El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este martes, en el milésimo día de su ofensiva contra Ucrania, el decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

“Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia”, afirma el decreto.

“Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual”, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aludiendo a lo que Putin considera “amenazas” de Occidente a la seguridad de su país.

El presidente ruso advirtió en septiembre que su país podría utilizar ahora armas nucleares en caso de “masivos” bombardeos aéreos contra Rusia.

También que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión “conjunta” susceptible de requerir tal medida.

Ucrania afirmó este martes que disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso, inaugurando una “nueva fase de la guerra”, según Moscú, que volvió a blandir la amenaza nuclear.

Un alto funcionario confirmó a AFP en Kiev que el ejército ucraniano había bombardeado la región fronteriza rusa de Briansk con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, después de que Rusia denunciara ese ataque.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que ese ataque abre una “nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia” y prometió una respuesta acorde, en declaraciones a la prensa en Rio de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20.

El gobierno del presidente Joe Biden autorizó la semana pasa da a Ucrania a golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance, en un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no se refirió directamente a esa nueva situación, pero este martes firmó un decreto que amplía las posibilidades en las cuales su país podría recurrir al uso de armas nucleares.

Esas posibilidades incluyen la de usar armas nucleares contra un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos.

Fuente: AFP

El fiscal Marcelo Saldívar fue designado para investigar la denuncia presentada por el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, quienes recurrieron al Ministerio Público denunciando a la firma Montego Trading S.A., la cual habría cometido delitos de explotación clandestina de juegos de azar y estafa. Igualmente, el agente fiscal investiga a los accionistas y directivos de Amazing S.A., por presunta producción de documentos no auténticos.

En el mes de octubre pasado, el procurador Marco González y Carlos Liseras, titular de la Conajzar, presentaron denuncia formal contra Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de Amazing S.A. y Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de la empresa Montego Trading S.A.

Ahora, el representante del Ministerio Público deberá citar a una audiencia indagatoria a los denunciados a los efectos de que los mismos puedan brindar su testimonio en relación con la denuncia que se ha hecho en su contra.

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En el escrito se explica que, a través de la resolución Nº 21/2019 del 22 de mayo del 2019, la Conajzar otorgó a la firma Amazing S.A. la autorización para la explotación de la nueva modalidad del juego de azar denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar” para su explotación, a través de un sistema de entretenimiento virtual conectado.

Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no lo hizo, por lo que habría incurrido en los delitos mencionados.

En tanto que, a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.

Según la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “CrownCity”. La Conajzar y la PGR solicitaron a la Fiscalía el allanamiento y cierre de los locales físicos, además del bloqueo de la página web.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos