La agente fiscal de Caacupé Angélica Insaurralde formuló imputación contra R.H.O. por la supuesta comisión del hecho punible de desacato a una orden judicial. El hombre se negó a realizarse la prueba de ADN en el marco de una investigación penal que averigua el paradero de una niña de siete años, desaparecida en Emboscada en abril pasado.
El imputado no se opuso, puesto que no apelaron en su momento, por tanto estaba firme la realización del examen de ADN, sostiene la imputación penal. Agrega que una vez que debía realizarse la diligencia, el hombre se negó al procedimiento, incumpliendo la disposición judicial.
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Según los antecedentes, la representación fiscal había iniciado una investigación sobre supuesto hecho punible de desacato a partir de la denuncia realizada por la jueza penal de Garantías de Cordillera sobre un supuesto hecho punible contra la ley que sanciona el desacato. El hecho ocurrió en el marco de la causa de otro hecho punible contra niños y adolescentes. Ante la negativa que constituye un acto ilegal, la agente fiscal procedió a la respectiva imputación del hombre.
Asimismo, la madre de la niña desaparecida también fue imputada por desacato a una orden judicial por negarse a ser sometida al examen de ADN.
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Ministerio de Justicia inició separación de condenados y procesados en cárceles de Emboscada y Misiones
El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.
La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.
Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.
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Imputan a funcionaria judicial y a otra persona por extorsión
El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario para ambos imputados.
Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación, citar a los dos imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria o son beneficiados con el arresto domiciliario.
Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestros de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestros de Personas de la Policía Nacional.
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De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.
En ese orden, a inicios del mes de mayo del 2024, Carlos Miguel Stehlik habría utilizado el perfil de Instagram, _marthugomez, mediante el que entabló conversación con el denunciante e intercambiaron fotografías íntimas. Posteriormente, Carlos Miguel utilizando el usuario citado le habría solicitado primero la suma de G. 750.000, luego G. 6.000.000 para no mencionarle lo ocurrido a un familiar cercano a este, en la cual a solicitud del hoy investigado, el afectado habría enviado el dinero a la cuenta de un banco.
Luego, el 20 de julio de 2024, Carlos Miguel se habría comunicado vía red de mensajería WhatsApp con la víctima en dos ocasiones, a través de números distintos, la primera vez habría solicitado la suma de G. 5.000.000 y en la segunda habría solicitado la suma de G. 8.000.000 a fin de no divulgar sus fotografías íntimas. A raíz de esa amenaza la víctima accedió y transfirió el dinero solicitado y posteriormente bloqueó uno de los números.
El 17 de agosto de 2024, Tania Giselle Galeano a solicitud de Carlos se habría contactado también con la víctima solicitándole que desbloquee el número del cual había recibido las exigencias de pago de dinero, y al desbloquearlo le volvió a solicitar en varias ocasiones las sumas de G. 4.000.000 y G. 10.000.000.
Luego, del número perteneciente a Tania Giselle Galeano, también le habría solicitado la suma de G. 5.000.000 respectivamente, con el fin de no difundir las fotografías íntimas. Todos los depósitos habrían sido realizados a solicitud de los extorsionadores a la cuenta de un banco, correspondiente a Carlos Miguel Stehlik Maciel, totalizando así la suma de G. 30.000.000, aproximadamente.
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Tío Rico es atendido de urgencia en un centro asistencial
El Ministerio de Justicia informó que debido a problemas de salud de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, está siendo atendido por personal médico, bajo estrictas medidas de seguridad. No se descarta su traslado a un hospital de algún punto del país.
Días atrás, Miguel Mendieta, defensor de Miguel Ángel Insfrán, había denunciado que su defendido estaba con sangrado interno que le podría producir un deterioro en su estado de salud. Insfrán fue sometido a una cirugía bariátrica y seguía un tratamiento dentro de la cárcel militar de Viñas Cué.
Tío Rico fue trasladado hasta la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú donde actualmente está privado de su libertad a disposición de la justicia. Los internos asignados a este pabellón de máxima seguridad deben ceñirse a estrictas reglas, como el uso de uniformes y la permanencia por 22 horas en la celda. Se trata de celdas individuales que cuentan con una cama con colchón, sábanas y frazadas, además de baño con ducha.
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Meses atrás la jueza Rosarito Montanía resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Miguel Ángel Insfrán. La determinación se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora el tribunal de sentencia que juzgará al acusado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio.
Igualmente en el presente proceso están procesados varias personas que fueron detenidas durante el operativo A Ultranza Py.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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