El abogado Andrés Casati, defensor de las imputadas por asociación criminal, producción y uso de documentos falsos y la comercialización de medicamentos no autorizados, Patricia Ferreira y Nidia Godoy, la presidenta y la directora de la firma Imedic SA; solicitó al Ministerio Público una salida alternativa al proceso penal para sus representadas ofreciendo 50 camas de terapia intensiva.

Casati señaló: “Hemos propuesto al Ministerio Público una salida procesal de procedimiento abreviado con una condena de dos años de cárcel con suspensión condicional del procedimiento en virtud a que se ajusta al marco penal”. Para ello agregó, como reparación del daño social: “Ofrecemos 50 camas de terapia intensiva cuyo costo es de US$ 350.000”.

La solicitud deberá ser analizada por los agentes fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme, quienes días atrás ya solicitaron a la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz, que sancione a los abogados que presentan chicanas en el presente caso. Asimismo el citado profesional se olvidó que otros abogados se pasaron presentando chicanas en el presente proceso penal que hizo que hasta la fecha no se pueda llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se tiene que definir si las dos imputadas van a la cárcel o no.

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La imputación se basa en la sospecha sobre la producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas utilizadas para la importación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autorizada. Los fármacos son falsificados. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma que habría utilizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China.

Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por contrabando, en el que el juez Mirko Valinotti le benefició con el arresto domiciliario a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira.

A raíz de dicha resolución, que llama poderosamente la atención, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó informe al juzgado para tener conocimiento sobre si la actuación del magistrado se ajustó a derecho o no, y en caso de existir irregularidades podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.

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