El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

Lea más: Harris versus Trump: “Es una puja histórica en cuanto a lo empatada que está”, dice Castaing

En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

Lea también: PLRA: “Es imposible deslegitimar una convención con 420 autoridades”, dice gobernador

El intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar Rodríguez remarcó que el proyecto de subasta de las 6 hectáreas de la Costanera responde a una intención de desarrollar este sector de la ciudad, de modo que ofrezca una diversidad de opciones para la ciudadanía.

“El pliego de bases y condiciones de las 6 hectáreas está en concordancia con el plan maestro, lo que nos permitirá desarrollar en ese orden. En una hectárea qué se puede desarrollar, se tiene que dar el puntapié inicial”, afirmó el jefe comunal.

Durante el programa “12/8″ emitido por GEN/Nación Media señaló que la Costanera de Asunción nunca antes contó con un plan maestro y que recién su administración lo desarrolló, luego de un trabajo de consultoría donde participaron varios arquitectos urbanistas.

Lea también: Ministerio de Justicia y embajada de Chile acuerdan cooperación contra el crimen organizado

“Hace unos que está en la Junta Municipal y todavía no se está estudiando. En ese plan está contemplado lugares para el desarrollo inmobiliario, hotelero, gastronómico y de diversión y otra zona la construcción de viviendas sociales que es un compromiso del Gobierno”, explicó.

Rodríguez mencionó que esta fracción de tierra actualmente está ociosa, y esto pese a que se invirtió USD 3 millones para el refulado, en función a esto, la administración considera necesario impulsar el desarrollo de la Costanera, un proyecto que ha sido postergado durante décadas.

“Lo que hoy quiere hacer el municipio es desarrollar la Costanera, así como las de otras ciudades que tenemos en nuestro país. Lastimosamente, no tenemos Yacyretá como lo tuvo Encarnación o Cambyretá ni Itaipú como lo tuvo Hernandarias, la forma que nosotros vemos es a través de inversión privada en estas 6 hectáreas de terreno”, expuso.

Le puede interesar: Tekoporã Mbarete alcanza cifra récord de 190 mil familias beneficiadas

Por último, dejó en claro que el dinero que se obtenga de la subasta no será destinado al pago de salarios ni otros gastos corrientes, sino que a la inversión y al repago de la deuda de las inversiones. “Se pretende instalar que nosotros queremos rematar para pagar salarios por el simple hecho de que toca intereses de otros grupos económicos”, sentenció.

Campesinos seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de carreteras de Bolivia para evitar el probable arresto de su líder, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Con piedras, desmonte y tierra, los manifestantes cortaron el tráfico en las vías que conectan Cochabamba, en el centro del país, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

La ABC reportó el martes dos nuevas rutas bloqueadas, que se suman a las tres del lunes. En Parotani, un poblado que conecta Cochabamba con La Paz, se registraron por segundo día choques entre civiles afines a Morales y la Policía, sin reportarse heridos. Los civiles usaron piedras, petardos e hicieron fogatas y la policía respondió con gases lacrimógenos, según imágenes de la televisora Unitel.

Las protestas para proteger a Morales se iniciaron el lunes, jornada que se saldó con al menos seis detenidos. Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se moviliza “para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de Morales, según anunció en un manifiesto. El gobierno llamó a Morales a dialogar el lunes, pero sin éxito.

Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de “estupro, trata y tráfico de personas”. El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para declarar, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión. Convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una “mentira más” que ya investigó y archivó la justicia en 2020.

Lea más: Náufrago ruso perdió 50 kilos tras dos meses a la deriva

El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió este lunes a la cúpula policial en medio de la tensión política por las marchas y bloqueos que seguidores del exmandatario Evo Morales llevan a cabo para evitar su eventual captura. Arce posesionó al general Augusto Russo como comandante general de la policía, y a Guillermo Chacón como subcomandante. También fueron anunciados los nuevos jefes de los nueve departamentos del país.

Durante el evento, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, enfatizó que la policía “tiene la misión constitucional” de “defender al pueblo de toda amenaza que pueda atentar contra su integridad”. El alto mando debía haber juramentado a comienzos de año, pero las pugnas en el Congreso entre los aliados de Arce y de Morales retrasaron los ascensos a generales. Ambos políticos libran una feroz disputa por la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2025. La tensión ha ido escalando.

Lea también: Israel decidirá su respuesta a Irán en función de su “interés nacional”

Morales, que a mediados de septiembre lideró una masiva protesta contra el gobierno de su exministro, se enfrenta una probable orden de aprehensión por parte de la fiscalía, que lo investiga por el supuesto abuso de una menor con quien habría tenido una hija en 2016. Si el ministerio público finalmente ordena la detención de Morales, es la policía la que debe cumplir la medida.

Este lunes decenas de simpatizantes de Morales bloquearon importantes vías en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba -donde el expresidente pasa la mayor parte del tiempo- para “resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de su líder, según un manifiesto público. Los campesinos advirtieron que bloquearán toda Bolivia en el marco de su protesta indefinida.

Fuente: AFP.

La escribana mayor de Gobierno, Ana María Zubizarreta, entregó este lunes el documento oficial de traspaso de las tierras de la comunidad Marina Cué, en el departamento de Canindeyú, que eran propiedad del Ministerio del Ambiente (MADES), que ahora pasa al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para que luego sean otorgadas a nombre de sus actuales beneficiarios.

La transferencia se da en el marco del proceso de cumplimiento de la ley de desafectación de tierras que fueron tipificadas como área silvestre protegidas, entre el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y Ministerio del Ambiente, en Marina Cué, a favor de los pobladores asentados en el lugar.

Le puede interesar: Titular de la Dncp explicó retrasos de licitaciones para tobilleras electrónicas

Al respecto, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló que gracias al trabajo interinstitucional bajo la coordinación del ministro del interior, Enrique Riera, se concretó la transferencia. Indicó que de esta forma, la entrega de los títulos de propiedad será muy ágil, ya que los trabajos de relevamiento de datos ya fueron realizados por el Indert.

Las gestiones fueron acompañadas muy de cerca por la Nunciatura del Vaticano en Paraguay, organizaciones civiles y la diputada nacional por Canindeyú, Cristina Villalba. Cabe recordar que estas mismas tierras fueron el escenario, en 2012, de un enfrentamiento entre ocupantes y policías que terminó con la muerte de 17 personas.

En su mensaje durante el acto de traspaso oficial de este lunes, el nuncio apostólico Vicenzo Turturro expresó que este acto es un símbolo en favor de la vida y del derecho de las familias campesinas de vivir dignamente y a poseer tierras con todas las garantías legales. Asimismo, destacó que este logro se alcanzó gracias a la voluntad política del gobierno encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña.

A partir de esta transferencia, el Indert avanzará en la entrega de los títulos de propiedad a favor de las familias asentadas en el lugar. Se espera que a mediados de diciembre próximo serán entregados los títulos de propiedad a los colonos de Marina Cué.

Siga informado con: “Buscaremos que la Junta sea un soporte para una buena gestión municipal”, indicó Luis Bello