El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez ratificó la imputación por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos contra Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA, y de su hija Patricia Ferreira. Padre e hija chicanearon presentando un incidente de nulidad del acta de imputación, que en setiembre de este año ya fue confirmada por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
Ahora, el magistrado Otazú tiene vía libre para fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si Ferreira y su hija van a la cárcel así como solicitó el Ministerio Público. Ambos con base en presentaciones de chicanas siguen evitando someterse a la Justicia en el caso conocido como la compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia del COVID-19.
El pasado 22 de setiembre de este año, el juez Humberto Otazú rechazó el incidente de nulidad presentado por la defensa del imputado Justo Ferreira. En dicha oportunidad el magistrado fundó su fallo señalando que “el Ministerio Público ha identificado al procesado Justo Rubén Ferreira Servín, pues se han consignado sus datos personales, detallando sucintamente los hechos que se les imputan sobre la base de algunos elementos de sospecha e indicado el tiempo estimado para formular requerimiento conclusivo, por lo que no se ha vulnerado ningún principio al derecho de la defensa, teniendo en cuenta que la Fiscalía lo hizo dentro de sus atribuciones, de sus deberes conforme a lo que establece la ley”.
Otros procesados
En el presente caso también están procesados por el mismo delito que el clan Ferreira, Guillermo Molina, Gustavo Acosta, Mario Olmedo, Carlos Gamarra y Lauri Pohl. Para todos ellos se solicitó la prisión preventiva.
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No ordenó detención
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira y a las demás personas, presuntamente habría violado el artículo 240 del Código Procesal Penal, que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad competente pueda ordenar la detención de un imputado.
La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posibilitó que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chicanas y evitar someterse a la Justicia.
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