La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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El Departamento de Control de Automotor lleva semanas trabajando en torno a una serie de robos de automóviles y camionetas de alta gama en diferentes puntos del país, y encontraron la conexión entre estos hechos, gracias a la investigación de diferentes estamentos policiales que se encuentran recabando información respecto al tema.

En el marco de las investigaciones, el personal de la oficina N.º 3 del Departamento de Alto Paraná, dependiente del Departamento de Control de Automotores, logró la aprehensión por robo de vehículos de José Luis Páez Gasparín, quien sería uno de los integrantes de la banda sindicada como la autora de los robos de los diversos vehículos.

El comisario principal Juan Pereira Jefe del Departamento de Control de Automotores destacó que las investigaciones y trabajos realizados confirmaron la existencia de una banda organizada que no solo se dedicaría al robo de vehículos, sino que al tráfico internacional de los mismos, ya que han logrado ubicar dos de ellos ya del lado brasileño.

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“Esta banda utiliza tecnología para poder hurtar los vehículos, como por ejemplo el inhibidor y otro aparato que extrae el código de la computadora de estos vehículos, de tal forma a qué pueda accionar el pulsador y es un aparato que tiene el nombre de flipper, según los datos que estamos manejando por eso utilizamos ese nombre para referirnos también a este grupo”, comentó el comisario en conversación con canal Trece.

Remarcó que, gracias a las imágenes de circuito cerrado y la información técnica recabada, reconocieron como líder de esta banda a Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien sigue en carácter de prófugo de la Justicia. Inclusive, comentó que tanto el cómo el ahora detenido fueron captados por cámaras de circuito cerrado cuando se perpetraba uno de los robos.

Entre los robos que les son sindicados a este grupo se encuentra el robo de una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux en Ciudad del Este, la cual fue recuperada en colaboración con la policía civil del Brasil. Así también serían los autores del robo de la camioneta tipo Fortuner que se dio en inmediaciones del estadio Defensores del Chaco.

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El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó este viernes Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.

“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del Registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.

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Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.

El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.

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La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social promovió una acción de amparo judicial, en el que obtuvo una medida cautelar para que los médicos cirujanos del área de Pediatría no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia en el citado centro asistencia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantía de Turno de Asunción, Clara Ruiz Díaz.

Los profesionales de la salud, en cumplimiento de un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, tomaron una medida de fuerza para reivindicar sus derechos relacionados con la carga horaria, de 12 horas, conforme a la Ley 3137 “Que establece la significación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Salud”.

Esta ley dispone con claridad que la implementación será gradual, sin embargo, los médicos pretenden, a través de una medida de fuerza de “brazos caídos”, acceder inmediatamente a este derecho.

El pedido de IPS resalta que la disposición del Círculo de Médicos y la negativa misma de los profesionales de la salud de cubrir los turnos en horario extraordinario atenta contra el derecho a la salud y la vida de niños y adolescentes, en violación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes, sobre todo contra el principio fundamental de “interés superior del niño y el adolescente”.

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Asimismo fueron denunciados casos concretos de niños que, por patologías diversas, tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente con anestesistas y cirujanos para adultos.

La resolución judicial ordena como medida de urgencia que los médicos Juan José Escauriza Ortiz, Carlos Esteban del Puerto Flores, Néstor Waldemar Argüello Duarte, Carla Fabiola Espínola Gómez, Claudia Patricia Díaz Lugo, Matsumura Kiichiro, Enrique Domingo Taboada Benítez, Mónica Beatriz Martínez Saldívar y Liliana Machuca Vargas, médicos cirujanos del servicio de Pediatría del Hospital Central del IPS de y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, presten atención médica en los horarios y turnos establecidos por la Dirección Médica del Hospital Central y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica a los asegurados, niños y adolescentes, que requieran cirugías pediátricas en horario extraordinario y garanticen el libre ejercicio profesional a los médicos que deseen cubrir esos turnos, para salvaguardar la salud y la vida de los niños que requieran atención medica quirúrgica de urgencia.

En caso de que los mismos no quieran acatar la presente resolución judicial, se podría remitir los antecedentes al Ministerio Público por desacato a una orden judicial y los médicos podrían ser imputados.

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