El Ministerio Público se encuentra analizando apelar la resolución del juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien el pasado viernes otorgó el arresto domiciliario a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, quienes están imputados por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Son varios los agentes fiscales que intervienen en este caso y los mismos se reunirán para poder resolver si recurren al Tribunal de Apelación solicitando que se revoque la determinación adoptada por Valinotti a favor del clan Ferreira. En caso de ser así, se pedirá que Justo y su hija pisen la cárcel de Tacumbú y del Buen Pastor, respectivamente.
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La resolución del citado magistrado llamó mucho la atención, en vista a que en este caso se plantearon varias chicanas al solo efecto de dilatar el proceso y evitar que padre e hija se sometan a la justicia, pero este punto el juez no tuvo en cuenta y los premió con el arresto domiciliario.
De acuerdo a la presente resolución judicial, padre e hija tienen una fianza de US$ 1,5 millones más la prohibición de cambiar de domicilio y la prohibición de salida del país.
Semanas atrás, la propia Cámara de Apelaciones había ratificado la imputación contra los dos procesados.
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Masivas protestas en Turquía por arresto del alcalde de Estambul
- Estambul, Turquía. AFP.
Turquía se prepara este viernes para un tercer día de protestas, con nuevos llamados a manifestar en apoyo a Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y máximo rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, detenido por “corrupción” y “terrorismo”. El presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), Özgur Özel, convocó a los turcos a salir a las calles el viernes por la noche para protestar contra el arresto de Imamoglu.
El popular y carismático alcalde de Estambul, miembro de CHP, fue detenido el miércoles en el marco de una operación en la que también fueron arrestados un centenar de sus colaboradores, diputados y miembros del partido. Imamoglu está acusado de “corrupción” y de “apoyo a una organización terrorista”, según el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç.
El alcalde, que el domingo iba a ser proclamado candidato de su partido para las próximas presidenciales, previstas en 2028, fue trasladado a un centro policial, indicó su entorno. Pese a que el gobernador de Estambul prohibió los mitines y manifestaciones hasta el domingo, miles de personas han salido a las calles las últimas dos noches. La policía utilizó gases lacrimógeno y balas de goma para impedir que los manifestantes accedieran a la emblemática plaza Taskim. También se registraron manifestaciones en Ankara, la capital, e Izmir, la tercera ciudad del país.
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Acusados de “corrupción”
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue detenido el miércoles, así como decenas de sus colaboradores y diputados de su partido, acusados de “corrupción”, según el fiscal de la ciudad. La agencia de noticias oficial Anadolu también menciona acusaciones de “terrorismo” y de “ayuda al PKK”, el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, contra siete sospechosos, entre ellos Imamoglu.
Según indicó su entorno, el alcalde, quien iba a ser el candidato de su partido en las próximas elecciones presidenciales, fue trasladado a un centro policial. En un video publicado en X, se ve al edil de 53 años denunciando el allanamiento de su domicilio: “Cientos de policías llegaron a mi puerta (...) Confío en mi nación”, dijo.
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Según el comunicado de la oficina de la fiscalía de Estambul, Imamoglu está acusado de corrupción y extorsión, y es señalado como el jefe de una “organización criminal con ánimo de lucro”. Imamoglu es el único en la carrera para representar a su partido en los próximos comicios presidenciales, previstos en 2028, y tenía que ser oficialmente designado el domingo en las primarias de su formación, el CHP.
El martes, la universidad de Estambul anuló su diploma, lo que añadió un nuevo obstáculo a su candidatura. Según la Constitución, es obligatorio tener un diploma a nivel universitario para cualquier candidatura a las funciones de jefe de Estado. Imamoglu tachó la decisión de “ilegal” y anunció que iba a recurrir la medida ante los tribunales.
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Jueza ordenó arresto domiciliario de Luis Montanaro
La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, otorgó arresto domiciliario al empresario Luis Augusto Montanaro, imputado por coacción debido al envío, vía arreglo floral, de una amenaza a la fiscala Ruth Benítez, quien investiga a Montanaro por el caso conocido como Duck Sex Games.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo ante la mencionada magistrada quien hizo lugar y ordenó el arresto domiciliario.
El abogado Daniel Schreiber, defensor de Montanaro, sostuvo que su representado tiene arraigo familiar, una actividad laboral lícita y ofreció como garantía un inmueble valorado en G. 990 millones. Además, señaló que las circunstancias que originaron el pedido de prisión preventiva han variado, ya que Montanaro Bedoya ha sido beneficiado con medidas sustitutivas en otras causas.
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El juzgado consideró que se ha desvirtuado el peligro de fuga, ya que Montanaro Bedoya ha demostrado arraigo en el país y ha ofrecido una fianza real. Asimismo, no se encontraron méritos para sostener que pueda obstruir la investigación.
Otro proceso
Montanaro enfrenta otro proceso penal por el delito de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.
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Caso Filicópteros: fallo a medida para Filizzola, tras años de acciones dilatorias
Luego de presentar una innumerable cantidad de chicanas por más de trece años con los demás procesados, el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, obtuvo una resolución a medida, atendiendo a que la jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia con lo que el presente caso queda impune.
En su momento y con la ayuda de algunos ministros de la Corte que hoy ya no forman parte de la máxima instancia judicial, Filizzola logró anular la acusación original y otras resoluciones en torno al presente caso, por lo que el presente proceso nunca se pudo discutir en un juicio oral y público.
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Acusación
En el presente caso se presentó la acusación contra Filizzola y otros procesados en fecha 23 de mayo del 2014, por parte de los entonces fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera. Se fijó la fecha para la audiencia preliminar donde se decidió elevar el presente caso a un juicio oral y público.
Luego, la defensa de Filizzola y demás procesados recurrieron a la sala constitucional de la Corte buscando dejar sin efecto la resolución judicial que había elevado a juicio oral. Los integrantes de la Corte que favorecieron a Filizzola y demás procesados fueron Sindulfo Blanco, Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró entonces la máxima instancia judicial.
Los españoles que estaban procesados con Filizzola fueron Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova. La acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Juan Ernesto Villamayor –a quien el presidente electo Mario Abdo Benítez designó como ministro del Interior–, a más de sus colegas Sergio Coscia, bajo patrocinio de Bettina Legal.
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Se suspendió la audiencia preliminar de 21 acusados que por dinero ofrecían cargos en el IPS
A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.
Los acusados son:
- Zulma Verónica Villalba Colmán
- Eduvigis Espínola
- Fátima Patricia Agüero Stehlik
- María Luján Aguilera Chaparro
- José Manuel Agüero Stehlik
- Carlos Barreto Ocampos
- Jennifer Karina González
- José Genaro Santacruz Frutos
- Reina Torres Vda. De Duarte
- Rodolfo Ramón Velázquez Caje
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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:
- Yolanda Teresa Balbuena Martínez
- Jorge Manuel Ferreira
- Edgar David Amarilla
- Lourdes Rocío Agüero Stehlik
- Carolina Martínez Escurra
- Blas Antonio Verón
- Fátima Adelaida González
- Hilario Velázquez Santacruz
- Jorge Felipe Saboredo
- Cynthia Adriana Caje Cabral
- Juana Anastasia Torres Coronel
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.
El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.
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