La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.

Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).

Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.

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Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.

Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.

El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.

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Junto a un canal del barrio rojo de Ámsterdam, se observa una mujer tras una ventana que en realidad es el holograma de una trabajadora sexual, con el cual la policía neerlandesa espera resolver un macabro asesinato de 2009. La imagen de tamaño real de Bernadett Szabo, conocida como Betty, nubla el vidrio con su aliento y escribe la palabra “AYUDA” con su dedo.

“Hace 15 años, Betty fue asesinada de manera horrible, y la investigación nunca concluyó”, indicó a AFP el portavoz de la policía de Ámsterdam, Olav Brink. Betty, de nacionalidad húngara, tenía 19 años cuando fue brutalmente apuñalada en el burdel donde trabajaba en el histórico barrio rojo, meses después de dar a luz a su hijo.

Pese a la extensa investigación policial, el caso quedó sin resolver. Sin embargo, al revisarlo, la policía halló “pistas prometedoras en la investigación” y decidió reabrir el caso, explicó Brink. Utilizando tecnología de visualización 3D, la policía espera que la imagen de Betty provoque el reconocimiento de personas que podrían tener información sobre su asesinato.

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“Aún hay gente que sabe lo que le pasó a Betty”, afirmó Brink, quien espera que, pasados 15 años, “la gente se sienta más libre de compartir información con la policía”. La iniciativa también apunta a alertar sobre la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales. Un 78 % de las trabajadoras sexuales de Países Bajos han enfrentado violencia sexual, y 60 % reportaron violencia física, según un informe de 2018 de organizaciones de beneficencia y grupos de derechos de las mujeres.

En la semana posterior al lanzamiento del holograma y la información acompañante sobre Betty, la policía ha visto “que mucha gente lo está comentando”. En el barrio donde las mujeres miran desde cubículos con ventana y luz roja, grupos de personas paran y conversan sobre la presentación llamada “¿Quién era Betty?”. Theo, de 80 años, vecino de las afueras de Ámsterdam, dijo que leyó sobre el proyecto en la prensa y “vine especialmente para verlo”. Soyoon Jun, de 34 años, vive cerca del barrio rojo, “así que para mí fue más chocante que hubiera vecinos que enfrentaron este evento tan horrendo”.

Para Jun, quien trabaja en una beneficencia cristiana, el holograma “lo hizo real” porque “no era solo la información, sino que la gente podía sentir la impotencia que habría sentido Betty”. La policía “ha recibido varias pistas con la campaña”, confirmó Brink a AFP. Sin embargo, no han recibido la “pista de oro”, que otorga una recompensa de 30.000 euros (31.600 dólares).

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Según Brink, el holograma fue una “forma especial de llamar la atención al caso” en De Wallen (barrio rojo), “uno de los sitios más transitados de Ámsterdam, y probablemente de todo los Países Bajos”. Sin embargo, las trabajadoras sexuales de Ámsterdam podrían perder la visibilidad que tienen actualmente. El gobierno local planea reubicar el barrio rojo a un sitio en el sur de la ciudad para reducir la delincuencia y el tránsito de turistas en la zona. Decenas de miles de vecinos y trabajadoras sexuales rechazan el traslado, y más bien piden mejorar las medidas de control de multitudes y vigilancia.

Miranda K, de 57 años, vive cerca de Ámsterdam y dice que el plan de reubicación es “una pena” porque se siente segura en De Wallen. El nuevo centro estará en una zona “oscura”, dijo, mientras De Wallen tiene “turistas y gente y locales y hay de todo. Creo que es más seguro aquí”. “Para mí no se trata solo de encontrar a Betty o de quién era Betty, sino sobre (...) estas otras mujeres en las calles”, indicó.

Fuente: AFP.

El fiscal Deny Pak presentó acusación contra el pastor José Alberto Insfrán Galeano, investigado en el marco de la causa A Ultranza Py, y pidió que el proceso penal se eleve a juicio oral y público. El escrito se presentó ante la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el caso pasa a la siguiente instancia.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para poder abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro de los puntos que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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Una delegación paraguaya participó de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez que tuvo lugar en Bogotá (Colombia). La comitiva estaba integrada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia; Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia; el defensor general Javier Esquivel; Ángel Ortellado, viceministro de Salud; Raquel Lovera, representante del ministerio de Salud, y Rosana Vega, representante de Unicef en Paraguay,

La conferencia reunió a más de 100 gobiernos que asumen el compromiso para erradicar la violencia contra los niños, incluyendo la prohibición de castigos físicos, que afecta regularmente a tres de cada cinco niños en su hogar. El evento fue organizado por los gobiernos de Colombia y Suecia en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.

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Entre los compromisos asumidos se abordó la mejora del servicio para víctimas de violencia, con que algunos países aceptaron optimizar la asistencia para los niños. Asimismo, erradicar el acoso escolar. También algunos países se comprometieron a invertir en la prestación de apoyo esencial a la crianza, una de las intervenciones más eficaces para reducir el riesgo de violencia en el hogar.

La conferencia se desarrolló en dos jornadas, los días 7 y 8 de noviembre, organizada en paneles que enfocaron diversos abordajes de la protección de los niños en todo el mundo. El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con defensores especializados para la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes.

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