El Juzgado de Delitos Económicos deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia. El Ministerio Público solicitó que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
En la citada diligencia judicial, el juez del caso, Humberto Otazú, deberá resolver si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público así como lo pidió la Fiscalía o se le otorga una salida al caso.
Los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera acercaron la carpeta fiscal al juzgado a cargo de Otazú, quien está controlando todo para luego poder fijar la fecha de la audiencia preliminar.
Acusación
Además de Ferreira y su hija, fueron acusados Carlos Alberto Gamarra, aduanero, y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta por complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria ni la documentación legal correspondiente.
Podés leer: Anciana denuncia a esposo de jueza de Fernando de la Mora por estafa
Dejanos tu comentario
Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Te puede interesar: Las Malvinas están “en manos de Reino Unido”, reconoce Javier Milei
Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
Lea también: Hamás dice que “la pelota está en el tejado” de Israel tras aceptar propuesta de tregua
Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
Lea también: Senador Penner entregó inquietudes de chaqueños al presidente Peña
“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
Le puede interesar: Agua y saneamiento: funcionarios se capacitarán en maestría de ingeniería
Dejanos tu comentario
Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
Dejanos tu comentario
Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Te puede interesar: Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Podes leer: Fiscalía acusa y pide juicio oral y público para el exministro de la SEN