La Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) avanzan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad migratoria entre Paraguay y Estados Unidos, en una reciente reunión de sus autoridades.

Durante la reunión realizada en las instalaciones del ICE en Washington, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter y autoridades del organismo estadounidense, abordaron temas relacionados con el intercambio de información y estrategias conjuntas para el combate a delitos transnacionales.

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El ICE es un organismo que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y que cuenta con el mayor cuerpo de investigadores criminales en esta dependencia. Su labor se enfoca en la identificación y persecución de delitos vinculados al tráfico de personas, el fraude migratorio y otras actividades ilícitas transnacionales.

En el transcurso de su estadía en Washington, el director nacional de Migraciones mantuvo además una reunión con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con quienes dialogó sobre mecanismos de cooperación interinstitucional orientados al fortalecimiento de las políticas de seguridad migratoria y el combate a delitos transnacionales que afectan a ambos países.

Estos encuentros reflejan el interés de ambas instituciones en estrechar lazos con el propósito de mejorar los controles migratorios y reforzar la cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado a nivel global.

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La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

• Fuente: AFP

Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.

En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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