La jueza penal de garantía Lici Sánchez deberá resolver si corresponde hacer lugar al sobreseimiento provisional de tres médicos que en su momento fueron imputados por la muerte del niño Renato Rojas Talavera. Foto: Archivo.
Caso Renato: Fiscalía ratificó pedido de sobreseimiento de tres médicos
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El fiscal adjunto Federico Espinoza ratificó el pedido de sobreseimiento provisional (desvincular parcialmente del proceso) para los médicos María de Fátima Bastos Ausfeld, José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera Román, imputados en su momento por omisión de auxilio por el fallecimiento del niño Renato Rojas Talavera, ocurrido en un conocido sanatorio de Asunción.
Ante la determinación que adoptó el representante del Ministerio Público, la jueza penal de garantías Lici Sánchez fijó para el 11 de febrero la audiencia preliminar donde definirá si se hace lugar al requerimiento del mencionado agente fiscal adjunto.
Si la jueza Sánchez hace lugar al sobreseimiento provisional, la fiscalía tendrá un año más de tiempo para recolectar más elementos de prueba en relación al presente proceso penal.
La Fiscalía argumentó su pedido de sobreseimiento provisional señalando lo siguiente: “atenta a las consideraciones precedentemente expuestas, esta representación solicita el sobreseimiento provisional de los imputados, ya que como puede apreciarse los elementos probatorios obtenidos durante la etapa investigativa son insuficientes para sostener una acusación contra los tres médicos”.
Así también menciona que “existe aún diligencias esenciales pendientes que una vez producidas aportarían mayores datos a la investigación para arribar al grado de certeza requerida con respecto a las conductas investigadas de cada uno de los médicos imputados”.
Igualmente, señalan que los nuevos elementos a ser incorporados a la investigación son la declaración del médico José Bellasai en relación a la conclusión de la junta médica, la declaración del doctor Aníbal Filártiga, la declaración de la doctora Nancy Garay, especialista en Pediatría. Del mismo modo, se solicitará informe a la Superintendencia de Salud, pedido de informe al Tribunal de Cuentas entre otras diligencias a ser realizadas. En base a todo lo expuesto más arriba, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional para los médicos procesados por la muerte del niño Renato Rojas Talavera.
Incautan componentes de armas de fuego en el Aeropuerto Silvio Pettirossi
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El agente fiscal José Martín Morínigo, se constituyó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego del hallazgo de componentes de armas de fuego en el interior de una caja fisurada proveniente de Miami, a través de una empresa de courrier.
A raíz de la comunicación, se convocó a personal de la Dimabel, de Crimen Organizado de la Policía Nacional y demás funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para la verificación correspondiente del depósito Ticket de la Dinac, consistente en 6 cajones de armas de fuego correspondiente a fusil HK, modelo G3, además de accesorios controlados de armas de fuego como cargadores para fusil HK, calibre 7,62 X 51 mm y conjunto de conversores del mismo calibre.
También fueron incautados guardamanos, puntas de tubo cañón con soporte de punto de mira, cajones de mecanismo superior prensado, componentes de armas de fuego y otros materiales, todos para rifles o fusiles semiautomático o automático de la marca HK, modelo G3 A3 que corresponden a armas de fuego de uso privativo de las fuerzas públicas.
Las evidencias incautadas quedaron a cargo de la Dimabel para la realización de los informes técnicos correspondientes. Por disposición del fiscal prosiguen las investigaciones en el marco de la causa iniciada con dicho hallazgo.
Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
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El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
El fiscal Gabriel Segovia presentó imputación por lesión de confianza contra Wisam Osmar, presidente de la firma Macedonia, quien habría desviado sumas millonarias de la referida firma. El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, el 17 de abril del 2024 la Fiscalía recepcionó una denuncia sobre varios delitos presentado por Kassem Ali Osman, de nacionalidad libanesa, quien denuncio a Wisam Osman, quien ejercía la presidencia y control administrativo de la firma Macedonia.
Al parecer, el denunciado siempre declaraba nula ganancia, lo que dejaba al denunciante sin recibir ninguna parte de los beneficios de la empresa a pesar de su participación y contribución, lo que motivó a la denuncia.
Posteriormente, el denunciante se percató que el negocio tenía un registro paralelo de ventas y la firma en verdad generaba más ganancia que la declarada, hecho que coincidió con la oficina habilitada por Wisam en la que operaban Lisa Ibarrola y Sarah Kassen, bajo los registros de ventas reales ocultando ingresos y declarando pérdidas o empate, es decir, en el piso superior en una habitación herméticamente cerrada se contaba el subregistro con los que justificaban todos los años una suerte de empate o ganancias mínimas.
El Ministerio Público realizó varias diligencias entre ellas declararon varias personas en la presente investigación. Asimismo, se realizó un allanamiento al estudio contable que realiza trabajos para Macedonia, de donde se incautaron documentos que comprobarían la responsabilidad del imputado en el delito.
Fiscalía imputa a 11 docentes por presentar título falso
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La fiscal Teresa Sosa imputó a 11 docentes que habrían falsificado sus títulos de grado para acceder a recategorizaciones en concursos realizados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los delitos imputados son estafa y producción de documentos no auténticos. La causa cayó en el juzgado de garantías N° 11 de Capital a cargo del magistrado Yoan Paúl López quien tendrá que admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Los imputados son Alba Mariela Caballero Paiva, Alcides Arce Fernández, Adilio Javier Aranda Cáceres, Alcides Ditrich Cabrera, Alicia Lorena Caballero Ríos, Alicia Silva Medina, Ana Gabriela Leguizamón Villagra, Analía Beatriz Escobar, Anastacio Ramón Florentín, Alva Anais Martínez Rojas y Ana Claudia Cañete Rolón.
De acuerdo al relato del Ministerio Público, el director de Asuntos Jurídicos Externos del MEC denunció ante la Fiscalía que en el transcurso del año 2023, el MEC realizó un concurso de oposición para elegir a los docentes para el programa denominado “Jornada Escolar Extendida”. A raíz de ello, se recepcionó llamadas telefónicas de varias personas, quienes informaron que varios docentes, entre ellos los hoy imputados a la mencionada convocatoria, habrían presentado certificados de cursos que serían falsos.
En todos los casos, se detectó que los hoy imputados habrían usado documentos, específicamente, el título de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica y su Certificado de Estudios correspondiente, supuestamente expedidos por una Universidad privada, que contendrían declaraciones no auténticas, porque no son de la institución privada mencionada.