La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender los plazos procesales del día lunes 11 y martes 12 de enero de este año, disponiendo que los mismos venzan este miércoles 13 de enero. Esta disposición se tomó con base en los innumerables inconvenientes que tiene actualmente el expediente electrónico.
Asimismo, la presente determinación se deberá comunicar a los juzgados y tribunales a los efectos de habilitar la presentación de escritos de las partes en formato papel o formato digital hasta el día viernes 15 de enero.
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A raíz de que no se tiene sistema informático, varias audiencias en el fuero penal se tuvieron que suspender y eso generó disgustos entre los profesionales del derecho. Entre 4 y 5 audiencias en cada juzgado penal de Garantías se tuvieron que posponer por el problema en el expediente electrónico.
También en el fuero civil se tuvieron problemas para la presentación de los escritos en los diferentes juicios y es por ello que la máxima instancia judicial debe revisar correctamente el funcionamiento del expediente electrónico.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Justicia, venganza y castigo
- Por Alex Noguera
- Columnista
En la época de las cavernas, la noción de justicia o castigo era desconocida, a veces los miembros de un clan actuaban más por venganza, pero era habitual que simplemente utilicen la fuerza para conseguir un objetivo.
Al ir evolucionando la humanidad, los distintos grupos sociales comenzaron a aplicar reglas o leyes que, al ser quebrantadas, originaban penas o castigos. Así, hacia el año 1700 a. C., el rey babilónico Hammurabi establece un código con 282 reglas, que por ser “de los dioses” eran consideradas sagradas. Estas leyes se basaban en la ley del Talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente.
Con el paso del tiempo, las ciudades se fueron poblando con más y más gente y los problemas entre los individuos se volvieron más complejos y exigieron nuevas medidas. Los delitos y crímenes no se podían castigar con la misma vara, y los culpables debían pagar de maneras muy distintas. Los castigos corporales eran muy utilizados e iban desde los leves como el cepo de la vergüenza en una plaza pública hasta latigazos y cercenamiento de miembros.
La aplicación de la pena de muerte también era muy común y los métodos muy variados y crueles. Buscaban ser ejemplo para disuadir a las personas para que no cometieran el mismo error.
El uso del dinero generó codicia y envidia y el robo de monedas le resultaba más fácil a un ladrón que llevarse un objeto pesado o animales. Pero no solo se universalizaron los hurtos y asaltos, sino que también nacieron las deudas y estafas. Y al no poder pagar su compromiso, al infractor se le confiscaban sus bienes y hasta podía terminar como esclavo en las galeras.
El uso de la cárcel lentamente se fue transformando y de una función precautoria pasó a convertirse en punitiva. Entonces, para sanear las sociedades, a los malhechores se los mantenían presos en celdas y se evitaba el contacto con la gente honrada.
En resumen, los castigos son necesarios para que los avivados y violentos no prevalezcan sobre la gente de bien. La Justicia se encarga de aplicar las leyes, pero no es tan fácil ya que los malvados cada vez son más astutos y menos rigurosas las penas. En esta época los bandidos tienen más derechos que las víctimas.
Esta semana ocurrieron algunos hechos que traen esperanza hacia la gestión de Astrea. En primer lugar, la extitular de Petropar Patricia Samudio fue condenada a 4 años de prisión por el caso conocido como la compra de agua tónica. Ella, que pertenecía al primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, se burló de la oportunidad que tenía con su cargo y defraudó la confianza que se le otorgó. Creyó que tendría impunidad y de manera descarada hizo su negociado. Se equivocó. Su esposo, José Costa Perdomo, también fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
Otra Patricia que también se creyó con impunidad y más astuta que los demás es Ferreira, la titular de Imedic SA, sobre quien pesa una serie de acusaciones, desde producción y uso de documentos no auténticos, hasta asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados. Su padre, Justo Ferreira Servín, ya fue encontrado culpable y condenado a 3 años de cárcel y en el caso de ella ya comenzaron a desfilar los testigos en el juicio.
Otro que también deshonró el cargo que ocupaba es el extitular de la SEN Joaquín Roa, quien esta semana fue acusado por el fiscal Silvio Corbeta, quien pidió juicio oral y público. Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio.
La justicia tarda, pero llega. Es necesario que los que se creyeron más astutos que los que les otorgaron su confianza sean castigados ejemplarmente para que otros no intenten seguir por el mismo camino. Una gran deuda que todavía tiene la Justicia con la sociedad es el juicio al expresidente Mario Abdo Benítez, a quien Astrea toca el timbre de su casa, pero como es su costumbre, el autor de la burlona frase “¡Uy, qué miedo!” no abre la puerta. Sí, tiene miedo.
La justicia tarda, pero llega. Es necesario que los que se creyeron más astutos que los que les otorgaron su confianza sean castigados ejemplarmente para que otros no intenten seguir por el mismo camino.