En el marco de una investigación por presunto ingreso de mercaderías de contrabando en la ciudad de San Lorenzo, la Fiscalía incautó este miércoles bebidas y otros productos por valor de 170 millones de guaraníes. La comitiva allanó un depósito ubicado sobre la calle Delfín Argüello entre Azucena Poty e Inmigrantes, barrio Mitãi.
El agente fiscal Anticontrabando Miguel Quintana encabezó el procedimiento. La diligencia fue un trabajo conjunto con la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), entre otros.
En el lugar, la comitiva fue recibida por Adrián Jaques Rodas, quien autorizó el ingreso dentro del depósito. Se encontraron 2.468 packs de cervezas de las marcas Skol, Antártica, Bohemia y Brahma, todas de origen extranjero.
Las mencionadas bebidas fueron incautadas por el fiscal, quien dispuso el traslado al depósito de la aduana Gical, ubicado en Mariano Roque Alonso, para su guarda y custodia.
Punto de distribución
El agente fiscal interviniente Miguel Quintana explicó a medios de comunicación que el depósito allanado funcionaba como punto de distribución de las bebidas que habrían sido ingresadas a territorio nacional de forma ilegal.
“Esto es producto de un trabajo de inteligencia que iniciamos con Delitos Económicos de la Policía Nacional hace bastante tiempo. Teníamos la información de que había aquí un depósito y que desde acá se distribuían los productos en zona del mercado de San Lorenzo y otros puntos. El juez penal de Garantías José Delmás nos otorgó ayer la orden de allanamiento y hoy ingresamos al lugar. Efectivamente encontramos una gran cantidad de cerveza de diferentes marcas extranjeras”, dijo el investigador en entrevista radial con la 1000 AM.
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Detienen a sospechosa de robar una joyería de Luque
Tras un robo perpetrado a una joyería de la ciudad de Luque, efectivos policiales detuvieron a una mujer transexual de nacionalidad argentina que es sindicada como la autora del atraco. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 15 de la Ruta PY02 de la ciudad de San Lorenzo.
La misma fue identificada como Luz Mía Bárbara Di Batista, alias “Barbi”, quien ya contaba con una orden de captura a nivel internacional por hechos de robo similares en su país de origen. Se logró la identificación de la misma gracias a las imágenes de circuito cerrado del local, en las que se la ve huyendo del lugar.
Del poder de la misma fue incautada la suma de 2.400 dólares en efectivo, además de varias joyas. Al llegar a la dependencia policial, donde se encuentra bajo custodia, conversó con varios medios de prensa y reconoció que cuenta con una orden de captura en su país, pero que su intención era entregarse una vez que llegara a suelo argentino.
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“Yo estuve acá unos días nomás, no robé nada de lo que dicen; me hospedé en un hotel y utilicé las instalaciones este fin de semana sin problema, cambie dólares con cambistas en el centro y las joyas son mías, no sé de qué me hablan estas personas”, comentó Luz Mía Bárbara Di Batista a los medios de comunicación presentes.
Por su parte, los propietarios de la joyería asaltada destacaron que cuentan con todas las evidencias del caso, tanto el inventario de lo robado y sus documentos que los respaldan, como las imágenes de circuito cerrado donde se observa todo el actuar de la ahora detenida; exigieron a su vez que se haga justicia y sea procesada como corresponde con el fin de al menos recuperar parte de lo que se llevó.
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Robo en Naranjal: delincuentes habrían huido con el botín en una ambulancia
Continúan las investigaciones con relación al millonario asalto perpetrado en el distrito de Naranjal, donde los delincuentes robaron una sede bancaria y se realizaron al menos tres de seis allanamientos en la madrugada de este martes. Dos fiscales están al frente de los trabajos investigativos, con el apoyo de la Unidad Táctica de la Policía y la Unidad Investigativa.
En uno de los allanamientos realizados en la madrugada en la zona de 3 de Mayo, departamento de Caazapá, la policía procedió a la detención de 3 personas. Asimismo, se incautaron de una ambulancia perteneciente al Ministerio de Salud, debido a que sería la misma utilizada para que los delincuentes puedan escaparse.
El vehículo fue hallado en un taller mecánico. De acuerdo a lo informado por las autoridades policiales, el chofer habría buscado a los delincuentes en el sitio donde se abandonó el otro vehículo. Si bien el hombre aún no fue detenido, ya se tiene identificado al chofer de la ambulancia, quien habría ayudado al rescate de los asaltantes en la zona de Yñaró.
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Además de los tres detenidos, se procedió a la incautación de vehículos y varias evidencias que fueron puestas todos a disposición de la Fiscalía. También estaría implicado un expolicía, quien habría ayudado al asalto, pero que todavía no fue detenido, pero cuya participación está siendo investigada.
Los detenidos durante el procedimiento que continúa en curso son: Jorge Ariel Fernández, Ángel Rivas y Diosnel Benítez Centurión. Se presume que el presunto cabecilla de la banda, Mauricio Paniagua Medina no estaría entre los detenidos.
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Operativo Jejuí: asestan golpe superior a USD 10 millones a grupo narco en Maracaná
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con la cooperación de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), asestó un duro golpe al narcotráfico, tras la culminación del operativo denominado “Jejui”, con la incautación y destrucción de 137 mil kilos de marihuana, equivalentes a unos USD 10 millones. Los procedimientos se desarrollaron durante cinco días en la localidad de Maracaná, del departamento de Canindeyú, según el Canal GEN/Nación Media.
El titular de la Senad, Jalil Rachid, explicó que el operativo se realizó en una zona de alta productividad mecanizada, en donde se siembran grandes cultivos de maíz y tabaco, mezclados con marihuana. Refirió que en el lugar se observó una alta inversión millonaria de los financistas.
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El periodista Juan Alcaraz reportó que la droga, una vez ingresada al Brasil, su valor asciende a unos USD 50 millones, lo que se consideraría como una mega incautación.
La estrategia de los narcos ahora es mimetizar la producción de la marihuana a través de otro tipo de productos como el maíz. “Así es que fueron descubiertas las 109 hectáreas de la producción mecanizada de marihuana mezclada con producción de maíz”, informó.
El ministro Rachid explicó que el operativo fue denominado como Jejuí, porque la zona es colindante con el río Jejuí, por donde la droga es transportada hacia el vecino país.
Es de recordar que en la semana pasada, en el lugar conocido como Yvy Pytã, fueron asesinadas tres personas, quienes realizaban labores en el procesamiento de la hierba maldita, para su posterior empaquetado y su envío a distintos puntos fronterizos con el río Paraná, lo que conecta con ciudades del estado de Paraná (Brasil) y otros estados.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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