El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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La justicia hizo lugar al pedido de arresto domiciliario para el canoero Alcides Adorno Insfrán, quien estaba procesado por el suceso en el que padre e hijas fueron encontrados sin vida en el río Paraná. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar. Adorno Insfrán estuvo por varios días recluido en la comisaría local para luego ser trasladado hasta la penitenciaria de Ciudad del Este.

El hombre fue detenido por presunta complicidad tras la desaparición de Rafael Ortiz y sus tres hijas, debido a que habría prestado su canoa para que Rafael Ortiz pase al lado argentino. Sin embargo, días después se dio el triste desenlace. Está imputado por presunta violación en el deber del cuidado.

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En la misma causa está detenido Felipe Ortiz Colina, padre del fallecido y abuelo de las niñas, quien sigue detenido, mientras que Adorno Insfrán fue beneficiado con prisión domiciliaria. Con relación al abuelo de las niñas, el mismo sigue privado de su libertad de acuerdo a las informaciones de las autoridades competentes.

En zona de Mayor Otaño (Itapúa) se reportó el viernes pasado el hallazgo de cuatro cuerpos flotando en el río Paraná. Las autoridades iniciaron las investigaciones para corroborar si podrían ser el padre y sus hijas desaparecidos desde el domingo 3 de noviembre pasado. Finalmente se constató el peor escenario.

El capitán Claudio Ramírez, segundo comandante del Área Naval del Este, informó a La Nación/Nación Media que, de acuerdo al reporte que recibió desde la zona del hallazgo, pobladores del lugar divisaron los cuerpos de un hombre y de tres niños, entrelazados, en aguas del Paraná.

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La jueza penal de Garantía, Alicia Pedrozo, concedió el arresto domiciliario a Víctor Pantaleón Valiente, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, imputados por coacción, estafa y asociación criminal por el caso conocido como amaño de partidos de fútbol con el fin de tener ganancias en apuestas deportivas en el marco del Operativo BET. La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo en el tercer piso de la torre norte del Palacio de Justicia.

De acuerdo a las autoridades encargadas de la investigación, el imputado Luis Esteban Cañete Torres, sería líder del grupo, junto a Milciades Senen Cañete Grance y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quienes estarían implicados en los sobornos a jugadores para que estos bajen su rendimiento en los partidos y así lograr ganancias a través de apuestas.

También están investigados Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, quienes habrían reclutado a otros jugadores.

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Días atrás, varias comitivas policiales y fiscales llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en los departamentos de Central y Guairá, esto en el marco de una investigación realizada por el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional en torno a hechos de supuesta coacción y otros delitos.

Según manifestaron los intervinientes del operativo BET, se trataría de una red de personas que operaría en el ámbito futbolístico, realizando sobornos a jugadores y dirigentes para que los equipos alteren sus resultados. Este esquema involucraría a varios equipos de fútbol a nivel local y ya habría permeado en diversas divisiones y categorías.

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El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.

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La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.

“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.

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