El próximo 19 de noviembre seguirá el juicio oral y público para siete acusados por narcotráfico, vinculados a la incautación de 1.375 kilos de cocaína hallados en la estancia El Tigre del Chaco. La audiencia oral se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que la fiscala del caso es Ingrid Cubilla.

En el juicio están siendo juzgados Waldemiro Ymas González, Porfirio Osorio Villagra, Pablo Roble Benítez, Porfirio Chávez Núñez, Albino Núñez Peralta, Édgar Cantero y Terecio López Morel.

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De acuerdo a la acusación fiscal, los procesados son miembros activos de una asociación criminal que se encargaba del acopio y custodia de la carga de sustancias estupefacientes. A su vez, comercializaban de la siguiente manera: el lugar de origen de la droga sería Perú e ingresaba al territorio nacional vía Bolivia hasta el establecimiento El Tigre.

El Ministerio Público refiere que los acusados conocían la existencia y tenían el dominio de las sustancias incautadas, ya que fueron sorprendidos en flagrancia dentro del establecimiento El Tigre. Los bidones de acetato de etilo encontrados en el lugar son un solvente utilizado en la conversión de la cocaína básica en clorhidrato de cocaína.

Los antecedentes del caso refieren que el 24 de febrero del 2021, la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Boquerón y Alto Paraguay, a cargo de Andrés Arriola, realizó un procedimiento en el establecimiento rural denominado El Tigre, lugar en el que se encontró un total de 1.375 kilogramos de cocaína, además de vehículos, una avioneta de procedencia boliviana y tambores que contenían acelerantes para el polvo blanco.

El establecimiento está ubicado en la localidad de Agua Dulce, limítrofe con Bolivia. El procedimiento se realizó conjuntamente con personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos, así como también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

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El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.

De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.

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La jueza de Garantías, Diana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, acusados por estafa, cuyas víctimas son los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro, quienes compraron de los acusados departamentos en construcción que nunca fueron entregados.

Ahora se deberá realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a los dos acusados. Asimismo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

El Ministerio Público pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba para llegar a una sentencia condenatoria.

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La fiscalía acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad. Ambos fueron denunciados por los jugadores de fútbol Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.

A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, pero no sucedió, según consta en la acusación.

Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas también fue víctima de la estafa.

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El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.

L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.

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“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.

El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.

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Fuente: AFP.