El agente fiscal Humberto Houdin representó al Ministerio Público, en un juicio oral que derivó en la condena de 14 años de prisión para un hombre que fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños.
El hecho fue denunciado por la madre de la niña de 11 años, quien manifestó que su hija le narró sobre el abuso. Posteriormente, quedó demostrada la existencia del hecho punible mediante la evaluación psicológica realizada por la psicóloga forense del Ministerio Público, como también la inspección física realizada en sede de la clínica forense.
La niña había sido abusada sistemáticamente por su padrastro desde que tenía 8 años. El Tribunal de Sentencia consideró suficiente las evidencias producidas por el Ministerio Público, para luego dictar el fallo condenatorio.
Asimismo, la defensa del sentenciado tiene la posibilidad de apelar el citado fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que tendrá la posibilidad de analizar la resolución y decidir si la confirma o revoca y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Reporte de bomba paralizó tribunal de California
Un tribunal en California fue acordonado este miércoles luego de que la policía recibiese una alerta de bomba, con testigos informando que un hombre accionó un artefacto explosivo en el recinto judicial como forma de protesta.
Un hombre fue “inmediatamente detenido”, informó el departamento del sheriff del condado de Santa María, pequeña localidad al norte de Los Ángeles. “La explosión provino de un artefacto explosivo improvisado”, agregó el departamento.
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Dos personas resultaron con heridas sin riesgo vital. Las autoridades indicaron que a las 08:48 locales recibieron reportes de un explosivo en el tribunal de Santa María. La policía acordonó la corte y bloqueó las calles adyacentes.
El abogado Bill Ausman llegó al tribunal alrededor de las 08:30, cuando se encontró con la situación que describió como “caótica”. “Escuché una explosión y alguien gritando ‘¡es una bomba! ¡es una bomba! ¡es una bomba!’, y unas 20 o 30 o más personas salieron corriendo de la corte”, dijo Ausman a la AFP.
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El abogado vio a un hombre siendo sometido por los oficiales. “Él gritaba que unas 900.000 personas al año son asesinadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos”. “Lo esposaron y se lo llevaron enseguida”, detalló Ausman.
Personal de oficinas adyacentes al tribunal dijeron a la AFP que no escucharon nada y que sus operaciones continuaron a pesar de la fuerte presencia policial en las calles. Mark van de Kamp, vocero de la municipalidad, informó que los edificios públicos próximos fueron cerrados. “Es algo muy inusual, muy raro”, dijo Van de Kamp sobre el incidente.
Fuente: AFP.
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Confirman que Tío Rico seguirá preso en la cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú
La Cámara de Apelaciones, conformada por Digno Fleitas, Arnulfo Arias y Jesús Riera, ratificó la resolución de la jueza Rosarito Montanía, quien días atrás confirmó que Miguel Ángel Insfrán alías “Tío Rico” siga privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
La defensa del procesado pretendía que se lo traslade a una penitenciaria con régimen más flexible, pero tal situación no se dio por lo que Insfrán seguirá en la mencionada penitenciaría.
Los camaristas mencionaron que los hechos nuevos alegados por la parte apelante, que las coyunturas esgrimidas por los abogados defensores no alteran las circunstancias fácticas de los hechos punibles acusados, por lo que no amerita variación alguna al respecto.
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Traslado a Minga Guazú
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, fue trasladado por orden de la jueza Rosarito Montanía, al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, donde cumplirá su condena en régimen cerrado. Se encontraba recluido en la cárcel militar de Viñas Cué. Insfrán está procesado en el marco del operativo A Ultranza Py, por el cual estuvo prófugo desde febrero de 2022, hasta su captura en Río de Janeiro (Brasil) en febrero de 2023, y su extradición a Paraguay, en mayo de 2023.
El operativo de traslado fue realizado por autoridades del Ministerio de Justicia con el acompañamiento de personal de la Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (Fope) de la Policía Nacional. El viaje desde Asunción hasta Ciudad del Este se realizó por vía aérea y posteriormente vía terrestre para llegar hasta Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.
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Matan a golpes a un recluso tras gresca en cárcel de PJC
Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
Un recluso de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero (Amambay), identificado como Ederson Rodrigo Medina, de 33 años de edad., falleció a consecuencias de graves lesiones que sufrió, principalmente en la cabeza, durante una gresca que tuvo con otros internos, en horas de la madrugada. Si bien Medina fue trasladado hasta el Hospital Regional de la capital departamental, no aguantó los golpes falleciendo horas después.
“Recibió heridas en la cabeza y en la boca”, explicó César González, médico forense del Ministerio Público. Encargados de la investigación están indagando para tratar de identificar al presunto autor del asesinato. Realizado los trámites de rigor, el cuerpo de Ederson Rodrigo fue entregado a sus familiares para el sepelio de rigor.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.