La fiscala Vanesa Candia formuló imputación por el delito de incumplimiento del deber alimentario contra cinco hombres que se niegan a pasar asistencia alimenticia a sus hijos menores de edad. Las imputaciones se dieron en distintas causas penales tras recibir las denuncias sobre incumplimiento del deber legal alimentario, y que se llevan adelante en la Unidad Penal Nº 7 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.
Los datos señalan que, con anterioridad, los hoy imputados fueron sentenciados por distintos juzgados de la Niñez y Adolescencia a pagar sumas de dinero que oscilan entre G. 400 y G. 500 mil mensuales a favor de sus hijos y que debían depositar en cuentas judiciales del Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, los sospechados desobedecieron las resoluciones judiciales.
Debido a esta situación, los sindicados fueron denunciados ante el Ministerio Público por las madres de los menores. En prosecución de las investigaciones, y tras recibir los informes respectivos sobre los distintos casos de la entidad bancaria, la fiscala Vanesa Candia presentó las imputaciones.
La identidad de los imputados se mantiene en reserva para proteger a los menores de edad, de conformidad a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahora se deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión en el presente caso.
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Tribunal de Conducta del PLRA debe resolver denuncia contra Hugo Fleitas
Un grupo de miembros del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), junto a movimientos internos y algunos legisladores presentaron una denuncia contra Hugo Fleitas, presidente de la organización política, argumentando el incumplimiento y la violación de numerosos artículos del estatuto liberal. El diputado Rodrigo Blanco sostuvo que esta decisión apunta a recuperar la institucionalidad del partido ante la crisis dirigencial.
“Yo creo que, independientemente a lo que lo que tenga que decidir o vaya a decidir el Tribunal de Conducta, creo que lo más importante a destacar en este caso es el esfuerzo que está haciendo por recuperar la institucionalidad del partido”, indicó Blanco en conversación con La Nación/Nación Media. Así también, indicó que lejos de tomar decisiones en mayoría, la Convención, se ha tomado el camino que marca el estatuto partidario, dejando en manos del Tribunal de Conducta partidario, tomar la decisión sobre las sanciones ante esta denuncia.
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“El único órgano sancionador en el partido es el Tribunal de Conducta, que sea el Tribunal de Conducta el que evalúe y el que decida finalmente conforme a un proceso que tiene que ser llevado con todas las garantías para todas las partes”, aseveró.
La sanción solicitada por el grupo de liberales, es la separación del cargo al actual presidente del PLRA. “La sanción que se solicita, es una sanción de segundo grado establecida en el estatuto, la cual establece puntualmente la separación del cargo, no la expulsión en calidad de afiliado, sino la separación de las funciones, en este caso de presidente, que hoy le corresponde a Hugo Fleitas”, explicó el legislador.
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Por otra parte, se refirió a la acción presentada por un sector del partido ante la Justicia Electoral contra la decisión tomada por la Convención realizada el pasado 6 de octubre, donde se resolvió adelantar las elecciones internas para el 17 de agosto del 2025.
“Finalmente, la Justicia Electoral es la que va a resolver esta situación, es lo que corresponde, nosotros estamos sumamente tranquilos y seguros del proceder que se ha tenido todo este tiempo y estamos muy confiados que todo este proceso va ser ratificado y vamos a tener elecciones partidarias el próximo 17 de agosto del 2025″, sentenció.
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Triple choque en Sanber: imputan a conductor que causó accidente y piden su prisión
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino.
Ahora la jueza penal de Garantía de Caacupé, Silvia Cáceres, deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se ordena la prisión del autor del terrible accidente que acabo con la vida de varias personas.
Igualmente, de acuerdo a los primeros reportes se confirmo que el conductor que ocasionó el accidente de tránsito dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
Sanabria Vierci también resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Roque de Asunción. El mismo estaba al mando de una Volkswagen Tuareg, de color azul. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.
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En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes; tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
En una cámara de circuito cerrado se observa que el vehículo al mando de Sanabria Vierci cruzó en el carril contrario y embistió de frente contra los vehículos.
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Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
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Informe de CGR expone el apuro fiscal para blanqueo a Bataglia
El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.
Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.
En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.
Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.
El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.
UNO DE VARIOS EJEMPLOS
Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.
En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.
La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.
La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.
Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos