representante del Ministerio Público deberá citar a una audiencia indagatoria a los denunciados a los efectos de que los mismos puedan brindar su testimonio en relación con la denuncia que se ha hecho en su contra.
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Denuncia
En el escrito se explica que, a través de la resolución Nº 21/2019 del 22 de mayo del 2019, la Conajzar otorgó a la firma Amazing S.A. la autorización para la explotación de la nueva modalidad del juego de azar denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar” para su explotación, a través de un sistema de entretenimiento virtual conectado.
Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no lo hizo, por lo que habría incurrido en los delitos mencionados.
En tanto que, a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.
Según la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “CrownCity”. La Conajzar y la PGR solicitaron a la Fiscalía el allanamiento y cierre de los locales físicos, además del bloqueo de la página web.
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Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
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Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.