Con el arresto domiciliario resuelto por el juez interino Mirko Valonitti, se favoreció al empresario Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira el pasado 27 de noviembre y con esto se pudo concretar el primer objetivo trazado por su defensa, la de lograr la prisión domiciliaria y evitar la prisión preventiva. Todo esto ocurre con la complacencia del Ministerio Público.

El primer paso de este plan fue ejecutado por el propio agente fiscal a cargo de la investigación, Osmar Legal, quien sugestivamente, y en contra de las prácticas usuales, requirió prisión preventiva, pero no ordenó la detención preventiva de los imputados, lo que dio vía libre a las chicanas (incidente de nulidad de la imputación, reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y fijación de la audiencia de medias, recurriendo en todos los casos hasta la CSJ). Con esto se impidió duramente todo este tiempo que se trate el requerimiento de prisión preventiva.

Luego de pasado varios meses, con el caso ya fuera del radar de la prensa, la semana pasada los mismos imputados, que todo el tiempo evadieron la audiencia de imposición de medidas, solicitaron voluntariamente al Juzgado de Garantías que se fije la audiencia que tanto tiempo impidieron que sea realizada.

Llamativamente, esto ocurrió cuando el juez original de la causa, Humberto Otazú, había salido de permiso y le interinaba el juez Mirko Valinotti. Puede verse que esto no fue casualidad, puesto que dicho magistrado fijó inmediatamente la audiencia de imposición de medidas y concedió a los imputados el arresto domiciliario, en contra del requerimiento fiscal que había solicitado la prisión preventiva. Se pudo averiguar que el fiscal Legal no apeló la medida y el plazo para interponer el recurso ya habría transcurrido.

Otro hecho no menos importante, y que también sirvió para favorecer a los Ferreira, es que el fiscal Legal no imputó por tentativa de estafa por la adulteración de las mascarillas quirúrgicas, pese a que este fue el principal hecho e incluso denunciado por el ministro, Julio Mazzoleni. La imputación es solamente por el contrabando de 50 camas hospitalarias con lo cual baja sustancialmente la gravedad del hecho.

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Hasta la fecha el fiscal Legal no formuló imputación por el hecho principal relacionado a las mascarillas adulteradas, a pesar de tener sobrados elementos para ello. Tampoco inició una investigación por el delito de lavado de dinero, a pesar de contar con un informe de la Seprelad con evidencia contundente al respecto.

Según fuentes fidedignas, existe una cercana vinculación entre el fiscal Osmar Legal y Ricardo Preda, uno de los abogados que están detrás de la defensa del clan Ferreira. Esta sería la razón de las constantes “ayudas” que recibió la familia Ferreira a lo largo de este proceso. Según esta información, Legal es amigo cercano del citado letrado, ya que este habría sido abogado de la familia del agente fiscal.

Para evitar inhibiciones, no firma los escritos el abogado Ricardo Preda, sino que intervienen abogados que integran su estudio jurídico, como Marcio Batilana y José dos Santos.

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