El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Gustavo Ocampos deberá destrabar una vez más el proceso penal que soportan Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA, imputadas por asociación criminal, producción y uso de documentos falsos y la comercialización de medicamentos no autorizados en que se utilizaron facturas falsas de la empresa Eurofarma para el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia al país.
Esta vez los camaristas deberán analizar la apelación que presentaron los defensores de las dos imputadas debido a que las procesadas no quisieron comparecer ante la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se iba a definir si ambas imputadas iban a pisar la cárcel del Buen Pastor. La defensa pretendía que dicha diligencia judicial se realice vía telemática.
Por su parte, la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz se mantuvo en la postura de que ambas imputadas estén presentes en la audiencia presencial, por lo que los abogados defensores presentaron una apelación volviendo a chicanear el presente caso.
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Imputación
La imputación se basa en la sospecha sobre la producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas utilizadas para la importación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autorizada. Los fármacos son falsificados. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma que habría utilizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China.
Otro proceso
Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por contrabando en el que el juez Mirko Valinotti le benefició con el arresto domiciliario a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira.
A raíz de dicha resolución, que llama poderosamente la atención, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó informe al Juzgado para tener conocimiento sobre si la actuación del magistrado se ajustó a derecho o no y en caso de existir irregularidades podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.
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