El juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla resolvió que Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del titular del PLRA, Efraín Alegre, sigan procesados por el delito de sabotaje del sistema informático en el marco de la investigación por la contaminación de la escena del crimen en la noche del 31 de marzo y 1 de abril del 2017, ocasión en la que falleció el joven Rodrigo Quintana.
Asimismo, el magistrado declaró la prescripción de los hechos punibles de frustración de la persecución penal y alteración de datos para los imputados, Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún. Con esta resolución judicial quedan desvinculadas las tres primeras personas del caso, no así Alegre Irún y Patrón, pues ambos seguirán procesados penalmente por sabotaje a sistema informático.
Amarilla señaló que se hizo un análisis y la imputación fiscal que se presentó pasado el tiempo que tenía el Ministerio Público para ejercer la acción, porque son hechos punibles que tienen un marco penal de hasta 3 años y “la imputación fue presentada 3 años y 4 meses después de la fecha de la supuesta comisión del hecho punible, con lo cual están prescriptos dos de los delitos”, argumentó. Agregó que ahora solo “nos queda continuar con el proceso por el hecho punible que no prescribió, que es sabotaje a sistemas informáticos contra los imputados Efraín Alegre Irún y Stiben Patrón”, sostuvo.
En su acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU, con las cuales son visualizados en las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas”. La Fiscalía dice que ello constituye un hecho grave.
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Juez definirá si dos exfiscales van a juicio por recibir costosas lapicera de supuesto narco
El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
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Alertan sobre contaminación de atún enlatado con mercurio
El atún enlatado está ampliamente contaminado con mercurio de acuerdo con un estudio realizado en cinco países europeos, entre ellos España e Italia, denunciaron el martes dos oenegés que pidieron a las grandes cadenas minoristas y a las autoridades “tomar medidas de emergencia”. “Se seleccionaron aleatoriamente 148 latas en Francia, Alemania, Inglaterra [Reino Unido], España e Italia y se las hizo analizar por un laboratorio independiente. El 100 % de las latas estaban contaminadas con mercurio”, reveló la investigación realizada por la oenegé Bloom y divulgada conjuntamente con Foodwatch.
Bloom, asociación de defensa del medio ambiente, afirmó que en más de una lata de cada dos la concentración de mercurio superó el límite máximo establecido para otras especies de pescados (0,3 mg/kg). “Los límites máximos de mercurio del atún vigentes en Europa se establecieron en función del nivel de contaminación observado en los atunes -y no en función del peligro que representa el mercurio para la salud humana- con el fin de asegurar la venta del 95 % de los atunes”, señaló la investigación.
Así fue que se fijó en 1 mg/kg para el “peso de pescado fresco” y no para el producto enlatado. “Es por eso que el atún, una de las especies más contaminadas, tiene un límite máximo de mercurio tres veces más alto que el de las especies menos contaminadas”, detalló el texto.
Para Bloom y Foodwatch “no hay ninguna razón sanitaria que justifique esta discrepancia ya que el mercurio no es menos tóxico si se ingiere a través del atún. Lo único que interesa es la concentración del mercurio”. El mercurio está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las diez sustancias más preocupantes para la salud pública.
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En el océano el mercurio se mezcla con bacterias y se transforma en metilmercurio, un derivado aún más tóxico. “El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso. Se pueden observar trastornos neurológicos y de comportamiento tras la exposición”, indica la OMS.
Ante lo que califican de “verdadero escándalo de salud pública”, las ONG pidieron “medidas de emergencia” y llamaron a la Comisión Europea para que se alinee con el límite máximo más estricto que estableció para otras especies (0,3 mg/kg).
Fuente: AFP.
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Ola de indignación en Colombia por el asesinato de una niña
Miles de personas en caravana acompañaron ayer sábado el féretro de Sofía Delgado, una niña de 12 años que el jueves pasado fue hallada muerta con signos de violencia en el suroeste de Colombia tras varias semanas desaparecida. “Ningún niño debería pasar por esto. Ninguna familia debería estar pasando este dolor tan grande”, dijo a la AFP Lady Zúñiga, que llevaba una camiseta blanca con la fotografía de su hija.
Familiares de Sofía y unas 3.000 personas acompañaron los restos de la menor hasta el cementerio local de Candelaria, su municipio natal, de unos 100.000 habitantes y ubicado en departamento de Valle del Cauca (suroeste). Entre sollozos, la madre de la menor cuyo cuerpo fue hallado en una carretera cercana el jueves, la recuerda como “una niña muy dulce, muy cariñosa, juguetona, alegre, amorosa, lo más bello que Dios me pudo dar”.
“Candelaria está de luto. Colombia está de luto. Estamos dolidos, entristecidos”, señaló a la AFP Gessica Vallejo, alcaldesa de la ciudad. El ataúd fue llevado sobre el techo de un camión de bomberos. Bajo el grito de “justicia”, los acompañantes mostraron su indignación. Los exteriores del cementerio de un sector conocido como Villagorgona se desbordaron de personas que llevaban camisetas blancas, globos, flores y sombrillas.
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Al finalizar la jornada, al atardecer, los habitantes de Candelaria lanzaron al cielo cientos de globos blancos en homenaje a Sofía. Brayan Campo, vecino de la niña de 32 años, fue detenido por la policía como principal sospechoso del crimen cuando ella aún estaba desaparecida.
“En un interrogatorio iniciado, este hombre manifiesta que él había asesinado a la menor de edad y nos da el lugar donde él la abandonó”, un campo de cultivos de caña en un sector rural cercano, dijo el sábado a Noticias Caracol el coronel Carlos Ovideo, comandante de la policía metropolitana de Cali.
El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció el viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.
Destruyen casa del sospechoso
El viernes pasado, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló en su cuenta de la red social X que “las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos”. “Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”, agregó el mandatario.
El jueves, las autoridades hallaron el cadáver de la menor Sofía Delgado, que llevaba tres semanas desaparecida, en una carretera rural del departamento de Valle del Cauca (suroeste). Tras el hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a un vecino de la niña, Brayan Campo, de 31 años, como principal sospechoso del crimen.
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El hombre, acusado de los delitos de feminicidio, secuestro y ocultamiento de pruebas, reconoció este viernes su responsabilidad en los hechos durante la primera audiencia frente a la justicia por este caso. En 2018, la justicia abrió contra Campo una investigación por abuso sexual a otra niña, un proceso que finalmente prescribió sin avances.
“Hay algo que me parece curioso”, aseguró el jueves la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre el detenido. “Su hija de seis años se llama Sofía, la niña que violó hace cuatro o cinco años se llama Sofía y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía”, señaló.
Luego de su aprehensión el jueves, una turba de vecinos del sector destruyó la vivienda donde el sospechoso vivía junto a su pareja y su hija. Colombia registra, en lo que va del año, 375 homicidios de menores de edad, según datos de Medicina Legal hasta agosto. En el país, cada dos días, tres niños son asesinados.
Fuente: AFP.
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Tras analizar proyecto RUN, alientan su sanción porque significa modernización del Estado
Con la comisión de Hacienda al frente, se desarrolló una audiencia publica conjunta con varias comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, para realizar el estudio del proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” (RUN). A la reunión asistieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de distintas instituciones que participaron de la mesa técnica.
Este proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
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Este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles. Su principal misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Valoran apertura de proyectistas
Al respecto, el senador Javier Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se mostró muy satisfecho con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, y valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.
“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diálogo permanente para buscar lo mejor para el país. Sobre esto, estamos trabajando técnicamente y estamos encontrando mucha apertura en los proyectistas, y se están haciendo una serie de análisis con los principales actores que estarán en el día a día haciendo uso de esta nueva ley”, precisó.
Asimismo, sostuvo que la implementación del proyecto representará la modernización del Estado y brindará seguridad jurídica a la inversión extranjera. Destacó que con esta nueva ley se podrán identificar mejor los inmuebles y dar un fin al problema de siempre que tiene que ver con los sobre títulos de propiedad.
“Vamos a poder trabajar mejor, y dar una solución más rápida, simplificando los trámites, los plazos, con registro electrónico, cartografía única dentro del Paraguay, reducción de los costos. Son los beneficios que nos va traer esta ley, por consiguiente creo que es algo que debemos apoyar todos los paraguayos”, enfatizó.
Impacto positivo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, destacó que esta legislación será clave para modernizar la gestión catastral y registral, optimizando tanto la seguridad jurídica como la eficiencia en los procesos.
“El RUN tendrá un impacto positivo al garantizar la seguridad jurídica de los registros que administra, además de publicitar los actos jurídicos relacionados con la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales y otros derechos susceptibles de registro, siempre en conformidad con las disposiciones legales vigentes”, afirmó Benítez Riera.
En tanto, el ministro de la CSJ Eugenio Giménez destacó que la sanción de este proyecto va ser un paso importante, por lo que alentó vivamente a su sanción. “Creo que es una propuesta correcta y creo que en algún tiempo irá solucionando uno de los más grandes problemas que tiene nuestro país, que es el problema de la tierra”, indicó.
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