El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú remitió un informe al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que en la sesión pasada solicitó copias del expediente judicial caratulado “Justo Ferreira sobre contrabando”, donde se analizará la actuación del magistrado Mirko Valinotti, quien interinó a su colega Otazú y concedió el arresto domiciliario a Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA, y a su hija Patricia, presidenta de la referida empresa, quienes están procesados penalmente por contrabando, asociación criminal y producción de documento no auténticos.

Días atrás, el JEM pidió copias al agente fiscal Osmar Legal de la carpeta de investigación en la que está imputado Ferreira y su hija. Igualmente, el citado representante fiscal tendrá que remitir el informe correspondiente sobre todas las actuaciones que realizó en el presente caso.

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Una vez que la asesoría jurídica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tenga la carpeta fiscal y el expediente judicial, se analizará y, en caso de existir irregularidad del juez como del fiscal, ambos se exponen a un enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.

En el presente proceso penal llama la atención la actuación del fiscal Legal, debido a que imputó a Justo Ferreira y su hija Patricia, pero no solicitó la orden de detención de los imputados, por lo que estos comenzaron a presentar diversas chicanas para evitar someterse al proceso penal.

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En tanto, se duda de la actuación del magistrado Valinotti en vista de que el mismo estaba interinando a su colega Humberto Otazú y fijó la audiencia de imposición de medidas con absoluta celeridad y, a su vez, con el privilegio de realizar la diligencia judicial vía telemática, ahorrando que al clan Ferreira pisar los pasillos del Poder Judicial. También otro hecho irregular es que Valinotti no tuvo en cuenta las chicanas que presentó Ferreira para evitar someterse a la Justicia.

El accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y su hija Patricia están imputados por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública, en el marco de la pandemia del COVID-19.

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