El exministro de la Secretaría de la Función Pública Humberto Peralta fue encontrado culpable por calumnia y condenado por el juez de Sentencia Fabián Weinsensee a pagar 100 días de multa al Estado. Asimismo, la Justicia impuso que el sentenciado pague una composición de G. 150 millones al ingeniero Ever Cabrera, así como G. 100 millones a Sandra Barrios y otros G. 100 millones a exfuncionarios del INTN, quienes fueron los accionantes en el presente caso.
Los abogados querellantes fueron Ricardo Estigarribia y Víctor Estigarribia, quienes arrimaron los elementos de prueba para que el magistrado Fabián Weinsensee pueda aplicar la condena contra el exministro de la Secretaría de la Función Pública.
La querella fue presentada por los funcionarios Sandra Barrios, Basiliza Sánchez y Ever Cabrera, quienes formaban parte del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Los afectados alegan que el alto funcionario había denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos a los querellantes y a otras personas más por ejercicio de la docencia a tiempo completo en detrimento de sus funciones en el INTN. Con base en la referida denuncia, los afectados presentaron la querella sosteniendo que es falsa la denuncia formulada por Humberto Peralta.
Tras años de haberse presentado, el caso llegó a juicio oral y el extitular de la Secretaría de la Función Pública fue sentenciado a multas millonarias.
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Estancia El Tigre: juicio oral por megacarga de cocaína seguirá el 19 de noviembre
El próximo 19 de noviembre seguirá el juicio oral y público para siete acusados por narcotráfico, vinculados a la incautación de 1.375 kilos de cocaína hallados en la estancia El Tigre del Chaco. La audiencia oral se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que la fiscala del caso es Ingrid Cubilla.
En el juicio están siendo juzgados Waldemiro Ymas González, Porfirio Osorio Villagra, Pablo Roble Benítez, Porfirio Chávez Núñez, Albino Núñez Peralta, Édgar Cantero y Terecio López Morel.
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Acusación
De acuerdo a la acusación fiscal, los procesados son miembros activos de una asociación criminal que se encargaba del acopio y custodia de la carga de sustancias estupefacientes. A su vez, comercializaban de la siguiente manera: el lugar de origen de la droga sería Perú e ingresaba al territorio nacional vía Bolivia hasta el establecimiento El Tigre.
El Ministerio Público refiere que los acusados conocían la existencia y tenían el dominio de las sustancias incautadas, ya que fueron sorprendidos en flagrancia dentro del establecimiento El Tigre. Los bidones de acetato de etilo encontrados en el lugar son un solvente utilizado en la conversión de la cocaína básica en clorhidrato de cocaína.
Los antecedentes del caso refieren que el 24 de febrero del 2021, la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Boquerón y Alto Paraguay, a cargo de Andrés Arriola, realizó un procedimiento en el establecimiento rural denominado El Tigre, lugar en el que se encontró un total de 1.375 kilogramos de cocaína, además de vehículos, una avioneta de procedencia boliviana y tambores que contenían acelerantes para el polvo blanco.
El establecimiento está ubicado en la localidad de Agua Dulce, limítrofe con Bolivia. El procedimiento se realizó conjuntamente con personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos, así como también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
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Dos acusados enfrentarán juicio oral por estafar a exfutbolistas
La jueza de Garantías, Diana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, acusados por estafa, cuyas víctimas son los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro, quienes compraron de los acusados departamentos en construcción que nunca fueron entregados.
Ahora se deberá realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a los dos acusados. Asimismo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El Ministerio Público pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba para llegar a una sentencia condenatoria.
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La fiscalía acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad. Ambos fueron denunciados por los jugadores de fútbol Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.
A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, pero no sucedió, según consta en la acusación.
Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas también fue víctima de la estafa.
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Caso Samuelito: madre indignada por libertad de condenado por la muerte de su hijo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En setiembre de 2023, Lucas Gabriel González Leiva fue condenado a 12 años de cárcel por la muerte del niño de 11 años, Francisco Samuel Moreira Benítez, por atropellarlo en la vereda donde compartía con su familia. El joven estaba alcoholizado y drogado, según se demostró en juicio. El 1 de noviembre pasado obtuvo arresto domiciliario y la medida generó mucho dolor en la familia del niño. Sonia Benítez Duarte, madre del pequeño, anunció que continuarán exigiendo justicia y apelarán la medida otorgada.
“Me siento indignada, impotente, es una situación que no esperábamos, una condena de 12 años, un juicio que nos llevó casi tres años concluir y, en un día, resuelven arresto domiciliario, es de no creer, pero había sido que se puede”, dijo Sonia Benítez a La Nación/Nación Media. Explicó que la defensa de Lucas Gabriel había apelado la sentencia de condena y un tribunal le concedió sobre la medición de la pena y “nos querían mandar nuevamente a un juicio oral que debía realizarse el 1 de noviembre, lo que es una total injusticia”.
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Comentó que presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y, “al día siguiente, (defensores de Lucas Gabriel) ya pidieron revisión de medida que el tribunal rechazó, porque era imposible justificar eso con un condenado a 12 años de prisión”. Agregó que “los defensores del autor volvieron a apelar y en menos de 24 horas, la Cámara de Apelaciones resolvió concederles el arresto domiciliario”.
Anunció que recurrirán a la CSJ porque “no podemos permitir esta desfachatez, cómo vamos a hablar de justicia si es tan fácil que un condenado a 12 años tenga su prisión domiciliaria”. “De los tres miembros de la cámara, dos votaron a favor de la medida; la preopinante y la principal es Marta Isabel Acosta Insfrán, no sé cuanto habrá recibido, lo diré así directamente, porque es demasiado obvio”, dijo la madre del niño fallecido.
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Antecedente de la causa
El hecho que llevó a la condena y ahora la medida de arresto domiciliario, ocurrió el 15 de noviembre de 2020, a las 20:50. Lucas Gabriel González Leiva, bajo los efectos del alcohol y las drogas, al mando de un automóvil, atropelló y causó la muerte de Francisco Samuel Moreira, quien tenía 11 años. El trágico accidente fue sobre la avenida San José, en el kilómetro 6,5. de Ciudad del Este. Lucas conducía a alta velocidad un automóvil Toyota Premio de color perla, con matrícula AACU 314.
Primero chocó contra un vehículo estacionado al lado de la carretera y, mientras huía de ese primer percance, atropelló y mató al niño, quien estaba con su familia en la vereda de una hamburguesería. Luego del atropello, el vehículo se estrelló contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que por el impacto cayó sobre el rodado y ocasionó lesiones al conductor.
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Metrobús: “Arnoldo Wiens debe responder por lo que hizo durante su gestión”, afirma abogado
La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.
Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.
Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.
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