La Oficina de Ética Judicial de la Corte Suprema de Justicia recuerda a magistrados y funcionarios judiciales a mantener su independencia con relación a los partidos políticos, asociaciones, nucleaciones, movimientos o cualquier estructura organizada de poder y a sus dirigentes o representantes, según lo establece el Código de Organización Judicial.
La prohibición establecida en el artículo 238 menciona claramente que se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía, de participar en actividades políticas.
Asimismo, el artículo 10, que habla sobre la independencia, que “es deber del juez ejercer la función judicial con absoluta independencia de factores, criterios o motivaciones que sean extrañas a lo estrictamente jurídico”. En tal sentido, el juez debe mantener su independencia con relación a los partidos políticos, asociaciones, nucleaciones, movimientos o cualquier estructura organizada de poder y a sus dirigentes o representantes (Código de Ética Judicial).
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Del mismo modo, es deber del funcionario ser objetivo, subordinar el desempeño de sus funciones a las normativas, reglas y procedimientos, y no a las preferencias, afinidades o conveniencias personales. El funcionario objetivo guiará y ajustará su conducta de acuerdo a lo siguiente: evitar toda conducta que pudiera implicar la búsqueda de apoyo político-partidario, o de cualquier otra índole, para la obtención de beneficios en su carrera como funcionario público.
En caso de incumplimiento de estas normativas, se sugiere la remisión de las denuncias correspondientes a la Oficina de Quejas y Denuncias y/o a la Oficina de Ética Judicial, a sus efectos.
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Johana Ortega traspasó la línea de la ética y la honorabilidad, cuestiona exdiputado
El exdiputado patriaqueridista Sebastián García cuestionó la doble moral de la diputada del Partido País Solidario (PPS) Johanna Ortega, que ya adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja, pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales que apunta a la intendencia de Asunción. La diputada Ortega le había cuestionado al exlegislador en 2021 por realizar campaña para la intendencia de Asunción mientras ocupaba una banca en el Congreso.
El exparlamentario señaló que en aquel tiempo, cuando Ortega ejercía el cargo de concejal de Asunción, ni ella estaba de acuerdo con lo que sostenía. Las expresiones del exlegislador se dieron durante una comunicación con radio 1020am.
“Empezó con cierta deshonestidad intelectual, es como que no está siendo genuina, ni sincera con la gente. Lastimosamente ha tocado una fibra muy sensible, porque en política podemos caer en vocerías, podemos discutir, podemos decirnos cosas. Pero hay fibras y fibras que se pueden tocar en las repetidas conversaciones. Yo creo que ahí, ella traspasó una línea, que tal vez en ese momento no se veía, pero traspasó la línea de la ética y la honorabilidad, que cuesta muchísimo sostener ocupando el cargo”, comentó.
El exparlamentario lamentó que en ese tiempo encaró el tema de una manera que los ponía a ellos como los malos y ellas desde un pedestal moralista.
“Hoy está demostrando una semejante incoherencia, porque es una absoluta incoherencia, el tratar de demostrar que te olvidaste, o que cambiaste de parecer. Está perdiendo toda autoridad moral para poder después, el día de mañana, acusarle o señalarle a otros de deshonestos o incoherentes”, expresó.
Agregó que pareciera una cosa banal, pero debería tener la forma de sostener el discurso que lleva con los actos.
“Creo que con esto ella se queda totalmente en offside, para futuras acusaciones y futuras posturas firmes que adopte como una opositora. Encima, lanza su candidatura a la intendencia municipal como si fuera que no hubiese suficiente trabajo legislativo que hacer, busca ganarse el foco de atención lanzando una candidatura totalmente traída de los pelos”, cuestionó.
García señaló que ya conoce el juego que lleva adelante la diputada Ortega al lanzar su candidatura a la intendencia, para luego buscar supuestamente una candidatura única en la oposición y alegar que no se le hizo caso y termina haciendo el mismo juego que le hizo al oficialismo en el 2021.
“Ya conocemos esta historia, y hay que poner en evidencia cuando se usó esa bandera moralista, esa bandera de la ética como muletilla de campaña”, concluyó.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.
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Mesa interinstitucional elabora plan para reglamentar uso de pagaré electrónico
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), del Viceministerio de Industria y Comercio (MIC), magistrados y miembros de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Civil y Comercial, así como de la Oficina Técnica de Apoyo a la Judicatura de Paz con el objetivo de elaborar un plan para reglamentar el uso de títulos de crédito en formato electrónico.
El ministro de la máxima instancia judicial destacó que el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, tiene un especial interés en la implementación de estos documentos en formato electrónico, con el propósito de brindar mayor seguridad y agilizar las transacciones, además de facilitar su ejecución judicial.
En ese sentido, el alto magistrado explicó: “Por eso nos reunimos, con el fin de comenzar a redactar una normativa en abstracto, en conjunto con el MIC y el BCP, para reglamentar debidamente el proceso y evitar inconvenientes en la circulación y materialización electrónica de estos documentos, así como en su posterior ejecución judicial” indicó.
Asimismo, manifestó su satisfacción con los avances logrados y adelantó que se llevarán a cabo nuevas reuniones para dar seguimiento al mecanismo adoptado.
También participaron de la reunión varios camaristas del fuero civil y comercial, entre ellos: Pierina Ozuna, Hugo Garcete, Giuseppe Fossati López, entre otros magistrados. También estuvieron la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Lic. Rosa Liz chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez. La actividad se desarrolló en el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de la Capital.
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